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El Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra 23 cazadores que estaban imputados por abatir supuestamente de forma ilegal decenas de corzos, machos monteses, ciervos y otras especies de alto valor ecológico. Tras más de dos años de diligencias, la jueza considera que no ha quedado acreditado que cometieran los delitos contra la fauna (furtivismo) y falsedad documental por los que estaban siendo investigados.
Entre los imputados se encontraban Juan José Franco y de Suelves, bisnieto de Franco e hijo de Francisco Franco Martínez-Bordiú; el XII marqués de Valdueza, Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, uno de los mayores propietarios de cotos de caza de España; la empresaria Beatriz Fernández de Córdoba Ruiz de Ocejo, dueña de una de las armerías más conocidas de Madrid, y los responsables de varias empresas de organización de monterías y recechos de Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Las diligencias arrancaron en junio de 2021, cuando el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Ávila realizó una inspección, en el marco de la operación Ro3buk, en una taxidermia pirata de la localidad de Móstoles (Madrid), como adelantó El Confidencial en septiembre de 2022.
Los agentes hallaron en el negocio numerosos trofeos, animales en congeladores y hasta 123 precintos de caza de diferentes comunidades autónomas que permiten abatir un único ejemplar y que, aparentemente, habían sido manipulados para ser reutilizados ilimitadamente y, de ese modo, cazar más piezas de las permitidas habiendo pagado un solo permiso.
Esos precintos y también varios cuadernos manuscritos por el propietario de la taxidermia, Walter René Soto, en los que se identificaba a los clientes vinculados con cada numeración permitieron a los efectivos del Seprona llegar hasta los investigados. Muchos de los precintos aparecieron cortados y separados de las cabezas a las que teóricamente identificaban. El dueño de la taxidermia acabó siendo imputado.
Sin embargo, después de las declaraciones de los cazadores, peritos y los agentes del Seprona, la Fiscalía de Ordenación Territorial y Medio Ambiente modificó su posición inicial y solicitó el sobreseimiento provisional de la causa. Sin acusaciones particulares ni populares personadas, la jueza secundó el pasado octubre la petición del Ministerio Público y resolvió que "no ha quedado debidamente acreditada la perpetración de infracción penal por los investigados".
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M.L.G. Moro
Por un lado, la jueza subraya que los peritos no consideraron demostrado que se manipularan los precintos de caza intervenidos. El hecho de que los precintos hubieran sido separados de algunos trofeos podría suponer que fueron retirados de las cabezas de los animales para poder manipularlas en el proceso habitual de taxidermia. Tampoco se considera acreditado que, como sostenía el Seprona, los investigados agrandaran el orificio de los precintos para poder abrirlos y cerrarlos sin límite.
Asimismo, la falta de correlación entre la fecha de caza marcada por los tiradores en los permisos y la comunicada a las autoridades correspondientes podría responder, según la jueza, a errores o simples despistes de los hasta ahora investigados, como algunos de ellos alegaron durante su declaración.
"No se ha acreditado que los objetos intervenidos hayan sido objeto de algún tipo de manipulación y/o alteración, a lo cual se añade que la lectura del marcaje de las fechas de caza resulta muy dificultosa y confusa", señala el auto de archivo. "La prueba pericial acordada sostiene que no ha podido asegurar si ha habido algún tipo de manipulación".
Pero, sobre todo, la instructora subraya que "no ha sido posible determinar que los trofeos que fueron hallados en el interior de la taxidermia fueran ilegales, esto es, se correspondiesen con piezas abatidas furtivamente, ya que no hay modo de saber si alguno de los precintos intervenidos se correspondían y/o pertenecían o pudieran pertenecer a los trofeos incautados". "No es posible establecer una relación de causalidad entre la cacería en la que el investigado abatió la pieza, el precinto colocado que previamente había sido manipulado para amparar otro trofeo furtivo y, finalmente, el trofeo en sí hallado en la taxidermia correspondiente a dicho precinto", zanja la magistrada.
El pasado febrero, el Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos archivó un procedimiento similar contra 74 investigados después de que el Seprona inspeccionara otra taxidermia de la ciudad castellanoleonesa y encontrara 258 animales cazados supuestamente sin licencia en 105 cotos de nueve provincias diferentes.
La Guardia Civil bautizó este otro operativo con el nombre de Corcyl. Entre los investigados había políticos, directivos de grandes multinacionales, reconocidos empresarios locales y miembros de la nobleza. Sin embargo, en un auto de apenas seis páginas, la instructora del caso acordó el archivo del procedimiento porque, debido al alto número de intervinientes, era "imposible imputar con un mínimo de rigor a los investigados un delito de falsedad documental y mucho menos asegurar que las discordancias advertidas por los agentes obedecen a un plan intencionado urdido, quizá, con el propósito de dar salida a piezas que podrían haber sido cazadas furtivamente". La jueza también rechazó efectuar nuevas diligencias. La Fiscalía de Medio Ambiente ni siquiera recurrió el archivo.
El cierre de estas causas coincide con un aumento descontrolado de la caza furtiva en la Sierra de Gredos, uno de los espacios de mayor valor cinegético de España. Los safaris ilegales se han disparado.
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