El presidente del Gobierno envía una carta a los presidentes autonómicos en vísperas de la reunión del viernes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este miércoles una carta a todos los presidentes autonómicos para llamarlos a alcanzar un "acuerdo estatal" por la vivienda en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Barcelona. La misiva recoge tres propuestas entre las que se incluyen un aumento de la financiación en esta materia hasta destinar en conjunto el Gobierno y las comunidades autónomas 7.000 millones de euros en los próximos cinco años, así como blindar la protección de las viviendas públicas y crear una base de datos "pública" y "fiable" para combatir el "monopolio" de los portados inmobiliarios privados. "Más financiación pública, menos especulación y más transparencia", resume el líder socialista.
Sánchez quiere aprovechar así la cita de este viernes para arrancar el compromiso "recíproco" de las comunidades de "triplicar" la inversión pública en vivienda, articulando a través del próximo Plan Estatal 2026-2030 unos 7.000 millones de euros para construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler frente a los 2.300 millones movilizados en la anterior estrategia 2022-2025. Según el planteamiento recogido en la misiva, el presidente del Gobierno se compromete a que sea el Ejecutivo central quien aporte la mayor parte de ese monto. En concreto, ofrece movilizar 4.000 millones de euros siempre y cuando las comunidades autónomas aporten al menos 2.700 millones adicionales.
El líder del Ejecutivo plantea así aumentar los recursos destinados a las políticas de vivienda, pero también busca "una mayor corresponsabilidad" de los responsables autonómicos. "La política de vivienda es una competencia compartida y las comunidades autónomas nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora", les expone en la carta, a la que ha tenido acceso 20minutos, que llama a destinar estos recursos públicos a construir y rehabilitar más vivienda pública tanto en régimen de propiedad como de alquiler.
En esa línea, la segunda pata de la propuesta de acuerdo puesta sobre la mesa es precisamente blindar la protección de las viviendas públicas. "Propongo que vinculemos esta nueva inversión al compromiso de blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública", plantea Sánchez, que reconoce que la "práctica totalidad" de los más de 2,4 millones de pisos protegidos construidos con dinero público a lo largo de los últimos 45 años han sido descalificados y han acabado vendiéndose en el mercado libre a preciso elevados. "Muchas fueron capturadas por la especulación y los fondos buitre. Esto, además de suponer un mal uso de los impuestos de los contribuyentes, nos ha alejado del objetivo de tener un 8% de vivienda pública y social, que es la media actual de la UE", lamenta la misiva.
"Mi propuesta es que pongamos fin a esta terrible sangría y que todos nos comprometamos a que las viviendas que se financien con dinero público mantendrán de forma permanente su calificación de 'vivienda protegida'", explica el texto firmado por el presidente del Gobierno. El objetivo de esta iniciativa, que el PSOE ha puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones, es lograr un parque de vivienda protegida "amplio" que ofrezca "una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía" y permita "contener los precios", sobre todo en las zonas más tensionadas.
Además, Sánchez llama también a acabar con el "monopolio de la información" que tienen los portales inmobiliarios privados -como Idealista o Fotocasa- y crear una base de datos pública que permita a las administraciones y a la ciudadanía conocer los "precios reales" de compraventa y de alquiler. De este modo, el presidente del Gobierno pretende insertar "más transparencia" al mercado inmobiliario, bajo la convicción de que "la falta de información impide a los gobiernos diseñar mejores políticas públicas e impide a las personas negociar de forma adecuada el precio de su casa".
"En este momento no existe una base de datos pública y fiable que permita a las administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en su ciudad. Las únicas opciones son la opacidad o algunos portales privados de dudosa fiabilidad", plantea la carta dirigida a los presidentes autonómicos. Sánchez propone "corregir" esta situación invitando a todas las administraciones a volcar sus datos en