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Los Comités Generales de Empresa (CGE) de Renfe y Adif han convocado siete días de huelga en marzo y abril en ambas empresas ante los incumplimientos de los acuerdos firmados sobre el traspaso de Rodalies y Renfe Mercancías, han informado este lunes fuentes sindicales. La huelga está convocada para los próximos días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo; así como el 1 y 3 de abril.
El compromiso de la integridad en Renfe y Adif de las plantillas y la operación en Rodalies, y en Renfe Mercancías centran las reivindicaciones de los CGE, que instan al Ministerio de Transportes a respetar los acuerdos firmados y garantizar la estabilidad y continuidad de los servicios ferroviarios bajo la gestión de ambas empresas.
El 23 de noviembre de 2023, los comités desconvocaron la huelga prevista tras alcanzar un acuerdo que garantizaba que Renfe y Adif continuarían siendo los prestadores de los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías; se preservaría la integridad de las plantillas en ambas empresas públicas, y se establecerían grupos de trabajo y negociación para adoptar soluciones consensuadas.
Sin embargo, la parte social considera que estos compromisos "han sido vulnerados", tras la última reunión con el ministerio, celebrada el pasado 17 de febrero, en la que se anunció la exclusión de la línea R1 en Cataluña de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Además, se comunicó la creación de una empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y Adif.
Los maquinistas de Renfe desconvocan la huelga prevista en marzo tras alcanzar un acuerdo
Europa PressLas organizaciones sindicales denuncian que han sido "meros receptores de esta información, sin posibilidad de participación en la toma de decisiones", y aseguran que estas medidas suponen "una ruptura total de los acuerdos previos", dado que las soluciones adoptadas por el ministerio en coordinación con la Generalitat "son diametralmente opuestas a lo pactado".
Duplicidad de costes
Los sindicatos consideran que las intenciones de ambas administraciones no suponen una mejora del servicio, sino un aumento del coste que recaerá sobre los ciudadanos, ya que se pretende duplicar el entramado societario con un nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública.
Esta duplicidad afectará también a las economías de escala en la compra de trenes, materiales, instalaciones de circulación y seguridad, formación y habilitaciones, han explicado. Los comités recuerdan que la Generalitat tiene transferidas las competencias de Rodalies desde 2010, pero hasta ahora no las ha ejercido plenamente.
El Estado transferirá 1.520 millones a Cataluña hasta 2026, de los que 1.058 serán para Rodalies
EFEEl marco actual permite gestionar y mejorar el servicio manteniendo como operadores a Renfe y Adif, un modelo similar al de la sanidad catalana, donde diferentes centros sanitarios no titularidad de la Generalitat prestan servicio público dentro del SISCAT.
La exclusión de estas líneas de la RFIG implica que ya no estarán sujetas a la normativa de seguridad, operación y material rodante establecida a nivel europeo y regulada en España por la Ley del Sector Ferroviario y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Esta situación podría traducirse en una disminución de los estándares de seguridad y en la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea, advierten.