:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fcbf%2F868%2Fecf%2Fcbf868ecf099f5345158075401938839.jpg)
El magistrado Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga la trama rusa del procés envió este lunes una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se investigue a Carles Puigdemont y a Francesc Dalmases por supuestos delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. De esta manera, mientras el juez Manuel García-Castellón exoneraba al expresident fugado del delito de terrorismo por su supuesta pertenencia a la organización clandestina Tsunami Democràtic, la nueva causa le abre las puertas a una acusación incluso más grave. En ella, para la que el juez Aguirre abrió una pieza separada, también están imputados Artur Mas, Gonzalo Boye, Josep Lluís Alay, Víctor Terradellas y Elsa Artadi, entre otros.
El envío al Supremo de la causa se debe a que tanto Puigdemont como Dalmases son aforados (además de por el hecho de ser Puigdemont un expresidente autonómico), ya que ambos son actualmente diputados en el Parlament de Cataluña. La exposición razonada detalla la posición de control de los acontecimientos que tuvieron tanto Artur Mas como Carles Puigdemont, que “tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos y disponían de la capacidad de suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusos, cuyos intereses eran contrarios al Estado español al que representaban”.
El juez establece, a partir del análisis de los informes de que dispone, una estructura piramidal en cuyo vértice se sitúan Puigdemont y Mas. En un segundo escalón aparecen Víctor Terradellas, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, “quienes desarrollarían la labor intelectual y de planificación de las diferentes acciones dirigidas a conseguir contactos próximos al Gobierno ruso para granjearse el reconocimiento de Rusia a una eventual República Catalana que, como se ha nombrado excelsamente, para los sucesivos líderes políticos del procés ha sido uno de los requisitos para lograr convertirse en un Estado”.
Operación criptomonedas
El magistrado destaca que los informes encargados a la Guardia Civil “ponen de manifiesto que se observa una trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas controladas por la antigua Convergència, que se hace extensiva no solo a la Diputación de Barcelona, sino a muchos otros organismos, como la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona”. Esa actividad separatista, según el magistrado, “engloba acciones políticas, de comunicación, de participación y de internacionalización que necesariamente han de ser financiadas”.
El documento recoge también que Carles Puigdemont le pidió a Víctor Terradellas (exresponsable de relaciones internacionales de Convergència) “que siguieran con el tema de las criptomonedas”, en el que había trabajado “tres grupos, que debían conseguir que la futura República Catalana desarrollara una legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos y así ‘ellos’ podrían ayudar, hablando de contactos con personas vinculadas a Rusia”.
Terradellas había comentado por teléfono a David Madí, antiguo hombre de confianza de Artur Mas, que los rusos habían prometido “ayuda militar y económica a Cataluña a cambio de que la futura República dictara una legislación hecha a medida para que Rusia pudiera crear criptomonedas según los criterios dictados por los políticos rusos”.
El auto reseña que en el procés hubo injerencia rusa, que “buscaría una inestabilidad interna muy profunda y prolongada de España y la UE, más que una Cataluña independiente. Para ello, habría recurrido a una serie de herramientas como serían el apoyo a los actores políticos y el uso de representantes, la polarización de la sociedad y la explotación de las divisiones sociales, la promoción de narrativas contradictorias, la financiación de grupos culturales y grupos de presión, el descrédito de los liderazgos, las operaciones cibernéticas y la inversión extranjera directa. Y, finalmente, serían la estabilidad, el Estado de derecho y la responsabilidad política y la rendición, los estamentos de la sociedad que se verán comprometidos con esta amenaza híbrida”.
El auto sostiene que, en el caso catalán, la utilización de actores políticos involucró “a personas del más alto nivel del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, incluido su presidente, y ello habría reforzado considerablemente el proceso de injerencia rusa”. Así, se ha podido saber que estas personas mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al Gobierno de la Federación de Rusia (…) Son varias las investigaciones realizadas en diferentes países europeos sobre la presunta injerencia de Rusia: la financiación de la Liga de Salvini, los préstamos al Frente Nacional francés, el Brexit o el separatismo catalán, entre otros”.
Campañas de desinformación
El auto recoge, asimismo, las grandes campañas de desinformación en las que también participaron Julian Assange y Edward Snowden o medios como Sputnik, Russia Today o Russia Beyond the Headlines, medios dedicados a desinformar y crear confusión en Europa mediante noticias falsas incluso a través de cuentas falsas y robots cibernéticos generadores de retuits, dedicados a realizar una gran campaña en la que se presentaba a España como “una república bananera, a argumentar que España está al borde de una guerra civil y a insistir en que se hizo un uso violento de la fuerza policial para impedir el derecho democrático a votar”.
“Para la política rusa, el procés era una herramienta perfecta que le ayudaría a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente"
En definitiva, “para la política rusa, el procés era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN, ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia. Contrariamente, en el caso de que el proceso secesionista hubiera finalizado con éxito y Cataluña hubiera obtenido la independencia (ya sí el apoyo ruso), Rusia habría contado con una ‘puerta trasera’ para desestabilizar toda la UE, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas”.
En ese tablero político, se juntaron fuerzas convergentes en intereses: “Rusia contó en Cataluña con la cooperación de un elemento subversivo interno, que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudase a pagar su deuda y le prestase apoyo político en el momento clave de segregarse del Estado español”. De ese modo, el magistrado asegura que “se han encontrado indicios de que los investigados se concertaron para facilitar la injerencia rusa en territorio español mediante la utilización de fondos públicos destinados a financiar dichas actividades, sea en el desarrollo de relaciones internacionales destinadas a la obtención del apoyo internacional por parte de diferentes grupos (entre ellos, la obtención de ayuda económica, reconocimiento internacional y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana escindida del Reino de España), sea mediante su influencia en las estructuras financieras con el desarrollo de infraestructuras digitales de criptomonedas”.
El auto relata luego los contactos de algunos dirigentes independentistas, como Puigdemont, Terradellas o Alay (jefe de la Oficina de Carles Puigdemont) con oscuros personajes rusos vinculados presuntamente a los servicios de espionaje del país del Este de Europa. Terradellas y Alay, incluso, viajaron a Moscú para entrevistarse con personajes influyentes para recabar el apoyo del Kremlin al proceso de separación catalán. También hubo la visita de supuestos agentes rusos a Cataluña, algunos de ellos del temido GRU, que pasaron por Barcelona en los días en que se celebraba el referéndum ilegal del 1 de octubre. Otros llegaron a entrevistarse con Puigdemont en su propio despacho oficial de la Generalitat de Cataluña en el mes de octubre de 2017. Todo ello configura acciones que dibujan un inquietante mosaico de entrega política de las instituciones catalanas a intereses foráneos, enemigos de España, de Europa y de la democracia.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}