Dos de las asociaciones de fiscales plantarán a Álvaro García Ortiz en la reunión que ha convocado este martes para debatir la reforma del Estatuto del...
Dos de las asociaciones de fiscales plantarán a Álvaro García Ortiz en la reunión que ha convocado este martes para debatir la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que aprobó el Consejo de Ministros el martes pasado. Ni la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ni la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) acudirán a la cita, en la que sí estará presente la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Cada una de las asociaciones que han rechazado la convocatoria ha enviado un escrito al fiscal general del Estado para explicar los motivos que les llevan a ausentarse de la reunión prevista este martes. La carta de la Asociación de Fiscales, a la que ha tenido acceso este periódico, pone de manifiesto el "gravísimo retroceso" que a su juicio supondrá la reforma para "la autonomía institucional del Ministerio Fiscal".
El escrito de la APIF, consultado también por 20minutos, defiende que García Ortiz "carece de autoridad" para presidir la reunión, en tanto que está siendo investigado por el Tribunal Supremo. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, de hecho, es una de las acusaciones populares personadas en la causa que se sigue contra el fiscal general.
Ambas asociaciones desarrollan en sus mensajes dos cuestiones: su desacuerdo con las medidas contenidas en la reforma del Estatuto aprobada por el Gobierno y su rechazo a que Álvaro García Ortiz se mantenga al frente de la institución pese a estar imputado. Estas son, en definitiva, las razones que impiden a la AF y la APIF sentarse a debatir con el fiscal general.
La AF considera que la reforma, planteada por el Gobierno como una "adaptación a las exigencias europeas", "suena a mera excusa que se aprovecha para la consecución de otros fines ocultos". Una de las cuestiones esenciales de esta reforma es que se ha aprobado como la base para reformar también la ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). La reforma de la LeCrim para dejar la instrucción (la investigación de delitos, ahora a cargo de jueces instructores) en manos de la Fiscalía atiende una exigencia histórica de la carrera fiscal. También de las dos asociaciones que la rechazan.
La rechazan, según dice la AF, por "las numerosas deficiencias de técnica legislativa" de la reforma estatutaria, que a su parecer "refleja una insaciable voracidad de control de la institución por parte del fiscal general del Estado". La asociación subraya que el anteproyecto de ley aprobado atribuye al fiscal general "nuevas y numerosas facultades en materias como los nombramientos, la apreciación de las causas de incompatibilidad o el régimen disciplinario". Todo ello "en detrimento" de las facultades otorgadas al Consejo Fiscal.
La APIF coincide en señalar las deficiencias de la norma. Asimismo, subraya que la reforma del Estatuto "no ha sido consensuada por el fiscal general con esta asociación"; y el Gobierno tampoco "ha pedido a la APIF opinión o sugerencia alguna respecto a este texto prelegislativo". "No parece que tras esta actitud, a espaldas de esta asociación, la APIF deba, a posteriori, prestarse a una colaboración que entendemos estéril".
La AF, por su parte, entiende que la reforma estatutaria servirá tan solo para dotar de más poder al fiscal general (cuyo mandato se desligará de la legislatura del Gobierno y pasará a ser de cinco años), cuando debería suceder lo contrario. "El anteproyecto no dice nada sobre la autonomía presupuestaria ni reglamentaria, ni avanza en una materia tan sensible como la formación de los fiscales", añade la asociación, que también echa en falta "la necesaria modernización organizativa" de la institución.
De igual manera, la Asociación de Fiscales cree que el anteproyecto no ofrece a los fiscales investigadores la suficiente autonomía: "No se refuerzan sus garantías en la resolución de las discrepancias frente a órdenes ilegales o improcedentes". La AF concluye que el encuentro del martes es "una pantomima" organizada para "blanquear" el anteproyecto del ley de Moncloa.
Críticas a García Ortiz
Aunque los razonamientos sobre la reforma estatutaria podrían ser suficientes para que la AF y la APIF no acudan al debate del martes, hay un impedimento previo. Lo resume la AF al subrayar que no pueden "compartir espacios de diálogo y de encuentro con una Fiscalía General del Estado" liderada por una persona investigada en el Supremo. El deterioro institucional es "insoportable", apunta el escrito.
La APIF incide también en otro asunto que, a su juicio, afecta a la reputación de García Ortiz desde hace tiempo: la sentencia en la que el Supremo ordenó el ascenso de la ex fiscal general Dolores Delgado, propuesto por el a...