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Andalucía es desde hace dos años la comunidad con mayor número de viviendas turísticas de Europa, según Eurostat. La Junta, los ayuntamientos, los hoteleros, los propios vecinos, etc. llevan años intentando buscar una regulación equilibrada para un fenómeno global e imparable que trae enormes beneficios (el turismo dejó 25.000 millones de euros el pasado año en la comunidad) pero que está generando ya serios problemas de convivencia en algunas ciudades.
Según los últimos datos de la administración autonómica, el número de “viviendas de uso turístico” asciende ya a unas 116.000, con más de 600.000 plazas, lo que supone que prácticamente la mitad de los alojamientos de la región son ya de esta modalidad, frente a los hoteleros y otras fórmulas tradicionales.
El número de pisos turísticos registrados oficialmente (a ellos habría que sumar un cierto número en economía sumergida) volvió a crecer con enormemente el pasado un 22,17%. De las 116.000 viviendas turísticas andaluzas, más el 50% se encuentran en la provincia de Málaga, donde esta modalidad alcanza ya los 67.000 pisos repartidos tanto por la Costa del Sol como en la propia capital. Su alcalde, Francisco de la Torre, es uno de los que está sintiendo especialmente la presión de los vecinos denunciando que están siendo expulsados del centro de la ciudad.
No es el único. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también se tuvo que pronunciar con contundencia el pasado año durante la campaña de las elecciones municipales asegurando que en el centro de la capital andaluza “no cabe una vivienda turística más”. No es de extrañar teniendo en cuenta que el Barrio de Santa Cruz es el más tensionado de España por pisos turísticos: seis de cada diez está dedicado a los visitantes. En estos momentos hay ya más de 8.000 viviendas turísticas en la capital hispalense (casi 10.000 en toda la provincia).
Hasta el momento, las competencias para regular esta actividad las tenía la Junta de Andalucía, lo que impedía a los ayuntamientos hacer nada por impedir nuevas aperturas. Esta semana, y tras años de debate, el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado un decreto para regular este sector que actualiza numerosos requisitos pero cuya mayor novedad es que deja en manos de los consistorios la posibilidad de regular.
Esto es una buena noticia para los regidores andaluces, que podrán intervenir en el sector, pero es también una “patata caliente” a la hora de decidir sobre una actividad que genera mucha riqueza y empleo, de forma muy repartida (la inmensa mayoría de los pisos turísticos son propiedad y gestión de particulares) a la vez que provoca ya mucho rechazo ciudadano.
El Ayuntamiento de Málaga asegura tener ya un borrador de la legislación municipal que prevé aprobar este mismo año semestre, pero prefiere no adelantar su contenido hasta estudiar más en profundidad el decreto de la Junta que ha visto la luz esta misma semana, especialmente después de que la Consejería haya rechazado las alegaciones que había presentado el gobierno municipal malagueño.
Algo similar expresa el ayuntamiento sevillano, que también quiere acelerar la regulación municipal en esta materia para evitar que el actual vacío siga fomentando crecimientos de los pisos turísticos como en estos momentos, superior al 20% anual.
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Turistas por las calles de Sevilla en enero con temperaturas primaverales. (María José López/EP) La nueva normativa regional refuerza el papel de los ayuntamientos, responsables de la regulación urbanística de las viviendas de uso turístico, cuya capacidad de acción se reconoce en la nueva normativa.
Entre las principales novedades, se establece que los consistorios, por razón imperiosa de interés general, podrán establecer prohibiciones, condicionantes o limitaciones proporcionadas a dicha razón, en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona. El decreto también se adapta a la normativa europea y nacional que regula los principios de libre acceso al mercado para evitar que sea tumbada en los tribunales por colisionar con algunos derechos.
Para facilitar su cumplimiento, la Junta comunicará de forma automática a los consistorios el alta de una vivienda en el Registro de Turismo para comprobar su legalidad urbanística.
El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, ha insistido esta semana en que se trata de una normativa consensuada con el sector. Para demostrarlo, compareció esta semana acompañado del presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Juan Zapata; el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, José Carlos Escribano; y el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Carlos Pérez, entidades con las que se ha desarrollado el texto en el último año.
Esa larga negociación ha hecho que incluso caiga una de las propuestas estrellas que hizo la propia Junta y que adelantó El Confidencial: la obligatoriedad de instalar sonómetros en los pisos conectados on line a una central.
En su comparecencia, Bernal ha detallado algunas de las principales novedades que incorpora el decreto para que la oferta de alojamientos presente unos estándares de calidad altos, como caracteriza a Andalucía. Entre esas novedades, establece un mínimo de habitabilidad (14 metros cuadrados por plaza y un espacio mínimo de 25 metros cuadrados); un equipamiento mínimo en las viviendas, que haga más cómoda la estancia -fija desde el menaje que debe haber en la cocina al ajuar exigido por cada usuario-; y también aborda los requisitos de ventilación, el número de baños por plaza o la exigencia de disponer de climatización, según la época del año en la que se alquile.
Otra de las novedades encaminadas a garantizar los derechos de las personas usuarias es la figura legal de las empresas explotadoras de viviendas de uso turístico, con el objetivo de profesionalizar la actividad -con lo que se busca a su vez la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras-, facilitar las relaciones con la administración turística y garantizar los derechos y deberes de las personas usuarias.
Según Bernal, "este decreto aborda con mayor eficacia y coordinación los retos de la regulación de las viviendas de uso turístico y refleja la evolución de la jurisprudencia y la experiencia positiva de las normas que otras comunidades autónomas han aprobado en los últimos años".
Apartamentos Turísticos
El decreto también incluye algunas modificaciones sobre la normativa de Apartamentos Turísticos (AT), distintos a las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Respecto a los apartamentos turísticos, se regulan las distintas especialidades, incidiendo en que ningún establecimiento podrá incurrir en discriminación ni prohibición hacia colectivos no preferentes y ampliándose el período de ocupación de las unidades de alojamiento, que pasa de ser desde las 15 horas del primer día del periodo contratado hasta las 11 horas del día señalado como fecha de salida.
A su vez, se define y establecen las características de los distintos grupos de establecimientos de apartamentos turísticos. Del mismo modo se eliminan parte de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de alojamiento turístico, siguiendo la estela de la reciente regulación de los establecimientos hoteleros, eliminando la exigencia de obligaciones estructurales cuando los que corresponden por normativa sectorial ya los hacen idóneos para el fin pretendido.
Por último, el decreto incluye modificaciones para que los hoteles y hoteles- apartamentos puedan ofrecer en el edificio servicios complementarios a las personas usuarias del establecimiento, incluso prestados por personas o entidades distintas del titular de la explotación del alojamiento turístico, siempre que reúnan determinados requisitos, sin resultar afectado el principio de unidad de explotación.
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