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El Gobierno encara ya un nuevo frente territorial. Ayuntamientos de todo signo político han reabierto, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el melón de la financiación local cuando todavía no se ha resuelto la autonómica, en punto muerto desde hace meses. Los consistorios reclaman una negociación paralela a las comunidades y han exigido al Ministerio de Política Territorial la convocatoria "urgente" de la comisión nacional de administración local antes de julio para abordar sus problemas. Aunque lo han solicitado en las últimas reuniones del organismo, no han obtenido ninguna fecha.
Los ayuntamientos aseguran que han llegado a una situación límite y urgen una reforma del sistema de financiación. No es ninguna novedad. La FEMP ya impulsó con Abel Caballero (PSOE) al frente una nueva ley que incluía, entre otras cuestiones, una reinterpretación del techo de gasto para aliviar la presión sobre los municipios. Ahora, con María José García-Pelayo (PP) como presidenta, los puntos a tratar tienen que ver con la reducción de los ingresos por temas como el llamado impuesto de plusvalía.
El pasado día 22 se celebró la última reunión de la FEMP en Madrid. Como en la ocasión anterior, el sistema de financiación centró las reclamaciones de los consistorios. Fuentes presentes en el encuentro explican a El Confidencial que los representantes municipales insistieron en la necesidad de convocar la comisión de administración local este semestre. El objetivo es trasladar en este foro todas sus demandas al Ministerio de Política Territorial, que dirige Ángel Víctor Torres.
La lista de la compra es larga. Los ayuntamientos, según las fuentes consultadas, piden una nueva fórmula de financiación que se aborde de forma simultánea a la negociación del sistema autonómico, que estaba señalado como uno de los temas calientes de la legislatura pero que de momento está en suspenso. También solicitan actualizar las entregas a cuenta de las administraciones locales, mayor información sobre las reglas fiscales a aplicar y sobre los tributos del Estado o revisar las condiciones de los préstamos formalizados por las entidades con problemas de liquidez.
El escenario de partida es complejo. En primer lugar, porque el problema de la financiación autonómica sigue pendiente y el horizonte para un acuerdo entre el PP y el Gobierno a corto plazo es más que difuso. Pero igualmente por la ausencia de presupuestos para 2024, con la incertidumbre añadida de la inestabilidad y el estrés crónico que sacude el país.
Sin fecha prevista
Las administraciones consultadas indican que todavía no han recibido ninguna citación oficial de Política Territorial, que solo ha trasladado el compromiso de que sea en el primer semestre del año. En Hacienda, aunque tampoco van más allá, recuerdan que están a favor de reformar el sistema de financiación y que los recursos destinados a las entidades locales han crecido los últimos años. "Nunca los ayuntamientos han recibido tantos recursos y ha sido gracias a este Gobierno. Recibirán 28.557 millones de euros, lo que supone un 54,3% más que los 18.253 millones de euros recibidos en 2018, último año de Mariano Rajoy. Son 10.000 millones de euros más en estos seis años. Eso sí es mejorar la financiación", apuntan fuentes del departamento de María Jesús Montero.
El margen de maniobra del Ejecutivo es limitado sin las cuentas y los ayuntamientos ya parecen resignados a que sus exigencias caerán en saco roto. Sobre todo en lo relativo a la plusvalía tras los fallos judiciales contra el impuesto. Los gobiernos municipales armaron a finales de 2021 un frente contra Hacienda por la nueva fórmula escogida, con el argumento de que no llegaría a paliar en ningún caso el agujero económico.
El discurso, que alertaba de un caos administrativo, sigue vigente. El Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Estado una compensación de más de 700 millones de euros por la merma de ingresos con este tributo. Aunque con cifras más reducidas, la situación es similar en otras administraciones. En Zaragoza, la cuarta ciudad española por población, los derechos reconocidos han pasado de 76 millones de euros en 2016 a 24 millones en el último ejercicio, según fuentes del consistorio aragonés. "Es inasumible esta pérdida de ingresos", lamentan en el equipo de Natalia Chueca (PP).
La FEMP, además, plantea una nueva legislación sobre el impuesto de plusvalía y la "necesidad urgente" de constituir un fondo a favor de las entidades locales para equilibrar las pérdidas. También subvenciones por el coste del transporte público en las ciudades, una explicación sobre cómo aplicar la tasa de basuras y una compensación por la aplicación del nuevo impuesto sobre depósito de residuos en vertederos.
La financiación estaba señalada como uno de los grandes debates de esta legislatura, con todos los actores convencidos de la necesidad de impulsar un cambio en el sistema diez años después, pero el contexto político lo ha dinamitado. Barones del PP como Juanma Moreno o Carlos Mazón están a favor de una transformación, pero el tema genera cierta incomodidad en las filas populares por la disparidad de criterios. Y también entre los dirigentes del PSOE, con Emiliano García-Page a la cabeza.
Sea como fuere, como informó este diario, los de Alberto Núñez Feijóo no están por la labor de abrir un diálogo en este momento, tras la oferta del Ejecutivo de Pedro Sánchez de condonar deuda a las comunidades, acordada primero con Cataluña y extendido después a todos los territorios. La situación, en cualquier caso, ha entrado en barrena.
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