Cuando uno trabaja en lo que le gusta, siempre está de vacaciones.
Cuando uno trabaja en lo que le gusta, siempre está de vacaciones. El autor de tan sugerente afirmación es el cantante Víctor Manuel y la hizo al recibir de manos del rey Felipe VI la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Fue una forma inteligente de explicar, o quizá justificar, por qué a sus 76 años aún sigue actuando, lo que tanto agradecemos quienes le admiramos.
No hay que ser cantante ni estrella de éxito para pensar igual que el artista asturiano; son muchos los profesionales de distinta índole que disfrutan con lo que hacen, que no les apetece dejarlo y prefieren seguir en la brecha tras alcanzar la edad reglamentaria de jubilación.
El artículo 35 de la Constitución no pone límite de edad al derecho al trabajo y, por tanto, nada ni nadie, salvo la propia actitud o las condiciones personales, deberían impedir el ejercerlo. Es obvio que no todos los trabajos resultan estimulantes y es entendible que una mayoría de la población laboral quiera dejarlo al alcanzar la edad del jubileo.
Las labores duras o rutinarias ofrecen poco o ningún incentivo para alargar la actividad, por lo que la jubilación puede ser una oportunidad de intentar otros menesteres más ilusionantes, pero ya con el riñón cubierto por la pensión. Hacerlo tiene ventajas considerables en términos económicos y para la salud del jubilado.
En lo económico, además de apuntalar la viabilidad del sistema al mantener activo un generador de riqueza, aprovecha el talento y la experiencia necesariamente complementarios al aporte de energía e innovación de los jóvenes. En lo relativo a la salud está probado que mantener un cierto grado de actividad laboral, lo que los especialistas denominan el envejecimiento activo, favorece el desarrollo cognitivo en edades avanzadas. Distintos estudios científicos han encontrado en la ampliación de la vida laboral efectos positivos al reducir o retrasar los riesgos de padecer trastornos neurológicos propios de la edad.
Así pues, ese alargamiento que ha de ser necesariamente voluntario y con la intensidad apropiada es manifiestamente deseable tanto social como individualmente. En la actualidad, los incentivos administrativos para animar a quienes se planteen la posibilidad de mantener algún tipo de actividad laboral una vez alcanzada la edad reglamentaria para percibir su pensión son bastante cicateros. De hecho, menos de 70.000 personas, de un total de seis millones y medio de jubilados, apenas uno de cada cien, se han acogido al modelo de jubilación activa vigente, la gran mayoría como autónomos.
Esa fórmula permite cobrar el 50% de la pensión que le corresponda y seguir trabajando sin límite alguno de remuneración. Es distinto a quien desee cobrar la pensión completa que no podrá percibir por su trabajo emolumentos superiores al salario mínimo.
El Gobierno plantea ahora una modificación de la jubilación activa que recorta el porcentaje de pensión a cobrar los primeros dos años. Según su propuesta y tras el obligatorio año de demora, que ya desincentiva bastante esa opción, el jubilado activo cobraría un 30% de la pensión el primer año, un 40% el segundo y un 50% el tercero. El cuarto año cobraría el 75% y el quinto el 100% de la pensión sin límite alguno de remuneración por su trabajo.
Ni a la Asociación de autónomos ATA ni a los sindicatos CCOO y UGT les ha gustado el recorte de los dos primeros años, y la semana que viene la Mesa del diálogo social vuelve a reunirse para tratarlo. Si aumentar el número de jubilados en activo es social y económicamente positivo, todo lo que mejoren los incentivos será para bien.
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