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Quien comete una ilegalidad prefiere que le paguen en negro. Aunque a veces puede haber una excepción. Es lo que ha ocurrido con los dos clanes familiares en la Comunidad de Madrid que operaban desde narcopisos y explotaban a mujeres –en total, siete víctimas rescatadas– para obligarlas a tener relaciones con clientes, que también acudían a consumir y comprar estupefacientes o medicamentos de prescripción como la viagra. Ocurrió a finales de enero, pero la investigación se inició en octubre y la noticia no se ha conocido hasta esta semana.
Los presuntos implicados obligaban a las mujeres a pagar 50 euros por un día libre, a introducirse toallas húmedas en la vagina para taponar la menstruación o a consumir junto a los clientes consolidando en ellas, además de la explotación sexual, la drogodependencia. La Policía les seguía el rastro desde hacía meses y, en este tiempo, detectaron numerosos bízums con grandes cantidades de dinero que iban a parar a distintas cuentas bancarias asociadas a la red.
Para cifras de a veces cientos de euros se escribían conceptos como "pizza", "cumpleaños" o "fiesta". Un gesto torpe de camuflaje que facilitó a los agentes seguir el rastro de los explotadores. En total se registraron unos 227.000 euros en bizums ligado a una de las viviendas, cerca de 85.000 en la otra y 2.083 movimientos en la app y relacionados con la trama. El caso ya ha pasado a disposición judicial, pero el modus operandi ha causado algunas sorpresas.
Los ocho detenidos pertenecían dos familias latinas, que se conocían y coordinaban juntas una red de trata en un punto de venta de droga, principalmente cocaína o tusi –una mezcla de sustancias como el éxtasis o la ketamina– pero también medicamentos con prescripción como la viagra. Una de las familias señaladas vivía en el primer piso de un bloque en un barrio obrero de Alcorcón y la otra, en una casa de Móstoles. Entre ellos había hijos o sobrinos de las dos mujeres que capitaneaban cada clan.
Pese a la anomalía de haber enviado tanto dinero a través de una herramienta de pago móvil, a la que es muy sencillo seguirle el rastro, la Policía cree que pudo haber más ganancias en efectivo. Lo habitual es que haya clientes que no quieran mancharse las manos y prefieran evitar problemas, así que pagan en mano en metálico. Pero semejante botín en transacciones apunta principalmente a una cosa: probablemente fueran novatos. No lo vieron venir. Además, tampoco contaban con otros antecedentes penales similares en sus expedientes.
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Una imagen de Móstoles, donde se ha encontrado uno de los narcopisos. (Jorge Álvaro Manzano) "Que la trata sea un negocio más seguro porque trabajas con mujeres vulnerables y no con tanta gente tan peligrosa como en otras actividades ilegales hace que muchos delincuentes sin experiencia se lancen y comentan estos errores", explica Tomás Santamaría, a cargo del Grupo VI de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, también el interlocutor para la trata en la Comunidad de Madrid.
La pista definitiva
Este último rango le define como una especie de nexo de unión entre todos los agentes coordinados para luchar contra esta lacra en la región. Operadores de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, la Fiscalía, entidades especializadas... todas las asociaciones o instituciones pasan por su teléfono y le ponen al tanto de novedades que puedan conducir a un caso de trata. El último grupo fue el que le dio la pista prácticamente definitiva para seguir el rastro a los dos narcopisos. "Un organismo especializado nos contactó porque había localizado a algunas víctimas. Eso reforzó y dio veracidad a las hipótesis que teníamos", detalla el investigador.
La propia Policía cuenta con un teléfono de atención a la trata que funciona las 24 horas del día (900 10 50 90), que les permitió monitorizar los lugares gracias a llamadas anónimas. Cuando las mujeres disfrutraban de ese día libre que tenían que pagar con su propio sueldo –aunque dejaban casi todas sus pertenencias en las viviendas– era el momento idóneo para ponerse en contacto con los agentes. Entre las víctimas de los clanes en Alcorcón y Móstoles no había menores de edad, explica, aunque sí gente muy joven.
No solo bastó con eso, pues los agentes también trataron de obtener información in situ escuchando a los vecinos o vigilando puntos clave. En Alcorcón fue más sencillo, puesto que operaban en un bloque rodeado de gente; pero en Móstoles solo podía apreciarse algo desde comercios o negocios cercanos a la casa. Descubrieron que las mujeres estaban sometidas a normas "muy estrictas", además del entaponamiento para la regla o el pago por un día libre. Aunque las dos viviendas eran amplias, vivían hacinadas en literas. Cuando eran demasiadas, algunas pernoctaban en el suelo de la cocina o en el cuarto de baño.
Una vez son rescatadas por la Policía, lo habitual es que tengan la opción de prestar su testimonio para la investigación judicial posterior –así ha ocurrido– y luego optar a alguno de los recursos para víctimas de trata, desde asistencia psicológica hasta alternativas habitacionales si se diera el caso. Sin contar el resto de equipos vinculados a este tipo de delitos, solo el del agente Santamaría ha realizado 11 operaciones similares en 2023.
Algunas han sido, incluso, de mayor calado; como la red desmantelada a finales del año y que operaba, entre otros lugares, en un chalé de Canillejas, que se saldó con 36 detenidos. "Muchas víctimas de trata en estas redes latinoamericanas vienen de entornos vulnerables y llegan sabiendo o imaginándose a lo que vienen. Tienen familias o hijos a los que mantener. Pero otras tenían unas expectativas migratorias muy distintas... hasta que se quedan atrapadas", lamenta el encargado de la operación.
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