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Tapar la letra E de España de las matrículas vuelve a ser la propuesta de un independentismo que ha abierto varios frentes para tensar a la sociedad catalana como única forma de asegurar su supervivencia. Las organizaciones secesionistas quieren hacer ver a los ciudadanos que llevar la E en la matrícula es “símbolo de vasallismo y de colonización”. Desde las administraciones se ha avisado en muchas ocasiones de que las matrículas no se pueden manipular, pero los independentistas insisten en borrar la E de España de las placas y sustituirla por las siglas CAT.
Desde algunas plataformas, webs y medios de comunicación independentistas se comenzó esta semana una intensa campaña asegurando que “sustituir la E de España por el CAT de Catalunya ya es legal”. Aluden los medios a un fallo de un juzgado coruñés tras al recurso del secretario de Organización del BNG, Bieito Lobeira. La sentencia estima el recurso y revoca la sanción de 200 euros, invocando el artículo 96.2 de la Ley de Tráfico. Tras varios recursos, Lobeira ganó el procedimiento administrativo.
Ante ello, altos dirigentes independentistas argumentan que Tráfico ha reculado y ahora admite que se puedan alterar las matrículas, tras el fallo de Lobeira. Pero en realidad, ese fallo es de hace casi 3 años y no denota que Tráfico haya variado sus normas, como afirman los soberanistas.
Es más: pocas cosas han cambiado. Hace unos meses, fue multado el dirigente de la ANC David Miñana por llevar el CAT tapando la E de España. En febrero pasado, el escritor Jordi Cabré fue multado por la Guardia Urbana por haber alterado la matrícula de su moto. Los independentistas aducen que la ley no especifica que debe ir la E de España en las matrículas, pero sus argumentos son falaces. Por un lado, la normativa europea obliga a identificar las matrículas asignando a cada país un distintivo (en el caso de España, la E; en el de Portugal, la P; o en el de Francia la F).
Por otro lado, la ley sí especifica cómo han de ser las matrículas y cómo están compuestas. El artículo 49.4 de la Ley de Tráfico dice que “queda prohibido que en las placas de matrícula se coloquen, inscriban o pinten adornos, signos u otros caracteres distintos de los señalados en el anexo XVIII”.
Y el anexo XVIII especifica que la matrícula ha de llevar 4 cifras y tres letras (suprimiéndose las cinco vocales y las letras Ñ y Q) y, “en la parte izquierda de la placa de matrícula se incluirá, sobre una banda azul dispuesta verticalmente, el símbolo de la bandera europea, que constará de 12 estrellas de color amarillo, y la sigla distintiva de España representada por la letra E de color blanco, de acuerdo con el cuadro 5 del presente anexo”. Curiosamente, en la multa recurrida por el dirigente del BNG no figura el artículo 49.4 de la ley, sino el 49.2, que nada tiene que ver con la composición de la matrícula.
Negocio para los abogadosLos abogados no pierden comba y han visto un nicho de posibilidades que, al menos, les acredita ante un colectivo extremista y ultrarradical. “¿Te han multado por el CAT? En España no es ilegal. En Francia, sí. No pagues e interpón un recurso inmediatamente en base a la resolución administrativa al miembro del BNG. Espera que te llegue la anulación. Con ella, interpondremos demanda por prevaricación y/o delito de odio”. En Cataluña, quienes ponen multas son los Mossos d’Esquadra y las policías locales, aunque hay casos de matrículas alteradas que han sido multadas por la Guardia Civil fuera de los límites territoriales de Cataluña.
También quieren aplicar ese mismo baremo a los empleados de las ITV, que pueden denegar la pegatina si hay ilegalidades en la matrícula. Aunque desde el colectivo de abogados Casandra afirman que no han tenido constancia de ningún conflicto con ITV, afirman que sólo pueden denegar la inspección cuando la placa esté deteriorada. Y ante la pregunta de un activista afirman que “en todo caso, sería una iniciativa individual de alguien con efecto de portero de discoteca, como el de todos los agentes que multan por esto. Proponemos prevaricación”.
La estrategia, pues, es clara: ir contra el policía o el técnico que interpone la sanción, no contra la administración. “Es un ejercicio de matonismo, de amenaza y de presión personal para los agentes, que, sin embargo, están cubiertos por la normativa”, explica un alto cargo de una plataforma constitucionalista a El Confidencial. José Domingo, presidente de la plataforma Impulso Ciudadano, señala a El Confidencial que “el fallo de Galicia no es actual. El independentismo ha rescatado esta cuestión ahora para marcar territorio. Sólo quieren iniciar una polémica en un tema que la sociedad ya tiene asumido. Lo que omiten es que hay decenas y decenas de sentencias judiciales que avalan las sanciones y no sólo una resolución administrativa que, por cierto, no crea jurisprudencia”.
Es más: los concesionarios de coches pactaron con todos los partidos (y en eso hubo unanimidad) en obviar cualquier referencia autonómica en las matrículas. De esa manera, se evitan “problemáticas de identificación” e incluso actos de vandalismo contra vehículos por parte de extremistas en comunidades que no son las suyas. “Fue una medida consensuada por todos los partidos y que no generó ningún tipo de conflictividad”, subraya el presidente de Impulso Ciudadano.
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