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Para sorpresa de un buen grupo de Estados miembros, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que concluye el 31 de diciembre, pasándole el testigo a la presidencia belga, volverá a llevar el martes que viene la cuestión del reconocimiento del euskera, catalán y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea al Consejo de Asuntos Generales. No saldrá adelante, no hay apoyo ni ganas de abordar el debate. Pero esta vez la presidencia podrá explicar que ya hay un informe preliminar de la Comisión Europea sobre los costes financieros que provocaría dicha medida, un documento que han adelantado El País y eldiario.es y al que ha tenido acceso El Confidencial. En él se detalla que el coste será de 132 millones de euros anuales, un montante que el Gobierno se ha comprometido a asumir.
Los cálculos de los técnicos comunitarios se han basado en los costes que generó la adopción del gaélico cuando fue reconocida como una lengua oficial de la Unión en 2015. Entonces fueron unos 37 millones anuales que ahora, debido a la inflación, se sitúan en unos 44 millones por lengua. El compromiso de hacer oficial los tres idiomas fue parte del acuerdo para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados y para Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, se trataba de un paso importante. También lo es para el Gobierno vasco, que reclama que es el momento de dar el paso después de que en 2005 ya se acordara el uso de estas lenguas para algunos usos administrativos.
“Una vez que el Consejo adopte una posición formal sobre esta cuestión y las autoridades españolas hayan indicado su enfoque respecto de una serie de cuestiones como, por ejemplo, un régimen transitorio, la Comisión podrá presentar una declaración financiera completa en un proceso interinstitucional formal”, ha explicado un portavoz del Ejecutivo comunitario, que ha confirmado que el coste total ascendería a 132 millones de euros al año. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, anunció que había pedido a la Comisión Europea esta estimación durante el Consejo de Asuntos Generales de octubre. Su presencia en estas reuniones, a las que normalmente acude el secretario de Estado para la Unión Europea, ha sido una demostración de la importancia que Moncloa ha otorgado a esta iniciativa.
Sin embargo, esta medida no saldrá adelante. Hay oposición en un buen grupo de países que en Consejos anteriores ya han mostrado sus reticencias. Incluso al ver el asunto de vuelta en la agenda algunos países se han sorprendido. “Estamos de vuelta un poco sorprendidos de que aparezca como una adopción”, explicaba esta semana una fuente diplomática, haciendo referencia a que la presidencia española del Consejo, que controla la agenda de la reunión, indicaba en el documento que existía la posibilidad de una adopción, algo que las fuentes descartan por completo. Algunas fuentes diplomáticas consultadas, que entienden el trasfondo político de la iniciativa española, señalan que el asunto desaparecerá de la agenda cuando finalice este semestre.
Uno de los intentos de Albares por convencer a sus colegas de dar pasos en la dirección de adoptar estas lenguas como oficiales de la UE fue proponer una introducción escalonada. Y ese es el escenario también sobre el que ha trabajado la Comisión Europea. “Dado que un régimen lingüístico completo e inmediato para los tres idiomas tendría un impacto en la capacidad de cumplir las obligaciones establecidas por el Reglamento, suponemos que habría un período gradual para desarrollar la capacidad interna (organización de concursos, contratación, etc.), capacidad externa (contratación mediante acuerdos de subcontratación) antes de llegar a un régimen lingüístico completo. Este régimen gradual mitigaría algunos de los costos mientras dure. La colaboración con las autoridades irlandesas para el desarrollo de capacidades se lleva a cabo al menos desde 2005”, señala el análisis del Ejecutivo comunitario.
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