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El empresario del sector de los alimentos congelados detenido en la operación contra una red de tráfico de cocaína a través del puerto de Málaga supuestamente controló durante "al menos un año y medio" el escáner con el que se revisaban los contenedores en los que transportaban los alijos.
Fuentes consultadas por El Confidencial explicaron que la mayor parte de este trabajo de inspección se realizó en la nave de la empresa de este investigado, a donde se trasladaban los containers sospechosos para ser revisados por el dispositivo.
El empresario, al que los investigadores sitúan en la "cúspide de la red", y que mantenía estrechas relaciones con personal del recinto portuario, "cedía un escáner de su propiedad para la detección de sustancias estupefacientes".
Este gesto, supuestamente, era altruista. Pero en la "primavera del año pasado", precisaron las citadas fuentes, se hizo con una concesión y se trasladó el dispositivo al puerto para que operase en sus instalaciones.
La Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria confirmaron este viernes que la organización contaba con la "connivencia de un funcionario de Aduanas" que supuestamente "facilitó la entrada de las partidas de droga". Esta persona es el jefe de la Unidad de Análisis de Riesgos, como informó este periódico.
El hecho de que la inspección de los contenedores de una infraestructura crítica haya dependido directamente de un individuo vinculado al narcotráfico supone un grave agujero de seguridad, ya que por esta vía se podría haber posibilitado la entrada de armas, explosivos, personas…
A esta situación surrealista hay que sumarle que el escáner era manipulado por un trabajador de este empresario que pertenecía a la plantilla de su compañía de alimentación refrigerada y que tiene sede en Mercamálaga.
El empresario, gracias a sus relaciones en el puerto, "ostentó una posición privilegiada" que le permitió introducir partidas de droga
Los tres cuerpos señalaron en una nota conjunta que la operación Despedida-Adiós-Bragalia se inició en febrero de 2023, tras la de incautación de 611 kilogramos de cocaína ocultos entre un cargamento de bananas.
La intervención se produjo en las instalaciones de una empresa del sector de las frutas y hortalizas refrigeradas, cuyo responsable colaboraba con las autoridades a través de la cesión de un potente escáner para la detección de droga. De esta manera, "ostentaba una posición privilegiada que le permitía introducir otras partidas de droga de la organización criminal a la que pertenecía".
Inicialmente, las inspecciones de contenedores bajo sospechas de contener sustancias estupefacientes se realizaban en la sede de la compañía, donde entonces se hallaba el escáner. Más adelante, la misma empresa "colaboradora" obtuvo una concesión en el puerto, trasladando el dispositivo a las instalaciones portuarias. Allí nombró a uno de sus propios empleados como "representante aduanero" y se encargó de su control.
Tras una primera aprehensión, los agentes detectaron indicios sospechosos de criminalidad en el empresario, por lo que centraron las pesquisas sobre él, su círculo familiar más cercano y los empleados de la compañía, así como terceras personas relacionadas con el tráfico de drogas. En el transcurso de las averiguaciones, los investigadores encontraron, además, sospechas que incriminarían al funcionario de Aduanas.
A mediados de junio, en otras dos nuevas incautaciones, agentes de los tres cuerpos intervinieron 25 y 381 kilogramos de cocaína entre un cargamento de piñas. Y fueron arrestados el empresario sospechoso y un transportista que trasladaba el alijo hasta la sede de la empresa. En su interior extraer la cocaína.
Efectivos del Instituto armado llevaban a cabo en agosto de 2023 una cuarta aprehensión de droga en Santa Fe (Granada): 805 kilogramos de cocaína procedentes también del puerto malagueño. En esta ocasión, la droga iba oculta tras un falso tabique, al fondo de un contenedor con mercancía legal —procedimiento de camuflaje conocido como fondo espejo—.
Familiares, empleados...
Tras varias aprehensiones, los agentes fueron estrechando el cerco sobre los miembros del entramado, y lograron identificar al resto de los miembros de la red delictiva que habían tenido participación en los hechos investigados.
Finalmente, en la fase de explotación de la operación, se practicaron nueve registros: cinco en Málaga capital, dos en Torremolinos, uno en Sierra de Yeguas y otro en el municipio granadino de Guadix.
La investigación concluyó con la detención de 13 personas, todas ellas en la provincia de Málaga. Entre los arrestados figuran, además del empresario, algunos familiares y varios trabajadores de la empresa, así como un funcionario público.
El último de los arrestos se produjo el 29 de enero de 2024, tratándose de uno de los cabecillas del entramado y uno de los responsables directos de la droga incautada, el cual permanecía fugado hasta ser finalmente localizado.
Se les atribuye, atendiendo a la participación de cada uno, la comisión de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales.
Los más de 1.800 kilos de cocaína incautados por los tres cuerpos policiales tienen un valor aproximado de 63 millones de euros
Los agentes han aprehendido en cuatro intervenciones 1.822 kilos de cocaína procedentes de Sudamérica, aunque la sospecha —señalaron las fuentes consultadas— que la cantidad de droga que se habría puesto en circulación a través de esta vía sería mayor. Solo las partidas incautadas tienen un valor aproximado de 63 millones de euros.
La investigación ha sido llevad a cabo por efectivos de la UDYCO Costa del Sol de la Policía Nacional, la EDOA de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria.
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