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Hace apenas unas semanas que el Congreso dio luz verde a un nuevo mandato de Pedro Sánchez y su Gobierno acumula ya varios varapalos que tensan su relación con la Justicia. La semana pasada, y por primera vez en su historia, el Poder Judicial concluyó que Álvaro García Ortiz no es idóneo para el cargo de fiscal general del Estado, resolución que llegó después de que el Tribunal Supremo concluyese previamente que el jurista había incurrido en una "desviación de poder" cuando promocionó a la exministra Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. El Gobierno ignoró el varapalo judicial y no solo premió al fiscal general con una renovación "hasta 2027", sino que defendió públicamente su trayectoria "impoluta" e "impecable".
El PP busca dar continuidad a la cuestión y elevar la presión al Ejecutivo para que "acepte el veredicto de la Justicia" y aparte del cargo no solo a Álvaro García Ortiz, sino también a Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, después de que el Tribunal Supremo cuestionase también hace unos días su nombramiento, al entender que no reúne el requisito de "jurista de reconocido prestigio". Alberto Núñez Feijóo tratará de rematar el golpe de la Justicia a Sánchez desde el Congreso, el escenario en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo desarrollará el grueso de su oposición a Sánchez.
En la cuestión relativa a la elección de Álvaro García Ortiz, la legislación establece que el fiscal general es "nombrado y cesado por el Rey a propuesta del Gobierno, una vez oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la comisión correspondiente en el Congreso de los Diputados". El veredicto del CGPJ es, por tanto, preceptivo. Pero no vincula al Gobierno. El PP trabaja ya en la segunda pata, y dará la batalla contra el Gobierno en el marco de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja por el "empeño" de Sánchez en "avasallar las instituciones democráticas con todos sus tentáculos".
Fuentes parlamentarias coinciden en que la citada comisión es el foro en el que tratarán de morder con más ahínco al Gobierno en esta cuestión, pero recelan de la posibilidad de que no sea el PP el que presida el área de Justicia en la Cámara Baja, pese a ser el partido con más representación —137 diputados frente a los 120 del PSOE—. Este lunes y martes se constituyen formalmente las 31 comisiones en la Cámara Baja, y los populares temen ya un reparto "discrecional" que premie al bloque de investidura de Sánchez en detrimento de la formación de Feijóo.
El nuevo Grupo Popular en el Congreso nace con el encargo directo de Feijóo de ejercer una oposición de trincheras a Sánchez. Prueba de ello ha sido la elección de tres alfiles en el anillo de poder del PP en la Cámara Baja que no destacan precisamente por la contención en el tono: Miguel Tellado como portavoz, y Cayetana Álvarez de Toledo y Rafael Hernando como portavoces adjuntos. Las fuentes consultadas apuntan a que, más allá de la pertinente presión en la Comisión de Justicia para cuestionar la idoneidad de Álvaro García Ortiz, el partido estudia presentar iniciativas para su votación en pleno para "retratar" el "ansia de poder" del Ejecutivo y su "necesidad de invadir todas las instituciones del Estado".
El PP quiere elevar la voz sobre el varapalo judicial al Gobierno para que la polémica no quede guardada en un cajón, especialmente en un momento en que el partido de Feijóo ha apostado por la internacionalización del conflicto como única vía para frenar "el hundimiento institucional" que, a su juicio, lleva el sello de Sánchez. En este punto, Génova exige al "ministro de los tres poderes" —en alusión a Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes— explicar en Europa "qué pretendía el Gobierno" tanto con el nombramiento de Álvaro García Ortiz como con el de Magdalena Valerio.
El CGPJ acusa a Álvaro García Ortiz de usar de forma "espuria" su cargo
Beatriz Parera
El pronunciamiento del CGPJ contra el fiscal general del Estado se produjo en un momento en que gran parte de la carrera judicial se mostraba crítica con el jurista por guardar silencio ante las referencias al lawfare que recoge el pacto entre PSOE y Junts. En la postura del órgano de gobierno de los jueces subyace el temor a que la cercanía de Ortiz con el Ejecutivo esconda la intención del mismo de convertir al fiscal en el ariete que necesita para defender la aplicación de la medida de gracia al procés.
En el PP apuntan que esta presión del tercer poder del Estado forzará una vigilancia comunitaria a la ley de amnistía y pondrá la lupa en las decisiones "arbitrarias" del Ejecutivo que "atentan contra la independencia judicial". El pasado viernes, la Comisión Europea asestó otro golpe al Ejecutivo tras desmentir a Bolaños y reiterar que Bruselas "no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantee preocupaciones". Feijóo también ha dado orden a todos sus portavoces en Congreso, Senado y Parlamento Europeo de que activen "cualquier mecanismo parlamentario" para forzar al Gobierno a "informar sobre el contenido" de su vis a vis en Suiza, así como de los "acuerdos alcanzados" y la "identidad de los mediadores internacionales".
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