Rego prevé empezar los traslados de menores migrantes en agosto pese a las "resistencias" del PP

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado este viernes que las derivaciones de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias o Ceuta a otros territorios empezarán, previsiblemente, en el mes de agosto, pese a las "resistencias" de las comunidades del PP.

Así lo ha señalado la ministra tras presidir la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este viernes en Madrid, que ha durado unas dos horas y en la que el Gobierno ha informado a las comunidades sobre el real decreto que detalla cómo se realizarán los traslados de los menores.

Rego ha lamentado que las comunidades presididas por el PP han vuelto a acudir a esta reunión "con las manos vacías, simplemente a poner palos en las ruedas" pero ha recalcado que lo tratado hoy en referencia al decreto era a modo "informativo", por lo que "todo sigue su curso".

En la misma reunión se ha aprobado la distribución de 22 millones de euros para Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) e Islas Baleares (2), como parte de una partida presupuestaria que el Ministerio da todos los años desde 2022 a las comunidades con mayor presión en sus sistemas para ayudarles con los esfuerzos de acogida.

"No tenemos más capacidad"

El portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño, ha advertido este viernes de que en la Región de Murcia "no tenemos más capacidad para acoger y para atender como se merecen a más migrantes" y ha insistido en que los recursos en esta comunidad "están absolutamente tensionados".

Ortuño ha hecho estas declaraciones al ser preguntado en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno sobre la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que celebran este viernes el Gobierno de la Nación y las comunidades para abordar la distribución de menores migrantes no acompañados.

El dirigente regional ha criticado al Ejecutivo central por "seguir trabajando de espaldas a las comunidades" y ha denunciado que "todavía seguimos sin conocer qué criterios va a utilizar para el reparto de esos menores".

Page se suma a los barones del PP y lleva al TC el decreto del reparto de menores migrantes

EFE

"No recurrimos para no atender. Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios", ha argumentado la portavoz en rueda de prensa

Asimismo, ha puesto en valor que la Región de Murcia recibió el año pasado "más de 500 menores migrantes" y en la actualidad alberga "el mayor campamento de migrantes de toda la península con 1.000 personas". "Nadie puede poner en duda la solidaridad de la Región", ha remarcado. Además, ha avanzado que el Gobierno murciano "va a pedir que se tengan en cuenta las singularidades de la Región", especialmente por la "presión migratoria propia" que sufre.

Por su parte, Aragón también ha mostrado su rechazo. El gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, ha apuntado a la "posible inconstitucionalidad" del primer real decreto ley al entender que "invade competencias autonómicas" y que vulneran tanto "los derechos de los extranjeros en España" como "los derechos de los menores", el Estatuto de Autonomía de Aragón, la Ley autonómica de Infancia, la Ley aragonesa de Servicios Sociales y la norma que regula el IASS.

"Es una imposición que incumple la Constitución e invade las competencias autonómicas"

Asimismo, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha insistido en que la reubicación de menores migrantes no acompañados es una "imposición" del Gobierno central, quien, como ha señalado, no ha ofrecido información a las autonomías sobre cuántos podrían ser traslados, y ha asegurado que el Ejecutivo regional recurrirá también el Reglamento que desarrolle el Real Decreto Ley.

Madrid, tras la reunión, ha insistido en el "tensionamiento y colapso" de centros de menores migrantes en la sectorial de Infancia. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha añadido: "Es una imposición que incumple realmente la Constitución porque habla de derechos fundamentales cuando no es la norma que debe hablar de ello y porque además invade flagrantemente competencias autonómicas en base a la protección de los menores",

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