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El pasado 3 de marzo, especialistas en secuestros de la Policía Nacional ponían fin a 23 días de cautiverio de un ciudadano sueco que fue raptado tras llegar al aeropuerto de Málaga. Un caso con medio millón de euros en criptomonedas como rescate, un rastreador tipo airtag escondido en el zapato de la víctima para monitorizar sus movimientos y tres viviendas ubicadas en la provincia malagueña a las que fue trasladado para evitar ser localizados.
Fuentes consultadas por este periódico precisaron que la investigación se inició con la denuncia que uno de los familiares de la víctima interpuso en el municipio madrileño de Alcorcón. Este hecho se produjo después de que los captores —de origen sirio y libanés, y asentados en la Costa del Sol desde hace tiempo— contactaran con la familia del secuestrado para exigirles el pago de 500.000 euros en criptomonedas a cambio de su liberación.
Pero regresemos a ese 9 de febrero en el que se perpetró el rapto. El citado cuerpo señaló en un comunicado que el ciudadano sueco viajó de Turquía a España con un amigo para conocer el país. Su primera parada fue Barcelona, desde donde se desplazó solo a la capital malagueña.
En el aeródromo de esta ciudad fue recogido "por una tercera persona que presuntamente había sido enviada por su amigo para recogerle y llevarle al hotel donde se hospedaba". A partir de ese momento, los familiares de la víctima dejaron de tener noticias de él.
"El secuestro comenzó nada más tomar tierra", señaló una de las fuentes, que añadió que "lo engañaron" para que viajara a la Costa del Sol. La hipótesis principal es que el rapto pudiese estar relacionado con el cobro de una deuda derivada de presuntas actividades sospechosas. La víctima, no obstante, no arrastra un historial delictivo de peso: "Una averiguación de domicilio por un asunto tributario en un país de Oriente Próximo. Emiratos Árabes o Arabia Saudí, creo recordar".
Tras una exhaustiva investigación policial se logró dar con la ubicación de la primera vivienda donde estuvo la víctima secuestrada, aunque en esos momentos ya no se encontraba en dicho lugar, puesto que los secuestradores la cambiaban de domicilio cada cinco días. Para ello empleaban documentación falsa, vehículos de alquiler y alojamientos turísticos.
Ese primer inmueble estaba ubicado en el municipio de Alhaurín de la Torre, desde donde fue llevado a un segundo domicilio que no pudo ser localizado y antes de retenerlo en una vivienda de la localidad de Fuengirola.
Un familiar que viajó desde Estambul fue instruido por los negociadores sobre cómo tratar con los captores para cerrar una cita en un local
Uno de los familiares del secuestrado que residía en Estambul era quien recibía las llamadas telefónicas de los secuestradores, por lo que se desplazó hasta Málaga. Los investigadores establecieron un dispositivo de rescate, y los negociadores instruyeron a esta persona sobre cómo debía comunicarse con los delincuentes. Tras cinco días de intensas negociaciones se logró acordar el pago del rescate en un restaurante.
Los efectivos del Grupo de Secuestros de la Comisaría General establecieron un amplio dispositivo de vigilancia sobre el establecimiento y observaron a uno de los captores realizando diversas batidas por la zona para detectar la posible presencia policial. Al no observar a los agentes que estaban apostados en los alrededores, se personó otro de los secuestradores con la víctima.
Todos se reunieron con el familiar en el interior del local pactado, momento en el que los policías redujeron a los secuestradores. Ocurrió el 3 de marzo, 23 días después de que comenzara un secuestro que movilizó a varias unidades policiales.
Las pesquisas revelaron que la red criminal siempre mantuvo al hombre encerrado en habitaciones y con las manos engrilletadas. Tapaban su rostro con mascarillas y pasamontañas para impedir que pudiera reconocerles. Y en uno de los zapatos le colocaron un dispositivo de geolocalización tipo airtag para tenerlo localizado y controlado en todo momento.
Los investigados, uno de los cuales portaba una pistola simulada en el momento de la operación, "se manejaban bien" en la Costa del Sol y no maltrataron a su víctima durante el cautiverio, como sí ha ocurrido en otros raptos perpetrados en el litoral sur del país.
Una vez liberado, y tras recibir asistencia médica, el ciudadano sueco aportó diversos datos que condujeron a los agentes hasta el último domicilio donde había estado retenido. En el registro de la vivienda fuengiroleña se intervinieron los teléfonos móviles desde los que los secuestradores realizaban las comunicaciones, los grilletes utilizados para retener a la víctima, dispositivos GPS y otros efectos de interés para la investigación.
A día de hoy se continúa con la investigación con el objetivo de encontrar al resto de miembros de la organización criminal que participaron en el secuestro.
La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión de los dos arrestados, a los que se le imputan los delitos de secuestro, lesiones, organización criminal y delito contra la integridad moral.
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