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El caso Koldo saltó a la opinión pública tras publicar El Confidencial que Koldo García Izaguirre, chófer, escolta y asesor del exministro José Luis Ábalos había sido detenido por el presunto cobro ilegal de comisiones por la venta de mascarillas. El chico para todo de Ábalos, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría cobrado sobornos por los contratos que firmaron Adif y Puertos del Estado, dos organismos vinculados al Ministerio de Transportes, con la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Posteriormente, Koldo habría tratado de blanquear las mordidas mediante diferentes inversiones.
Los contratos con Transportes no son los únicos que la mercantil consiguió de la administración pública en los peores momentos de la pandemia. Al menos figura otro con el Ministerio del Interior, rubricado seis días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez decretase el confinamiento, y con los ejecutivos de Canarias y Baleares, gobernados en 2020 por los socialistas Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, hoy ministro de Política Territorial y presidenta del Congreso, respectivamente. El montante total asciende a 53 millones de euros y la investigación sostiene que la trama habría generado un mínimo de 10 millones en comisiones ilegales. La Fiscalía atribuye a los implicados ―hasta ahora hay una veintena de investigados― delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La operación ha sido bautizada con el nombre de Delorme, el apellido del médico que inventó las mascarillas en el siglo XVII. La causa ha sido asumida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige Ismael Moreno, y está liderada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO. El Ministerio Público abrió una investigación en abril de 2022 contra la firma beneficiaria de los contratos a raíz de una denuncia interpuesta por el PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso.
El papel de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL
Koldo habría intervenido en las negociaciones de Adif y Puertos del Estado para asegurarse de que su amigo Víctor de Aldama, uno de los empresarios tras la firma investigada y presidente del Zamora CF, se llevaba los contratos. El precio se cerraba muy por encima del verdadero coste de los bienes suministrados. Además de mascarillas, se adquirieron trajes de protección (EPI) y otros materiales médicos que eran imprescindibles para hacer frente a la emergencia sanitaria. Juan Carlos Cueto es el otro empresario tras Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.
El asesor de Ábalos recurrió presuntamente a su pareja, Patricia Úriz Iriarte, y a uno de sus hermanos, Joseba García Izaguirre, para camuflar los ingresos ilícitos mediante inversiones en ladrillo. Como publicó este periódico, Koldo adquirió diversas propiedades en Benidorm y 15.000 m2 de suelo en Polop, también en Alicante. "Del análisis de los pagos realizados por la mercantil investigada, a raíz de los fondos públicos mencionados [un total de 53 millones], se puede inferir que tuvo unos beneficios en torno a un 32% de los fondos obtenidos", sostiene el juez Ismael Moreno en uno de los autos dictados.
Los protagonistas
José Luis Ábalos, exministro de Transportes (2018-2021) y exsecretario de Organización del PSOE (2017-2021). Es la persona que introduce a Koldo García Izaguirre en el Ministerio. El juez Ismael Moreno sostiene que el propio ministro actuó como "intermediario" de la trama para tratar de frenar una reclamación que el Gobierno de Baleares interpuso contra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL por la entrega de mascarillas defectuosas.
Ábalos ha negado este jueves, en el programa Todo es Mentira, dicha intermediación. Tras destaparse el escándalo, el PSOE intentó que el exministro renunciase a su escaño en el Congreso ―tras su controvertida salida del Ministerio en julio de 2021, un cese que nunca fue explicado a pesar de haber sido mano derecha de Sánchez, el político valenciano fue restituido antes del 23-J y el partido le reservó el segundo puesto a la Cámara Baja por Valencia―.
El ex número tres del Partido Socialista hizo caso omiso y aunque renunció a la presidencia de la Comisión de Interior, no abandonó su escaño y ahora forma parte del Grupo Mixto. Siempre ha asegurado que introdujo a Koldo en su círculo de confianza porque venía avalado por Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE. No obstante, también ha reconocido que hubo voces que expresaron sus dudas sobre el asesor.
