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Castilla-La Mancha, con 2,1 millones de habitantes y cinco provincias, tiene 33 parlamentarios en la Cámara regional. La cifra es la misma que la de La Rioja, con 324.000 vecinos y uniprovincial. La ley electoral castellano manchega, que prevé un máximo de 35 representantes, constituye una auténtica “anomalía”, según expertos constitucionalistas, que impide una representación proporcional entre el número de escaños y el volumen de voto. La norma está pensada para hacer prácticamente imposible el acceso a los partidos minoritarios, pero la reforma del Estatuto pactada entre el PSOE y el PP, que prevé ampliar el tope máximo hasta los 59, podría cambiar las tornas de un Parlamento que nunca ha tenido más de tres fuerzas distintas. El acuerdo, auspiciado al margen de Vox, ha levantado las críticas de estos, que ayer cargaron contra socialistas y populares por preocuparse únicamente de los “repartos” y las “paguitas”.
La polémica no es nueva en Castilla-La Mancha. María Dolores de Cospedal, la única presidenta no socialista que ha tenido la región, impulsó el último cambio de la ley electoral. Fue en 2014 y argumentó que la modificación anterior, urdida por el PSOE, perjudicaba al PP. También señaló que la reducción de parlamentarios a 33 respondía a una demanda social de “replanteamiento” de las instituciones en un momento marcado por la crisis económica. La reducción del aforo de la Cámara ha provocado que en las últimas elecciones, aunque haya fuerzas que hayan superado el 8% de representación, fue el caso de Ciudadanos en 2015, no consiguiesen ningún diputado. Ahora, siempre y cuando el acuerdo entre socialistas y populares fructifique, estas situaciones podrían revertirse.
Para Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, la ley electoral regional tiene dos efectos claros. El primero, la sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas, como se puede ver en el gráfico que acompaña a esta información. Cuenca tiene cinco diputados en el Parlamento, frente a los nueve de Toledo, a pesar de que la población de esta es 3,6 veces superior. El segundo efecto es en la proporcionalidad. “No hay equilibrio en la representación de provincias y no hay proporcionalidad entre el porcentaje de voto y los escaños. Se quedan fuera fuerzas con porcentajes relativamente importantes, del 8 y el 9%. En cualquier otro Parlamento regional, obtendrían representación, pero aquí se quedan con cero diputados”, señala el profesor.
No obstante, para que la reforma vea la luz todavía faltan por cerrar varios flecos. El primero, la aprobación de la reforma del Estatuto. Este establecerá el nuevo límite, pero luego deberá ser articulado a través de una modificación de la ley electoral de la comunidad. El PP ya ha advertido que, además de acordar el texto estatutario, los socialistas también se deben sentar a negociar la nueva ley electoral y una modificación del reglamento del Parlamento, el único de España que no contempla sesiones de control al Ejecutivo. Es decir, para los populares se deben cerrar tres acuerdos: si uno falla, los otros caen.
Además, aunque el Estatuto establezca ese máximo de 59, las dos fuerzas deberán determinar cuál es el número final. Ahora, aunque el tope sea de 35, la representación en las Cortes está acotada a 33. A priori no debería haber ningún problema para cerrar un acuerdo en este aspecto. El PSOE prometió en las últimas elecciones autonómicas una reforma de la ley electoral, que siempre ha considerado injusta y que en su día llevó al Tribunal Constitucional, y el PP, según confirman fuentes de la formación, está dispuesto a negociar todo. Eso sí, lo ideal, al menos para Díaz Revorio, sería que optasen por la cifra máxima.
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C. Otto
“Sería ridículo si vuelven a cambiar la ley electoral para fijar una representación de 41 diputados. Lo ideal sería entre 50 y 75. Ya que lo han estipulado en 59, habría que intentar alcanzar esa cifra”, sostiene el experto. También es partidario de rebajar al 3% de los votos el umbral para acceder a la Cámara. Ahora es de un 5%, pero el número tan exiguo de diputados hace que en la práctica los partidos tengan que superar con holgura esa cifra. En Guadalajara y Cuenca, el porcentaje de acceso supera el 10%. “Es una aberración. Las Cortes tienen que tener la representación que han otorgado los ciudadanos con sus votos, no es razonable que el 20% de la ciudadanía de Castilla-La Mancha no tenga representación”, señalan fuentes del Ejecutivo que lidera Emiliano García-Page.
“Repartos” y “paguitas”
A pesar de que uno de los claros beneficiarios sería Vox, la formación criticó ayer duramente a PSOE y PP por el pacto cerrado para la reforma del Estatuto. Iván Sánchez, portavoz del partido en las Cortes de Toledo, censuró el proceder de las dos formaciones, a las que acusó de haber actuado únicamente en su propio interés. “Podemos estar a favor o en contra de la autonomía, pero tenemos voz para opinar sobre la reforma del Estatuto, que solo quiere aumentar el número de diputados de 33 a 59 para llenarse sus bolsillos”, criticó.
Sánchez denunció que PSOE y PP han tejido el acuerdo “en la oscuridad, sin dejar dar su opinión a la tercera fuerza política”, además de señalar a García-Page por falta de “transparencia”. Ahora, una vez que el PSOE registró ayer en las Cortes el texto de reforma del Estatuto, la Mesa tendrá que calificar la propuesta para dar el pistoletazo de salida al trámite. Durante el mismo, la sociedad civil podrá hacer aportaciones, también Vox, si finalmente lo considera. La actualización del Estatuto, una vez haya sido ratificado por el Parlamento regional, será enviado al Congreso de los Diputados, que dará la luz verde definitiva al texto a través de una ley orgánica.
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