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Cuatro de las diez obras del Ministerio de Transportes señaladas por la Guardia Civil como claves en la trama de supuesta corrupción que se atribuye a Santos Cerdán están en Andalucía. Dos de esos trabajos fueron adjudicados a Obras Públicas y Regadíos (OPR), la empresa granadina donde trabajaban Antonio y Daniel Fernández Menéndez, el primero de los cuales fue, durante 18 meses, coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Esta intrincada cadena es la que une el caso Cerdán con Andalucía en un momento clave para la mayor federación del PSOE, ya que falta apenas un año para que se abran de nuevo las urnas en la comunidad más poblada del país.
El oficio que la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado remitió al Supremo el pasado 24 de junio permite rastrear la importancia que han tenido las obras públicas realizadas en Andalucía para el cobro de supuestas mordidas que investiga el magistrado Leopoldo Puente.
El más importante de los contratos que el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha en la comunidad en los últimos años está relacionado directamente con la trama. Se trata el de ampliación y sustitución de tirantes del Puente del Centenario de Sevilla, que se adjudicó a la UTE formada por Acciona, Tecade y Freissynet en mayo de 2021 por 86 millones de euros. Las obras, que no tienen fecha de finalización, acumulan ya un presupuesto de 102 millones de euros tras las ampliaciones del contrato por el alza de los costes del material y la propia complejidad de los trabajos.
"Yo entiendo que se está jugando la vida", dijo Koldo García Izaguirre en una conversación interceptada por la UCO sobre el interés de Cerdán por esta obra. El propio exsecretario de Organización del PSOE explicó en sede judicial que su urgencia por agilizar este contrato buscaba mejorar las expectativas electorales del entonces alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que se jugaba la reelección. Otra de las empresas vinculadas a la trama, Levantina Ingeniería y Construcción, tenía intereses en otra obra en Sevilla, la duplicación de la nacional IV entre las localidades de Dos Hermanas y Los Palacios por un valor de 4,5 millones.
Más relevancia tienen los contratos concedidos a la citada OPR, empresa radicada en Granada que recibió en Andalucía un contrato para la autovía A-32 (Linares-Albacete) y la N-322 que une Córdoba con Valencia, aunque en el tramo que pasa por Jaén, entre las localidades de Úbeda y Torreperogil. En este último proyecto se realizó un desembolso de 35,7 millones de euros. En una empresa granadina, por medio de OPR, estuvo trabajando la mujer de Koldo García Izaguirre, Patricia Uriz, con cobros por hasta 14.000 euros, a pesar de que la sede está en la localidad granadina de Baza, con la que Uriz no tiene relación.
Lo más llamativo del papel de OPR es que pertenecía a los hermanos Fernández Menéndez. Antonio, al que se conocía como Toño, fue asesor de la Delegación del Gobierno en Andalucía bajo el mandato del actual responsable del Ejecutivo en la comunidad. Pedro Fernández, el actual delegado del Gobierno en Andalucía, contrató a Fernández Menéndez entre abril de 2021 y octubre de 2022 en un cargo de nueva creación y fue en ese periodo cuando los investigadores de la UCO situan una conversación del empresario bastetano con Koldo García Izaguirre.
"No hay ninguna diligencia que me afecte", defendió en su momento Pedro Fernández, que además de delegado del Gobierno es, desde marzo, secretario general del PSOE de Granada tras la renovación auspiciada por María Jesús Montero. Las pesquisas realizadas hasta ahora no han vuelto a señalar al político socialista, pero su excoordinador estuvo hace apenas unos días en el Tribunal Supremo, donde declaró en calidad de investigado después de que le fuera incautado un móvil para analizar las conversaciones guardadas en él.
Tras su declaración en el Supremo, el magistrado les ha impuesto comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a sus domicilios. Ambos admitieron que los contactos con la trama, en la que también está implicado el exdirector general de Carreteras Javier Merino, pero negaron los pagos irregulares. Daniel Fernández fue el responsable de explicar el motivo que les llevó a favorecer la contratación de Patricia Uriz por la empresa Áridos Anfersa y que fue el propio Koldo quien le pidió trabajo para su esposa.
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