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Cuando Julio César Sánchez y sus compañeros llegaron al lugar del incendio, lo tuvieron bastante claro. Aquel fuego lo había originado una línea eléctrica. “Esta vez fue fácil, el material calcinado del cable metálico había caído al suelo y dejado una mancha que pudimos ver, pero no es habitual que sea tan sencillo”, cuenta mientras muestra los últimos restos de aquel percance que quemó cerca de mil metros junto al río Tiétar. Este agente del medio natural de la comarca de la Vera, en la cara extremeña de la sierra de Gredos, lleva alrededor de 14 años vigilando uno de los entornos forestales más frondosos, y delicados, de la región. Por eso, no le resulta extraño hablar de cómo algunas de las larguísimas líneas de tensión que llevan la luz a tu hogar pueden estar detrás de decenas de incendios.
Cada verano, España sufre una nueva oleada de fuegos. Se habla mucho de los provocados por pirómanos o de los generados por colillas tiradas desde los coches. Pero no son los únicos orígenes de las tragedias. Problemas como el de las líneas eléctricas viven enterrados a pesar de que son agentes clave. Solo en Villanueva de la Vera, municipio donde tiene su base Sánchez, entre 2001 y 2016 (últimos datos disponibles), los problemas con estas líneas generaron 10 incendios y quemaron más de 100 hectáreas. El número puede ser aún más alto, ya que no siempre es posible esclarecer la causa a tiempo y esa información queda fuera de unas estadísticas que se cortan hace casi una década. Sin ir más lejos, en 2022 las autoridades señalaron al mal estado de una línea como causante de un fuego que quemó más 6 hectáreas en una urbanización del municipio.
“Es un problema importante, sobre todo en entornos como el nuestro. Nuestros municipios son muy extensos, con viviendas y naves desperdigadas por todo un territorio lleno de bosque. Eso provoca que haya una gran cantidad de torres secundarias que sirven luz a esas instalaciones y necesitan un mantenimiento que puede no ser el correcto”, detalla el agente de 57 años, que forma parte de la Asociación de Agentes del Medio Natural de Extremadura. “El peligro no es tanto por las grandes estructuras de alta tensión que nos vienen a todos a la cabeza, sino de construcciones de media tensión, de distribución, que tienen propiedad particular y cuya infraestructura es más habitual que se vea deteriorada y suponga una amenaza para el bosque por su altura”.
España maneja 600.000 datos para evitar los incendios, ¿por qué este pueblo sigue ardiendo cada año?
Marta LeyLa sensación e información que transmiten varios de los expertos consultados es que estos incendios están a la orden del día, y la negativa de los consistorios a hablar sobre este problema (El Confidencial contactó con hasta cinco de los ayuntamientos más afectados, pero ninguno ha querido hablar del asunto) muestra que es un tema delicado. Sin embargo, la falta de información que ofrece España sobre incendios forestales y la mala calidad de los datos, han convertido estos fuegos en otro agujero negro. Es imposible saber cuántos se han producido por problemas en el tendido eléctrico en los últimos 10 años. Solo puedes hacerte una idea echando un ojo a las noticias que dan los medios.
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Según las últimas cifras disponibles, que datan de 2016, este tipo de incendios suponen un 1,4% del total de todos los que se han dado en nuestro territorio. "Intuyo que con los años irá aumentando", advierte Víctor León, agente de medioambiente del Cabildo de Tenerife y miembro de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales. "Nos preocupa un montón porque es un tema que está yendo a más", dice. Sin embargo, no hay datos recientes sobre el fenómeno. Por eso, mucha información queda a merced de sensaciones o de la intuición.
El Confidencial y Divergente han colaborado en una investigación conjunta, con financiación de IJ4EU, para analizar el impacto de los incendios provocados por líneas eléctricas y otras causas.
Carlos Madrigal, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, por ejemplo, tiene una opinión diferente. "Mi percepción es que esa casuística está disminuyendo y que vamos a mejor, al menos a nivel nacional", aunque no descarta que en algunas zonas el problema haya crecido, como reseña el agente de Tenerife.
