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Nueve vocales conservadores han solicitado que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debata el próximo 21 de diciembre la "legalidad de las comisiones parlamentarias" en las que el PSOE y Junts per Catalunya pretenden investigar el supuesto lawfare que sufre el independentismo. En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, los vocales apuntan a la necesidad de aclarar el "deber de comparecencia" de aquellos jueces que sean citados en dichas comisiones: "Exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho", advierten.
La iniciativa es similar a la que el bloque conservador del CGPJ sacó adelante el pasado noviembre, cuando propuso celebrar un pleno para debatir la posibilidad de emitir una declaración institucional sobre la ley de amnistía. En aquella ocasión, el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, atendió su solicitud por contar con el apoyo de más de cinco vocales y el órgano aprobó una dura declaración en la que destacó que la amnistía "constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales".
Los nueve conservadores van ahora un paso más allá y argumentan que, además de las comisiones de investigación parlamentarias, el CGPJ debe abordar "el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales".
Aunque el escrito no la menciona de forma directa, la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, acusó este martes en el Congreso a varios magistrados de ser "personajes indecentes" que, "en un país normal, serían cesados y juzgados de inmediato". La líder independentista señaló en concreto a la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel y a los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carmen Lamela y Carlos Lesmes.
El TC también muestra su preocupación por el señalamiento de Junts y apoya a Espejel
Beatriz Parera
Estos señalamientos provocaron un profundo malestar en la judicatura y los principales representantes del Poder Judicial no tardaron en reaccionar este mismo miércoles: el presidente del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, anuló la reunión que iba a mantener con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, emitió una declaración en la que se comprometió a adoptar "todas las medidas necesarias" para defender a los magistrados.
Sin embargo, los nueve vocales conservadores consideran que esta última declaración del presidente no resulta suficiente y fuerzan ahora un debate sobre "las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes Poderes del Estado" para responder a la "indisimulada intención de criminalizar la labor judicial". El escrito lo firman todos los vocales conservadores salvo el propio Guilarte: José María Macías, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea.
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