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Koldo García sale de la Audiencia Nacional el pasado jueves. (EFE/Sergio Pérez) Koldo García Izaguirre, chófer, escolta y asesor de Ábalos. Escaló puestos en la administración a la sombra del exministro, que le llegó a procurar un puesto en el Consejo de Administración de Renfe Mercancías. La investigación sitúa a Koldo como una pieza clave de la trama por las supuestas labores de intermediación para que la firma investigada se llevase importantes contratos para la compra de mascarillas.
La figura de Koldo siempre ha estado envuelta en polémica. Al hecho de que un exportero de discoteca, condenado en dos ocasiones por sendas palizas, terminase siendo consejero de una firma pública se suma su participación en el Delcygate, el escándalo de la llegada a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020, a pesar de que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen. Ábalos y Koldo se desplazaron al aeropuerto de Barajas para reunirse con la mandataria y convencerla de que abandonase España sin salir de las instalaciones del aeródromo.
Koldo, para ocultar los fondos que habría obtenido por los contratos de las mascarillas, llegó a poner uno de los inmuebles adquiridos a nombre de su hija, menor de edad. Además, durante su etapa en el Ministerio simultaneó su salario público con una pensión por incapacidad permanente total, como desveló El Confidencial. Su ingresos netos en 2020 (sueldo y pensión) ascendieron a 110.279 euros, más que el presidente del Gobierno (90.010,20 euros.
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La mujer de Koldo García, Patricia Úriz Iriarte. Patricia Úriz Iriarte es la mujer de Koldo. Es uno de los familiares del asesor que consiguió un puesto, ayudante de secretaria, en el Ministerio de Transportes gracias a la intervención de Ábalos. Fue detenida junto a su esposo y la Guardia Civil ha constatado que ella también habría adquirido un inmueble en Benidorm gracias a las mordidas de la trama. Nacida en Pamplona es militante del PSOE navarro y ocupó distintos cargos dentro del organigrama de la formación.
Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo y otro de sus allegados que consiguió puestos en la administración, en concreto en Ineco y Emfesa, dos empresas públicas ligadas al Ministerio de Transportes. Como su hermano fue portero de discoteca y hace años llegó a ser el secretario sectorial de seguridad de UGT-Euskadi. La Fiscalía Anticorrupción le otorga un papel clave en la trama. Koldo le habría utilizado como pantalla para camuflar las comisiones millonarias, al igual que habría hecho con su mujer.
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Íñigo Rotaeche y Joseba García, a su salida de la Audiencia Nacional. (Europa Press/Ricardo Rubio) En concreto, Joseba habría adquirido un chalé en Polop, un piso en Benidorm y una plaza de garaje en Bilbao. En solo 13 meses, pasó de no tener ninguna propiedad a su nombre a acumular tres. Entre 2020 y 2022, Joseba ingresó en sus cuentas 267.775 euros en efectivo. Según concluye el juez, "Koldo emplea a su entorno familiar más próximo como testaferros".
Pero a diferencia de su hermano y cabecilla de la trama, Joseba sigue vinculado al Ministerio de Transportes. Si Koldo salió del Ministerio en el verano de 2021, cuando Ábalos fue cesado, su hermano siguió vinculado al organismo. Desde marzo de 2022 trabaja en una contra de limpieza de Emfesa, una empresa pública. Y como reconoció el pasado martes el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, mantiene su puesto a pesar de su detención e imputación en el caso.
Andoni García Izaguirre, hermano de Koldo y otra de las personas investigadas en el marco de la operación Delorme.
Víctor de Aldama es uno de los empresarios tras la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la mercantil beneficiada por el Ministerio de Transportes, el de Interior y los gobiernos de Baleares y Canarias. El también presidente del Zamora Fútbol Club actuaba además como comisionista y cobraba de Air Europa en plenas negociaciones para el rescate de la aerolínea con fondos públicos. El juez Ismael Moreno considera que gozaba de “un pase especial” en el Ministerio de Transportes.