La evolución en los años con información disponible no muestra una tendencia clara. De media, se producen cerca de 200 incendios al año en los que se identifica relación con una línea eléctrica y en 2005 se registraron hasta 300. El peso de esta causa sobre el total ha alcanzado porcentajes más altos en los últimos años de la serie. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en casi la mitad de los incendios registrados se desconoce la causa, por lo que estas cifras podrían ser más altas.
Incluso dentro de los que sí se catalogan como incendios provocados por líneas eléctricas, en la inmensa mayoría de los casos no se especifica qué pasó. Solo en unos pocos se indica que ha sido por rotura del tendido, impacto o contacto con fauna o vegetación o si se ha caído una torreta.
Justo Sánchez tiene estos días un curso de prevención sobre los problemas que se originan entre la fauna y las torretas. "Los problemas con las aves son los más llamativos, pueden provocar incendios, pero sobre todo es que cada año muere una gran cantidad ejemplares por apoyarse en las líneas. De ahí que ahora estén obligando a poner unos recubrimientos de una especie de plástico de distintos colores, para que se puedan posar sin miedo", señala bajo una de estas nuevas instalaciones. "No es raro que algún tipo de rapaz, por ejemplo, se pose en una torreta, se electrocute y caiga ardiendo al suelo. Si el mantenimiento está bien hecho no generará mayor problema, pero si hay vegetación puede salir ardiendo todo".
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Montado en un Nissan Terrano que ya ha vivido sus mejores años, el agente se mueve por la comarca de la Vera como si fuese su casa. Lleva 14 años patrullándola y reconoce casi cada camino. "En el caso de los incendios provocados por las torretas, el problema que suele ocurrir, al menos en lugares como este, es que puedan llegar a entrar en contacto con las copas de los árboles generando un cortocircuito que incendia el material y empieza a quemar la vegetación alrededor", cuenta mientras conduce. "Hay una empresa que se encarga de que esas cosas no pasen y nosotros debemos dejarles que trabajen aunque tengan que cortar árboles importantes. Pero obviamente esto es tan grande que puede haber descuidos", añade.
Un trabajo a ciegasEl de las líneas eléctricas es un ejemplo perfecto para entender lo que supone tener tan mala información sobre algo como los incendios forestales. Ante la oscuridad de los datos, es imposible saber si el problema ahora es mayor que antes o si ha cambiado alguna tendencia, por lo que tampoco es fácil insistir en que haya que poner más o menos medidas. Ante esta situación todo se mueve en registros internos y movimientos a ciegas.
Sánchez, agente desde hace décadas, hace hincapié en esas políticas y las diferencias territoriales. Por ejemplo, en Extremadura los agentes no tienen equipos que se especialicen solo en investigación de incendios, sino que se encargan de la dirección de los mismos y la investigación es algo complementario. "Ahora hemos conseguido que nos den una mochila con equipo para investigar, que ha sido un avance importante, pero seguimos por detrás de otras comunidades como la de Madrid, donde hay equipos para dirección y equipos para investigación", detalla mientras muestra un estuche con señalizaciones y objetos para analizar las pruebas. "Hacemos mucho trabajo de prevención y vigilancia, pero cuando un incendio se inicia, buscar evidencias se complica mucho".
"Investigar incendios forestales no es sencillo", apunta Madrigal, que recalca la importancia de las brigadas de investigación que acuden cuando se produce un fuego con el objetivo de recopilar información para determinar la causa, algo que para el técnico es "lo más difícil incluso teniendo pruebas evidentes y claras". En muchos casos, cuenta, al final no es posible demostrar nada: "En un litigio es complicado demostrar la causa final y un juez tiene que estar totalmente seguro". Pero a pesar de las complicaciones, en su opinión, la investigación debería ser un pilar para que las administraciones pudieran detectar un problema y buscar soluciones.
El caso más famoso de fuegos que empezaron con este problema ocurrió el 25 de marzo de 2014. Ese día se declaró un incendio en la Sierra de Gádor (Almería) que arrasó 3.200 hectáreas. Tras identificar la causa, a saber, el mal estado de mantenimiento de una línea de baja tensión propiedad de Endesa, la Junta de Andalucía demandó por la vía civil a la energética. Casi diez años después y con tres instancias judiciales de por medio, en junio de 2023 la empresa fue condenada a indemnizar a la Junta de Andalucía con 8,4 millones de euros. "Se concluyó que no existía responsabilidad penal por parte de la distribuidora y que no se había actuado de forma imprudente, aunque no se pudo acreditar que un tercero había provocado el siniestro", afirman desde Endesa.
