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El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de 2023 con el que el Gobierno acordó traspasar a la Comunidad Foral de Navarra las competencias en materia de tráfico y seguridad vial de la Guardia Civil. En una sentencia notificada este lunes, los magistrados concluyen que no cabe emplear esta figura legislativa para atribuir una competencia que no está reconocida en Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) y que tampoco queda amparada en su derecho histórico.
“La realidad es que del estado competencial existente al tiempo de promulgarse la LORAFNA no se deduce que la Comunidad Foral tenga una competencia que incluya las funciones que, en su lugar, ejerce la Guardia Civil", sostiene la sentencia. "Sí las que ejerce en concurrencia, pero en esa concurrencia Navarra ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que ésta ejerce las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo no descarta que pueda producirse ese traspaso de competencias en un futuro, pero apunta a que exigiría una reforma de la propia LORAFNA o bien la aprobación de una nueva ley orgánica. "La competencia ha sido siempre de la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función auxiliar, subordinada, colaborativa o cooperación", advierten los magistrados. "Ya antes de la LORAFNA se creó tal cuerpo [foral] y el acuerdo de 4 de diciembre de 1964 le atribuía 'misiones' de ordenación del tráfico y transporte, pero 'en estrecha colaboración con las fuerzas de la Guardia Civil'".
El ultimátum de EH Bildu
En octubre de 2018, la entonces presidenta navarra, Uxue Barkos, de Geroa Bai, anunció un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para acometer la transferencia "definitiva" de tráfico y seguridad vial a la comunidad foral. Un año después, en agosto de 2019, la socialista María Chivite volvió a comprometerse a sacar adelante esta medida para poder hacerse con la presidencia Navarra gracias a la abstención de EH Bildu y los votos de Geroa Bai, pero la promesa volvió a posponerse durante más de dos años.
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EC/Agencias
La situación se mantuvo así hasta noviembre de 2022, cuando, en plenas negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado, el Gobierno pactó con EH Bildu que esta transferencia se llevaría a cabo antes del 31 de marzo del año siguiente. El 4 de abril de 2023, apenas cuatro días después de superar esta fecha límite, el Gobierno aprobó su real decreto "de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor".
La propia Chivite celebró esta transferencia como un "gran día para Navarra" y apuntó para ello a que "la dictadura franquista arrebató esta competencia hace más de seis décadas" a la comunidad foral. Según defendió en un acto oficial, la LORAFNA amparaba su "autogobierno" y el Tribunal Constitucional avalaba esta transferencia: "Por fin, la hemos recuperado con diálogo y lealtad institucional".
Atiende el recurso de JUCIL
En su sentencia, el Supremo descarta los dos argumentos de Chivite: ni la LORAFNA ampara esta clase de transferencias ni el Constitucional avaló las mismas. El Gobierno de Pedro Sánchez y el de Chivite trataron de justificar el real decreto apuntando a que el reparto de competencias en materia de tráfico era "difuso" antes de su aprobación, pero los magistrados consideran que en ningún momento ha habido alguna respecto al papel que debe jugar la Policía Foral: "Ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil".
La Sala de lo Contencioso atiende así los argumentos de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) y destaca que, "paradójicamente", el propio Gobierno de Navarra le ha brindado "la mejor defensa" posible: "Sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y, a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos", explica la sentencia. "Para ello, nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas 'en otros destinos geográficos', es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra”. Según concluye el tribunal, “es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial”.
Tras conocerse la sentencia, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Hágalo por ellos, váyase", ha criticado a través de su cuenta de Twitter. "La Justicia sentencia de nuevo contra Sánchez: el traspaso de las competencias de Tráfico de la Guardia Civil a Navarra fue ilegal". "Cada día que Marlaska sigue en el cargo es un insulto para la Benemérita".
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