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La Comisión Permanente del Consejo de Estado considera “muy elevadas” las sanciones de hasta 2,5 millones de euros a los periodistas que publiquen información que el Gobierno haya declarado “alto secreto”, como adelantó El Confidencial. Es una de las conclusiones del borrador del dictamen elaborado por la comisión permanente del máximo órgano consultivo del Estado en asuntos constitucionales, que será sometido a debate en el Pleno del próximo jueves 17.
Con carácter previo a cualquier otra consideración, el dictamen, de 99 páginas, señala que el régimen de infracciones y sanciones administrativas que prevé el anteproyetco de ley es “una de las principales novedades”, pues en la ley de Secretos oficiales de 1968, aún en vigor, no está previsto un régimen administrativo sancionador. “Sólo existe un régimen penal y disciplinario -no un régimen administrativo sancionador- en la materia”.
“El artículo 42 del anteproyecto contempla sanciones de multa muy elevadas que, en el caso de las infracciones muy graves, pueden llegar a los dos millones y medio de euros”, subraya el dictamen, que advierte de que puede tener un efecto negativo sobre el trabajo de los periodistas.
“Puede provocar el chilling effect, es decir, existe el riesgo de que los castigos impuestos por la seguridad nacional sean capaces de desincentivar el ejercicio de derechos fundamentales, como sucedería con la libertad de información de los periodistas”, apunta. Es más, añade que se trata de una cuantía que, a pesar de que cumple con una función “preventiva y represiva”, parece “excesivamente elevada viniendo de una situación anterior en la que no existía régimen sancionador alguno ni se consideró necesario para la protección de la defensa y seguridad del Estado”.
Cuatro categoríasEl anteproyecto establece cuatro categorías de información clasificada, que es aquella que requiere de una protección especial frente a su revelación no autorizada o utilización indebida: "Alto secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido", que se corresponden con "los cuatro grados de intensidad con los que puede verse afectada la seguridad y la defensa del Estado".
En relación con las dos primeras, la competencia corresponderá exclusivamente al Consejo de Ministros, que también tiene la potestad de reclasificar o desclasificar. "Se considerará infracción muy grave la difusión, por cualquier medio, de información clasificada en las categorías de «alto secreto» o «secreto» a la que se haya tenido acceso de conformidad con lo dispuesto en esta ley o (a través de) un acceso fortuito, sin necesidad de conocer", explica el Gobierno, que añade otras diez causas para incurrir en la infracción más grave, como la no entrega de esa información "a una autoridad o funcionario público a la mayor brevedad posible", o la entrega a una potencia extranjera. En el caso de los documentos confidenciales, la infracción será "grave" (de 30.001 euros a 800.000) y en los restringidos será "leve" (Hasta 30.000 euros).
El dictamen de la comisión permanente del Consejo de Estado pone el acento en que el régimen de infracciones y sanciones administrativas es aplicable "a toda persona física o jurídica, cualquiera que sea su condición, lo que incluye tanto a autoridades y empleados públicos como a particulares”. Esto incluye a los profesionales de la información.
Así, el borrador del Consejo de Estado considera “oportuno” concluir que no hay ninguna consideración al anteproyecto “que se haya considerado esencial en términos de legalidad”, pero sí varias que deben ser especialmente tenidas en cuenta por el Ministerio de Justicia.
El Consejo de Estado advierte también de otro “desajuste”, en este caso relacionado con la tramitación del anteproyecto de ley de Información clasificada, dado que se inició “hace casi tres años”. En ese primer momento, el Gobierno declaró la urgencia del expediente, pero, tras la celebración de las últimas elecciones generales, ha permanecido paralizado durante más de dos años hasta que, en fecha reciente, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha retomado la iniciativa, aunque sin la urgencia que inicialmente se le había atribuido.
Así, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizaron sendos informes sobre el primer anteproyecto, mientras que el Consejo de Estado lo ha realizado sobre el último. “Una ordenada tramitación del expediente hubiera evitado este desajuste, que podría llegar a confundir a quienes en sede parlamentaria consulten tales informes durante el procedimiento legislativo posterior”, advierte el dictamen.
De Robles a BolañosOtro aspecto en el que se fija el Consejo de Estado tiene que ver con el cambio que introduce el anteproyecto en relación con la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que ha pasado de depender del Ministerio de Defensa, en manos de Margarita Robles, a hacerlo del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
Más allá de las consideraciones políticas que supone arrebatar este poder a Robles y entregárselo al poderoso triministro Bolaños, esta modificación requiere, a criterio del Consejo de Estado, una regulación legal “más completa y precisa” y sugiere que se evalúe el eventual impacto presupuestario en función de que se utilicen estructuras administrativas ya existentes o sea necesario crear unas nuevas.
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José Antonio Zarzalejos
El próximo jueves 17, el pleno del Consejo de Estado debate este dictamen. Tras su previsible aprobación, el Gobierno deberá decidir si incorpora sus recomendaciones antes de llevarlo al Consejo de Ministros, paso previo a la tramitación parlamentaria.
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