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El de la Sierra de Gádor es el incendio provocado por líneas eléctricas que más hectáreas quemó de los 3.500 que figuran en la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) por esta causa. Estos datos abarcan el periodo desde 2001 hasta 2016.
Un caso aún más grave en la península fue el del incendio la Sierra de Monchique, en el Alvarge, en agosto de 2018, en el que se calcinaron 27.000 hectáreas. La Policía Judicial llevó a cabo durante meses una larga investigación de la que concluyó que el fuego se inició después de que una rama de eucalipto tocara un cable de distribución de electricidad de media tensión. Pero demostrar la responsabilidad no es tarea fácil. Tras analizar la acusación y la defensa de EDP Distribución, el juez Fábio Gulpilhares consideró, en febrero de 2022, que no existían fundamentos para llevar a juicio a la empresa. “EDP siempre negó estar implicada en el asunto. La empresa siempre invertía mucho dinero en estos procesos judiciales para conseguir testimonios y dictámenes de aquí y de allá”, acusa el director del Centro de Estudios sobre Incendios Forestales (CEIF) de la Universidad de Coimbra, Domingos Xavier Viegas.
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Este investigador también fue uno de los principales defensores de la condena de EDP Distribuição en el incendio de Pedrógão Grande en 2017. Escribió un informe sobre este incendio, en colaboración con otras figuras del CEIF, en el que afirma que el fuego se inició «en una descarga eléctrica generada por el contacto de la rama de un árbol con los conductores de la línea de media tensión de EDP». Ante el juez, en el tribunal, repitió lo que para él es la “verdad indudable” de lo ocurrido. “En Pedrógão, llegaron a obtener imágenes satelitales que muestran sombras que dicen que son personas que pasan y que podrían haber provocado el incendio…” , afirma, acusando a EDP de falsificar pruebas y, posteriormente, de perseguir a quienes refutan la versión presentada por la empresa.
¿Quién es el culpable?Volviendo a España, de esos 3.500 casos inventariados en España hay muchos en los que, aunque se ha determinado la causa, el culpable no acaba pasando por un banquillo. En el caso que ponía Sánchez al inicio del reportaje asegura que se vio que el responsable era la Confederación Hidrográfica del Tajo, gestora de las torres junto al río Tiétar, pero pese a que el caso se elevó, no acabó en juicio. "Las torretas tienen su matrícula particular y esta está registrada en nuestros sistemas. Una vez que haces toda la investigación y detectas que ahí está el origen lo trasladas señalando a su propietario, lo que pase luego ya no es cosa directamente nuestra", cuenta.
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La mayoría de estos propietarios tienen a su vez subcontratado el mantenimiento y agentes como Sánchez son los encargados de velar porque esas empresas también cumplan con su trabajo y no pongan en riesgo el entorno, pero no es fácil. "Hay muchísimas torres particulares que incluso quedan instaladas pese a que no se usen.Y tienes kilómetros y kilómetros para vigilar", detalla.
León, por su parte, coincide en que, en Canarias y en concreto en Tenerife, el principal problema no es tanto con la alta tensión, para la que existe mayor regulación en materia de prevención, sino con los riesgos asociados a la distribución y el alumbrado. Y señala a los entes públicos. "Los ayuntamientos son quienes se encargan del mantenimiento de esto y nos estamos encontrando con barbaridades", denuncia en alusión, por ejemplo, a lo que él llama "árboles de Navidad", que son "farolas rodeadas, incluso colapsadas, de vegetación". En definitiva, León constata la "falta de mantenimiento y de inversión" en todos los niveles pero especialmente en el local.
La ubicación de estos incendios permite ver dónde son más comunes. Con mucha diferencia, Cáceres es el municipio que más fuegos de provocados por líneas eléctricas registra: hubo 27 entre 2001 y 2016, casi dos por año. Coincide, eso sí, que se trata del pueblo con mayor superficie de España, 1.750 km2. Le siguen Talavera de la Reina (18), Trujillo (17), Tarifa (17), Córdoba (16) y Cartagena (16).