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Víctor de Aldama, presidente del Zamora Fútbol Club. (Zamora Fútbol Club) La querella señala que De Aldama fue quien captó a Koldo al haber coincidido ambos "en un contexto laboral desde diciembre de 2018", mientras que Juan Carlos Cueto contaba con la estructura empresarial y financiera suficiente para comprar y traer el material sanitario. "Estas adjudicaciones generaron un beneficio económico al investigado Víctor Gonzalo De Aldama Delgado de 5,5 millones de euros y a Juan Carlos Cueto Martín, titular de hecho de la mercantil, de 9,6 millones de euros", explica el juez en un auto que dictó el pasado jueves.
De Aldama fue también socio al 50% de un polémico negocio que el Ministerio de Sanidad exigió cerrar y la Audiencia Nacional investigó con posterioridad. Se trata de Telefarmacia App, un servicio de envío de medicamentos a domicilio del que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, dependiente de Sanidad) exigió su cierre por primera vez en 2019. Tras una larga batalla judicial, la Audiencia Nacional ratificó recientemente la decisión del Ejecutivo declarando ilegal el negocio de Aldama.
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El empresario Juan Carlos Cueto, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE/Javier Lizón) Juan Carlos Cueto es el líder del conglomerado empresarial que recibió más de 53 millones de euros en contratos públicos. La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Cueto y a Víctor de Aldama como los principales responsables de la vertiente empresarial de la presunta organización criminal. El empresario declaró este miércoles ante el juez Moreno que su papel se limitó a facilitar material sanitario a las administraciones públicas para intentar ayudar a los españoles en plena pandemia.
Antes de la pandemia, Cueto también se vio involucrado en otra investigación de la Audiencia Nacional sobre la venta de armas a Angola que aún está pendiente de juicio. La Fiscalía pide 50 años de cárcel para él en este procedimiento.
Iñigo Rotaeche es otro de los empresarios investigados.
José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil, prestó servicio en Nuevos Ministerios, el complejo en el que tiene su sede el Ministerio de Transportes. El agente, vinculado a la empresa beneficiaria, habría jugado un papel destacado en la concesión de los contratos, según la investigación. Puso en contacto a Cueto y Aldama con los responsables de las adjudicaciones. Para la investigación, los encuentros mantenidos entre Koldo y el guardia civil son de la “máxima importancia” porque "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos con una de las sociedades en las que se han invertido parte de los beneficios”.
Un mando de la Guardia Civil en activo colaboró con la trama del asesor de Ábalos
Pablo Gabilondo
En uno de los encuentros, celebrado el 2 de febrero de 2022, el guardia civil acudió con un coche propiedad de una empresa del Grupo Cueto. En el seguro del citado vehículo figura el subteniente como empleado de la empresa. Del análisis de las cuentas bancarias de los investigados se aprecian al menos cinco transferencias de uno de los detenidos entre marzo y septiembre de 2021. En todas ellas figura como concepto el nombre de “José Luis Rodríguez García”. Los investigadores destacan que “se han detectado movimientos de cuentas que pueden estar destinados a dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero obtenido por la adjudicación de los contratos de suministro de material sanitario”.
Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, mantuvo hasta hace bien poco contacto con Koldo. El alto cargo llamó dos veces al exasesor el pasado noviembre. El juez Moreno alerta que tras estos contactos “se detecta una relación personal y directa”. El magistrado investiga estas llamadas porque Sánchez Manzanares participó en el contrato de 20 millones que Puertos del Estado concedió a la firma investigada.
Hay otros altos cargos que mantienen su puesto en el Ministerio de Transportes salpicados por la trama, como publicó El Confidencial: el actual subsecretario, Jesús Manuel Gómez García, y al director general de Emfesa y jefe de Joseba, Vicente Calzado Téllez. Los agentes sitúan a los dos primeros en una comida con Koldo celebrada el 2 de febrero de 2023 en la marisquería La Chalana de Madrid. Tras prometer el cargo, Puente renovó a Gómez y Calzado en sus respectivos puestos. "He hablado con él y me niega cualquier vinculación con la trama", afirmó sobre el primero de ellos este martes. "Él me ha dado explicaciones que a mí particularmente me han satisfecho".
