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Este sábado se registrará la mayor manifestación por la vivienda que ha visto España. Cuarenta localidades han organizado concentraciones a lo largo de todo el día para exigir una bajada general en los precios del alquiler, una mayor duración de los contratos de arrendamiento y una reforma legal que impida, o al menos obstaculice, la compra especulativa de vivienda.
El escenario amerita. Según datos del portal inmobiliario Fotocasa, los españoles ya dedican, en promedio, el 43% de su salario en pagar el alquiler, una cifra que está trece puntos por encima del 30% recomendado por la ortodoxia económica y que en ciudades como Madrid, Mallorca o Barcelona está en torno al 60%. Así, el Sindicato de Inquilinas, promotor de las movilizaciones del fin de semana, ha empezado en los últimos meses a desempolvar su bomba atómica: la huelga de alquileres.
Se trata de una medida desesperada que puede perjudicar a todos los implicados: a los inquilinos, que pueden encontrarse ante un desahucio, y a los propietarios, que pueden experimentar un agujero en sus presupuestos que afecte a su economía. Por eso, los primeros en probar esta nueva vía de protesta están siendo inquilinos que viven en bloques propiedad de fondos de inversión.
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En 2013, la alcaldesa de Madrid Ana Botella vendió 1.806 viviendas sociales al fondo de inversión Blackstone. Uno de esos bloques, en la calle Martín Muñoz de las Posadas 7, en el ensache de Vallecas, fue revendido a otro fondo, Azora, que lo gestiona en régimen de alquiler a través de su inmobiliaria, Nestar Homes. Allí, en torno a 30 inquilinos han denunciado al fondo por las cláusulas contractuales, que consideran abusivas y que se aprovechan del estado del mercado. Algunos de ellos, como el burgalés Rodrigo Sainz, han declarado la huelga parcial de alquileres. "Sigo pagando la renta mensual, pero no otros conceptos que considero un abuso, como el IBI o la comunidad, que son gastos del propietario, o un seguro de protección contra impagos que cuesta casi 500 euros anuales", explica a este periódico.
Este seguro, que protege al propietario, pero ha de pagarlo el inquilino, es fruto de la discordia en todo el sur de Madrid. Vecinos de Parla, Pinto, Villaverde o Carabanchel ya se están negando a abonarlo, mientras que otros intentan que el fondo les deje ver las pólizas sin éxito. Hay una tercera vía, representada por vecinas como Verónica Arias, que vive en el mismo bloque que Rodrigo, y que, después de quejarse, ha dejado de recibir la solicitud de pago del seguro. "No sé por qué, pero han dejado de pasarme el seguro. Es una circunstancia que está sucediendo con otros vecinos: el fondo decide quién lo paga y quién no", detalla.
Arias se ha sumado a la demanda colectiva contra el fondo, pero no se ve con el ánimo de hacer huelga de alquileres. Es una situación común entre muchos vecinos: "Yo vivo con mi pareja y sería meterle en una situación muy complicada. Además, en el contrato están como avalistas mis padres y no me atrevo a hacerles pasar por esto", explica. "Pues claro que da miedo dar este paso", reconoce Rodrigo Sainz, "pero es que no podemos permitir este abuso. Se aprovechan de que el mercado está como está para hacernos firmar contratos con cláusulas terribles. No se puede permitir este abuso".
Además del seguro, y el pago del IBI y la comunidad, y la subida anual del IPC, a los inquilinos de este bloque se les aplica una subida porcentual del alquiler al tercer año. En el caso de Rodrigo son 150 euros; aunque no ha llegado aún el momento, cree que tampoco la pagará. "Todos los vecinos tenemos claro que es una forma de echarnos del piso. Tal y como está el mercado, al fondo le conviene que nos vayamos pronto y poder meter a una nueva persona que pague más", lamenta.
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En efecto, los precios se han disparado en esta zona de Vallecas, mucho más cerca de la M-45 que el Puente de Vallecas. Pisos que hace cuatro años se alquilaban por 600-800 euros, hoy salen por 1.370 al mercado. "Ya no es vivir en el centro de Madrid, como dice la gente, es que en el ensanche de Vallecas ya estamos en precios de casi 1.400 euros. Ya me dirás quién se va a venir aquí por ese precio, por eso no los colocan", explica el inquilino.
Este periódico se ha puesto en contacto con Nestar Homes, la inmobiliaria del fondo Azora, sin obtener respuesta.
Un par de kilómetros al sur, en la calle Corral de Almaguer, otro de los bloques de Azora se encuentra en lucha. "Aquí vinimos casi todos fruto de la desesperación", afirma Alfonso Díaz, uno de los líderes de la revuelta vecinal. "Son pisos de 25 metros cuadrados en los que viven en algunos casos familias enteras, hacinados", continúa. "En la mayoría de los casos que conozco, por no decir todos, hemos acabado aquí porque es lo único que podíamos permitirnos en toda la ciudad".
"Nadie quiere vivir en 25 m2, estamos aquí porque no podemos permitirnos nada mejor"
En este bloque hay 14 vecinos en huelga de alquiler y también han demandado a Azora en los tribunales. Sin embargo, vecinos como Díaz siguen intentando reconducir la situación: "He intentado contratar otro seguro, porque me parecía muy caro pagar casi 400 euros anuales. ¿Sabes lo que pasó? Que ninguna aseguradora quiso hacerme la póliza porque, claro, yo no soy el titular de la vivienda", relata. "También he intentado que me devuelvan el importe del seguro al final de año, ya que se ha demostrado que he pagado todo religiosamente, pero nada".
Todos ellos reciben correos y SMS de Nestar amenazándoles con el desahucio si no pagan las deudas. Lo sobrellevan tragando saliva, cuando no ansiolíticos. Confían en ser la punta de lanza de un movimiento que está a punto de cristalizar en otras ciudades como Barcelona. El sábado, todos ellos se verán las caras en la manifestación de Madrid, que arranca de Atocha a las 12 horas.
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