Pero si hablamos de superficie quemada, además de Alhama de Almería, municipio afectado por el fuego de la Sierra de Gádor, están Garafía (Santa Cruz de Tenerife), Valdés (Asturias), Lújar (Granada), Lucainena de las Torres (Almería), Seròs y Agramunt en Lleida y Cebreros, en Ávila. En todos ellos se han superado las 1.000 hectáreas de campo quemado por este tipo de incendios. El Confidencial intentó ponerse en contacto con los consistorios de varios municipios de la lista de los más afectados, entre ellos Talavera de la Reina y Cebreros, para conocer detalles sobre sus casos sin recibir respuesta alguna.
La prevención: una obligación legalPara intentar controlar mejor el problema de las torretas, los incendios que asolaron el país en 2005 provocaron algunos cambios urgentes en materia de prevención. En concreto, se estableció que los titulares de redes de distribución y transporte de energía eléctrica eran los responsables de mantener los márgenes por donde circulan las líneas limpios de vegetación para evitar la generación o propagación de incendios forestales. Además, el Ministerio de Transición Ecológica ha iniciado la tramitación de un nuevo real decreto para mejorar los tendidos y evitar así la muerte de aves que, a su vez, pueden provocar incendios.
Desde Endesa explican que, además de hacer aquello a lo que les obliga la ley, realizan inspecciones exhaustivas de la red para "detectar riesgos y corregir defectos". "El año pasado se realizaron más de 9.000 acciones correctoras de manera preventiva para minimizar todos estos riesgos", explican desde la energética. A estas inspecciones, hay que sumar la información registrada a través de cámaras termográficas instaladas en helicópteros, que detectan posibles sobrecalentamientos.
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"Muchas empresas usan esto como promoción, pero por detrás está la Ley de Responsabilidad Medioambiental que les obliga adoptar todas esas medidas", dice León. El agente cuenta que ha visto cómo en ocasiones, cuando a una gran empresa se le atribuye la responsabilidad de un incendio por falta de mantenimiento, éstas se gastan "una millonada" en abogados. "Buscan la manera de lavarse las manos y derivar la atención en otra dirección", opina.
En Redeia (antigua Red Eléctrica), la prevención se basa en unos "estrictos criterios de gestión forestal", explican. A esta labor, destinan en torno a 13 millones de euros anuales, la mayor partida presupuestaria de mantenimiento de líneas. Según la compañía, apenas registran incidentes y ven su red como "un verdadero mapa de cortafuegos de toda España" con una extensión de 48.000 kilómetros de líneas.
"En los últimos cuatro años no hemos provocado ningún incendio forestal", responden a la pregunta sobre cuántos fuegos registran al año en su red. Según la empresa, la altura de sus líneas, más altas que las de la red de distribución, facilitan el control de las distancias de seguridad con el arbolado.
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Desde Endesa, tampoco ofrecen datos sobre el número de incendios registrados en sus líneas, pero insisten en que esta causa es "muy minoritaria" frente a las más habituales, como los incendios provocados o relacionados con negligencias agrícolas. Por su parte, explican que "se llevan a cabo actuaciones específicas para reducir o eliminar tramos de red de baja tensión con cableado aéreo desnudo". En concreto, cada año sustituyen más de 130 km de estos cables, "lo que contribuye significativamente a la mejora de la seguridad de la red", explican. Otras empresas distribuidoras contactadas no han respondido a las preguntas de este periódico.
Al terminar la jornada, en uno de los cientos de caminos que recorren la comarca, Sánchez encuentra una torre de teléfono caída. Mira, lo apunta y observa a su alrededor buscando posibles desperfectos o detalles de cómo ocurrió esto. "Vivimos en un entorno salvaje, que crece y se recupera a marchas forzadas. Es algo genial, pero también evita que podamos ver muchos de los desperfectos y averigüemos lo que pasó. Pero bueno, hay que centrarse en que entre todos podamos cuidarlo lo máximo posible".