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El posible regreso de Carles Puigdemont tras la entrada en vigor de la ley de amnistía, las negociaciones para la investidura y ello unido al batacazo independentista en las elecciones autonómicas del 12 de mayo y en las europeas del 9 de junio, han provocado una radicalización de los sectores tradicionales tratando de recomponer el discurso separatista y la “unidad de acción”. Con ello, el soberanismo espera espolear la tensión social en las calles catalanas. La situación, en palabras de un diputado constitucionalista, se va pareciendo cada vez más a la de 2017, cuando el procés contaminaba toda iniciativa política.
Junts per Catalunya (JxCAT) quiere bucear en el espectro más radical y extremista del independentismo, esperando tensionar a un electorado que está en buena parte harto de promesas y que comienza a hablar de manipulación de la vieja guardia. La elección de Josep Rull como presidente del Parlament es una prueba de esta deriva. Rull, cuya familia era asidua de la comisaría del Cuerpo de Policía Nacional de Terrassa hace un par de décadas, está ahora en guerra con España. Condenado, indultado y amnistiado por el Estado, el dirigente mantiene un pulso soterrado con Jordi Turull, el secretario general de Junts.
Una vez apartada la presidenta del partido, Laura Borràs, condenada por corrupción, Rull y Turull son los dos capitanes de Junts que perviven de la época de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Ambos están condenados a entenderse y a repartirse el poder dentro de la formación posconvergente, salvo que quieran iniciar una guerra interna que podría ser devastadora para el partido.
La formación espera sacar provecho de la presidencia del Parlament, priorizando iniciativas polémicas y yendo al choque institucional. Es una manera de pervivir de cara a unas posibles elecciones en octubre y justificar su radicalismo ante un electorado algo desencantado y cansado de los cantos de sirena soberanistas. Puigdemont no da puntada sin hilo: para preparar su vuelta, utilizó a Lluís Llach como ariete para asaltar la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la mayor entidad cívica dedicada a la agitación social.
Un frente social
Llach ya ha dado el primer paso. Se ha puesto en contacto con Òmnium Cultural para recomponer la unidad de acción. Ambas entidades se habían distanciado en los últimos años y Llach quiere unir de nuevo las fuerzas para ponerlas al servicio de Puigdemont. Ambas organizaciones complementan la estrategia de aumentar la tensión al trasladar la actividad fuera del ámbito institucional y llevar el radicalismo a las calles. La nueva entente de ANC y Òmnium es solo el preludio de otro proyecto mayor. Más adelante, la ANC llamará a los partidos políticos para exigirles la misma unidad de acción. Será bajo la batuta del propio Llach, es decir, al servicio de la estrategia de Puigdemont, tal y como denuncian voces críticas del soberanismo.
En el ámbito social hay otro elemento a tener en cuenta: la Plataforma per la Llengua, la ONG del catalán que llegó a poner espías en las escuelas (con el beneplácito de la Generalitat) para escuchar si los niños hablaban catalán durante los recreos. La entidad es otro de los frentes que se utilizarán para la agitación. La pasada semana, de hecho, dio orden de “activar el radar lingüístico en los centros comerciales” de Barcelona “porque hemos detectado deficiencias en el uso del catalán”. Se trata de fomentar una estrategia de denuncias a tiendas y comercios que no tengan sus rótulos, cartas, precios o señales en catalán.
“Es preciso hacer una fotografía de un elemento que esté en catalán o que tenga deficiencias lingüísticas y publicarla en las redes sociales con la etiqueta Radars Lingüístics. Es muy importante indicar la localización exacta del rótulo”. Esta política ya fue iniciada hace más de una década por el extremista Santiago Espot, que presumía de haber interpuesto más de 3.000 denuncias a tiendas por no tener sus letreros en catalán. Plataforma per la Llengua, además, se pondrá en contacto con las casas matrices, cuando la denunciada sea una tienda franquiciada, para hacer presión.
Mensajes triunfalistas y acríticos
El Cercle Català de Negocis es otra de las herramientas a utilizar. Esta entidad presentó recientemente una queja ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU denunciando “el trato discriminatorio que reciben los catalanes” e instó a la Generalitat a dejar de pagar la deuda con el Estado. “Instamos a la Generalitat a dejar de asumir la deuda con el Estado español al menos mientras no se garantice la ejecución de las inversiones presupuestadas, así como la aplicación de mejoras sustanciales y tangibles en el sistema de financiación autonómica que equipare el esfuerzo fiscal de los catalanes y su contribución al Estado español a la de otras nacionalidades históricas”. En otras palabras: quiere que se aplique en Cataluña el llamado cupo vasco.
En medio de esta ofensiva, el independentismo hace oídos sordos a los resultados electorales y mira hacia otro lado. Nadie ha asumido responsabilidades por los desastres ante las urnas. Los círculos críticos piden cambios y que rueden cabezas. “Hablar de buenos resultados y decir que estamos muy contentos, como han hecho Junts y ERC, es muy irresponsable y uno de los actos de negacionismo del descontento de los electores más heavy que recuerdo. Hemos perdido el 60% de los votos”, subraya Josep Rosell i Fossas, abogado y una de las voces con más peso del universo soberanista.
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