La crisis energética ha puesto a España en solfa durante casi dos años, en los que el Gobierno se ha visto forzado a poner —una detrás de otra— medidas para paliar el zarpazo sobre el bolsillo de los hogares. Los impuestos sobre la electricidad quedaron en la mínima expresión; las ayudas para que los colectivos más vulnerables pudieran hacer frente a la factura de la luz y el gas crecieron exponencialmente; e incluso —en contra del criterio de varios organismos internacionales— se aplicó una bonificación de 20 céntimos de euro por litro de gasolina y diésel.
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