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La despenalización del enaltecimiento del terrorismo llega al pleno del Congreso de la mano de Sumar este martes. Lo hace en plena tormenta política desatada por el pacto entre el PSOE y EH Bildu para que la formación de Arnaldo Otegi se haga con la Alcaldía de Pamplona a través de una moción de censura, prevista el 28 de diciembre. La Cámara Baja votará esta tarde la toma en consideración de la proposición de ley (PL) de la coalición de Yolanda Díaz para "proteger la libertad de expresión" y suprimir los delitos de injurias a la Corona, las ofensas a los símbolos —de la bandera al himno— y despenalizar también las ofensas a los sentimientos religiosos.
Enrique Santiago, portavoz de IU (dentro de Sumar), registró esta iniciativa en septiembre, cuando el Congreso no había recuperado su funcionamiento habitual, aún pendiente de la fecha para la investidura de Pedro Sánchez, que se retrasó hasta mediados de noviembre. Es la primera PL presentada por Sumar esta legislatura. Se trata de una norma reciclada de la elaborada por Unidas Podemos en anteriores legislaturas, y en 2021 contó con el respaldo del Partido Socialista. El PSOE volverá a apoyar su toma en consideración, tal y como ha afirmado su portavoz, Patxi López, favorable a abordar "un debate serio", "en profundidad", "sobre la libertad de expresión".
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López, sin embargo, ha considerado que "enaltecer el terrorismo es un límite", y se ha mostrado personalmente contrario a despenalizar las humillaciones a las víctimas. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, incidió poco después en que el PSOE avala tramitar esta norma, para abrir este debate. Intentaban así diferenciar entre apoyar que los grupos debatan sobre esta norma y respaldar la despenalización del enaltecimiento del terrorismo. A su vez, la portavoz de Sumar, Marta Lois, hacía hincapié en la necesidad de derogar "delitos de opinión", "completamente desfasados y anacrónicos", como las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos. "Se trata de delitos inexistentes en la mayoría de legislaciones más avanzadas en los países de la UE", apostilló.
La norma en cuestión acabó durmiendo el sueño de los justos tras aprobarse su tramitación, toda vez que quedó aparcada en el carril de las sucesivas prórrogas de los plazos para registrar enmiendas. En concreto, plantea derogar cinco artículos completos del Código Penal (y un apartado de un sexto), además de limitar la aplicación de la ley de seguridad ciudadana (conocida como ley mordaza), incorporando sanciones para los funcionarios o autoridades que dificulten el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho de manifestación, pero también las que traten de introducir censura previa.
Son los delitos contra la Corona (490.3 y 491); las ofensas o los ultrajes a España, incluidos sus símbolos (543); los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público (525), y el delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas (578). También reclaman derogar el artículo 504, que recoge las injurias al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al Tribunal Supremo o al Constitucional, así como a los TSJ y Ejecutivos autonómicos.
"Las restricciones que conforman las fronteras de la libertad de expresión deben ser muy medidas y justificadas, con sanciones proporcionadas, y sin que en ningún momento estas restrinjan el debate público y la libre participación política de la ciudadanía", abunda la exposición de motivos de la proposición de ley.
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"Existe también en la legislación penal española un problema relativo a la indefinición de determinados tipos penales, siendo el paradigma de este tipo de supuestos la ambigüedad en la definición del enaltecimiento del terrorismo", reza la proposición de ley de Sumar. Con la redacción hoy en vigor, con un artículo propio en el Código Penal, el enaltecimiento del terrorismo se castiga con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 18 meses.
La norma en cuestión plantea eliminar el tipo delictivo para pasar a introducir como agravante de la responsabilidad penal que los delitos tengan como víctimas a personas que sean víctimas del terrorismo. Es decir, aboga por modificar la agravante cuarta del artículo 22 del Código Penal, que ya incluye a quienes cometan delitos "por motivos racistas, antisemitas" y otros tipos de discriminación a la víctima, como su religión, creencias, etnia, raza o nación. También su sexo, "orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad, o por razón de ser víctima del terrorismo", añaden.
El pacto en cuestión se dio a conocer el pasado miércoles, y el domingo UPN convocó una protesta en Pamplona que fue respaldada por PP y Vox. Está prevista una segunda manifestación el jueves 28 de diciembre, el día en el que se votará la moción de censura que previsiblemente desalojará a la alcaldesa Cristina Ibarrola (UPN), en beneficio de Joseba Asiron.
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