Luis Alberto Escolano Marín, constructor, es otro de los investigados. Fue administrador de BusinessCity, una sociedad que la Fiscalía Anticorrupción destaca en su querella para señalar la relación que ya existía antes de la pandemia entre Aldama y Cueto: "Esta colaboración entre Víctor Gonzalo de Aldama Delgado y el grupo Cueto no se trataría de un hecho puntual, ya que habrían tenido proyectos en común en el pasado —sociedad BusinessCity SL—".
Rogelio Pujalte, otro de los detenidos en la operación Delorme, es el responsable de una empresa llamada Depósito Judicial SL, encargada de custodiar los bienes que los cuerpos policiales incautan a los delincuentes tras sus operaciones. Está investigado por ser otro de los beneficiarios de la trama.
Rubén de Aldama es el hermano de Víctor de Aldama y realizó labores de escolta para el exministro Ábalos.
De Aldama y el rescate de Air Europa
Las pesquisas además han destapado que Globalia Corporación Empresarial SA, el holding propietario de Air Europa, efectuó pagos a Víctor de Aldama en plenas negociaciones con el Gobierno para auxiliar a la compañía aérea. La firma recibió un total de 615 millones de euros de fondos públicos. Las transferencias de Globalia se produjeron en 2020, coincidiendo con la adjudicación a dedo a la aerolínea de casi una decena de contratos para traer el material médico adquirido en China por el Ejecutivo de Sánchez. También coincide en el tiempo con los contratos suscritos por Víctor de Aldama con Adif y Puertos del Estado para la compra de mascarillas y objeto del caso Koldo.
El holding abonó sus honorarios a Aldama a través de la empresa MTM 180 Capital SL que, según la UCO, también fue utilizada por el empresario para canalizar parte de las presuntas comisiones ilegales por los contratos firmados con la administración pública.
Además, y cómo ha publicado en exclusiva este periódico, Aldama y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron en 2020 con Begoña Gómez, mujer del presidente Sánchez, para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo. Entre los proyectos que trataron figuraba la app para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios.
Los contratos vinculados a Transportes
Puertos del Estado y Adif suscribieron los dos grandes contratos vinculados al Ministerio de Transportes. Lo hicieron estos dos organismos “por su capacidad presupuestaria, logística y su experiencia en contratación de suministros de gran volumen”, según explicó el ministro Puente este martes. El primero adjudicó un contrato de 20 millones de euros más IVA al empresario Víctor de Aldama para el suministro de "mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio del covid-19 en el ámbito del transporte y la movilidad". Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL presentó su oferta de forma "manual", según el expediente, aprobado en abril de 2020.
Adif, por su parte, adjudicó a la firma un contrato para la compra de cinco millones de mascarillas FFP2 por valor de 12,5 millones de euros más IVA mediante un procedimiento "negociado sin publicidad acelerado". El acuerdo, sellado en marzo de 2020, fue financiado con fondos de la Unión Europea.
Los contratos de Baleares, Canarias e Interior
El Gobierno de Baleares, entonces presidido por Francina Armengol, recurrió a la mercantil investigada en mayo de 2020 y le abonó 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2. El Ejecutivo regional supo ya en junio de ese año que parte del pedido había llegado defectuoso, pero no ejecutó la petición de recuperar el dinero hasta tres años después, una vez la Fiscalía ya había abierto la investigación.
Por su parte, el Gobierno de Canarias, presidido en 2020 por Ángel Víctor Torres, adjudicó 12 millones a Cueto y Aldama a través de varios contratos. El primero se firmó en 2020 por un importe de 6,8 millones para la adquisición de 2,7 millones mascarillas y luego llegó un segundo, por 4,77 millones de euros, más medio millón en concepto de fletes y transporte aéreo.
La Subdirección General de Gestión Patrimonial del Ministerio del Interior también eligió esta empresa como proveedor de mascarillas. El importe fue de 3,4 millones más IVA. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo meses después que se había decantado por la compañía por recomendación de José Luis Ábalos.
* Con información de José María Olmo, Agustín Marco, Beatriz Parera, Alejandro Requeijo y Pablo Gabilondo
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