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Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, prepara ya una querella contra la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, por revelación de secretos sobre la investigación por presunto fraude fiscal que le afecta. El empresario, acusado de defraudar más de 350.000 euros con facturas falsas en los ejercicios de 2020 y 2021, estudia también hacer lo propio ante la Fiscalía y la inspectora de la Agencia Tributaria, según detallan fuentes del entorno de González Amador.
El anuncio de acciones legales se produce horas después de que la Fiscalía emitiese un comunicado donde explicaba con datos y fechas las conversaciones con el acusado para cerrar un pacto. Como ha informado este periódico, la defensa de González Amador escribió un correo electrónico el 2 de febrero con una propuesta de conformidad en la que el empresario reconoce el fraude a Hacienda. Y la polémica surgió a última hora del miércoles, cuando el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que había sido el Ministerio Público quien había hecho la oferta, agarrándose al último mail de la conversación.
"El único pacto de conformidad (…) que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado", expuso la Fiscalía en su comunicado, lo que ha provocado una enorme polémica en torno a la investigación y las futuras querellas de González Amador. La propia Isabel Díaz Ayuso, además, ya acusó a Montero de filtrar los datos de su pareja durante su comparecencia del jueves. "La ministra de Hacienda ya soltaba por los pasillos y allá donde tenía ocasión esos datos personales de este particular que ni siquiera el propio afectado conocía", declaró.
El caso ha alimentado la bronca política, con el PSOE y el PP enzarzados en una guerra. Los socialistas exigen la dimisión de Ayuso por mentir en sus explicaciones, cuando dijo que no había ningún fraude, aunque su pareja lo había reconocido hacía un mes. "Todo eso es el preludio de algo más grave: la mentira de una presidenta que debe explicar de inmediato. ¿Conocía Isabel Díaz Ayuso que su pareja ya reconocía el delito cuando ante toda España ella hablaba de conspiraciones 'contra un particular'? ¿Hablaron Isabel Díaz Ayuso y su pareja sobre el origen de los pisos de lujo, coches de lujo e ingresos millonarios? ¿Sigue creyendo Isabel Díaz Ayuso que su pareja solo tiene 'una inspección' tributaria sobre sus espaldas?", subrayan fuentes de la formación.
Los socialistas han encontrado en el caso de González Amador una oportunidad de oro para desviar la atención del caso Koldo y volcar las acusaciones de corrupción en el PP. Tanto la Moncloa como Ferraz, de hecho, extienden una sombra de sospecha sobre los populares y resucitan antiguos casos que les afectaron. "La dimisión de Isabel Díaz Ayuso debe producirse ya. Alberto Núñez Feijóo debe exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP madrileño que lo deje. Si su destino es el mismo que el de Pablo Casado por intentarlo, le va en el sueldo", añaden las mismas fuentes.
La querella, no obstante, no la presentará el despechado que defiende a González Amador en el procedimiento por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, que estudia ya el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que debe decidir si imputa a la pareja de Ayuso o desestima la denuncia de la Fiscalía. Desde el entorno de González Amador explican que las denuncias contra Montero, el Ministerio Público y la Agencia Tributaria lo llevará "otro bufete especializado", aunque no especifican el nombre. El pacto, en cualquier caso, exige también el aval de la Abogacía del Estado.
Denuncia del ICAM
El comunicado de la Fiscalía seguirá coleando. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha denunciado a través de otro escrito la filtración de "datos concretos de unas diligencias de investigación", lo que supone una "ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".
El ICAM asegura que abordará esta cuestión en la Junta de Gobierno del próximo lunes para defender el ejercicio del derecho de defensa con todas las garantías. "Es una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe. Pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal", asevera el colegio.
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