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El escándalo por las presuntas mordidas cobradas por Koldo García salpica al anterior Gobierno de Baleares. El Ejecutivo socialista, liderado entonces por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, firmó en mayo de 2020 un contrato de emergencia de 3,7 millones de euros para la compra de material sanitario con la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, vinculada al exasesor de José Luis Ábalos, pero el producto era defectuoso. El equipo de Armengol, que cifró el agujero a las arcas públicas en 2,6 millones, no reclamó la resolución del expediente hasta su último día al frente de la Administración, aunque detectó las presuntas irregularidades mucho antes. El Govern actual, en manos del PP, anunció este jueves que auditará la operación, tras estallar el caso Delorme.
La Guardia Civil detuvo este miércoles al exasesor del ministro socialista y otras 19 personas, entre ellas la mujer y el hermano de García. Como un efecto dominó, la trama tiene una conexión con los Gobiernos de Baleares y Canarias, que realizaron compras por valor de 10 millones de euros con la misma empresa. Canarias también ha impulsado una comisión de investigación sobre lo ocurrido.
El Ejecutivo liderado por Armengol, informan fuentes de la Consejería de Salud, contrató mascarillas FFP2 tipo 1 y FFP2 a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en mayo de 2020, pese a que la entidad no tenía ninguna experiencia en el ámbito sanitario. El día 25 de ese mes, según las mismas fuentes, el Servicio de Salud solicitó al Centro Nacional de Medios de Protección el análisis de las mascarillas. El 8 de junio recibió el informe con las conclusiones: no cumplían con los requisitos de seguridad del modelo FFP2. "En consecuencia, el Servicio de Salud retiró estas mascarillas de la distribución y las almacenó como stock de seguridad", explican.
El Govern del PSOE, sin embargo, no solicitó la resolución parcial del contrato hasta pasados tres años, justo tras perder las elecciones, dejando constancia de la problemática. El Servicio de Salud detalla que se emitió un informe de rescisión por defectos en la calidad del producto tras detectar, además, que el precio abonado a la empresa vinculada con el exasesor de Ábalos era muy superior a la media, de 2,076 euros por unidad. Avisó el 6 de julio de 2023, justo el mismo día que Marga Prohens, del PP, fue investida presidenta de las islas. Es decir, que la Administración saliente esperó hasta su último día para iniciar el trámite.
El Servicio de Salud de Baleares informó este jueves que auditará la operación con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para esclarecer los detalles de la operación y dirimir las presuntas irregularidades. El contrato, apuntan, ya está resuelto y reclama los 2,6 millones de euros en concepto de indemnización por la diferencia del precio entre el material contratado y el material recibido durante la pandemia. Las mascarillas no fueron utilizadas nunca.
Investigación de la Guardia Civil
La compra de material a la mercantil relacionada con la trama en Baleares también fue investigada por la Guardia Civil. El Instituto Armado, explican las fuentes consultadas, solicitó en julio de 2022 al Servicio de Salud una copia del expediente, tras detectar supuestas irregularidades por estafa en otras comunidades autónomas. Las mordidas presuntamente cobradas por Koldo García, como ha informado este diario, apuntan a 10 millones de euros. La mayoría de los expedientes de la empresa se hicieron con el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos.
Las sospechas en torno a las islas no son nuevas. La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares dejó constancia de este contrato de 3,7 millones de euros en un informe general sobre la compra pública de emergencia durante la crisis sanitaria, según informa EP. Fue una investigación iniciada de oficio en 2020 ante el incremento de compras de emergencia. En Baleares, además, se investigaron compras por valor de 800.000 euros que se consiguieron con la mediación del abogado José María Lafuente con una mercantil china. Lafuente era militante del PSOE en la región.
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