Bruselas está reclamando al Gobierno español pruebas de que ha implantado un sistema eficaz para limitar el acceso de Huawei a la red 5G. La Comisión Europea ya concedió a España a mediados de marzo un aplazamiento de dos meses para la evaluación del cuarto pago de fondos europeos, dotado con 10.000 millones de euros y que recoge hitos que debían haber estado listos a finales de 2022. Los parones electorales y la gestión de un plan tan ambicioso han hecho que el Gobierno español acumule más de un año de retraso. El aplazamiento se ha justificado porque todavía no se ha conseguido aprobar la reforma del subsidio de paro y por unas modificaciones técnicas que permitirían comprobar más fácilmente el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, hay más: según fuentes conocedoras, Bruselas presiona al Ejecutivo para que le brinde las garantías suficientes de que se van a aplicar restricciones a los suministradores de riesgo en el despliegue del 5G. En la práctica, supondría endurecer el veto a la multinacional china Huawei para no dejar en sus manos la autonomía estratégica europea. Se trata de uno de los hitos que se tendría que completar para el cuarto pago de fondos y que se está valorando en estos momentos.
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