"El proceso de negociación está siendo complejo y largo", reconocen desde el Gobierno.
La ley de familias está de aniversario, aunque de momento tiene poco que celebrar. Este 28 de febrero se ha cumplido un año desde que el Consejo de Ministros aprobó la norma y la envió al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Ese fue el último avance del texto, que desde entonces ha estado abandonado en un cajón de la Cámara Baja, uniéndose al resto de iniciativas que está costando sacar adelante por la complicada aritmética parlamentaria, muy marcada por las negociaciones con Junts.
Lo cierto es que la norma viene de años atrás. Dos, para ser concretos. El texto se fraguó en los despachos de la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ahora líder de Podemos, pero decayó por la convocatoria de elecciones anticipadas del 23 de julio de 2023. De hecho, su sucesor, Pablo Bustinduy, decidió enviarla a la Cámara Baja sin tocar una coma para agilizar su tramitación y negociar ahí las novedades que pretende introducir, como la ampliación de la baja por nacimiento de 16 a 20 semanas o retribuir el permiso de ocho semanas por cuidado de hijos.
Pero la norma ha estado un año sometida a un continuo aplazamiento del periodo de enmiendas. Más de treinta veces se ha decidido posponer la tramitación de la ley, de la que incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumió el pasado mes de octubre, en una especie de declaración de intenciones para desbloquear las negociaciones. "El proceso de negociación está siendo complejo y largo y, además, estamos en un contexto en el que la política social no ocupa el papel que debería tener en el debate político, lo cual supone un obstáculo añadido", cuentan a 20minutos fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, desde donde reconocen que "la configuración parlamentaria en esta legislatura es compleja" y que siguen trabajando para conformar una mayoría que permita sacar adelante el proyecto de ley. "Para este ministerio, la ley de familias es una urgencia absoluta y trabajamos para que sea aprobada cuanto antes", insisten.
Las mismas fuentes aseguran a este periódico que, según datos oficiales de hace un año, la nueva ley beneficiaría a más de medio millón de familias por las medidas recogidas en la iniciativa, como la expansión de la deducción para madres trabajadoras (que beneficiaría a 248.175 familias); la equiparación de las familias monomarentales de dos hijos a las familias numerosas (303.153); el incremento de la cobertura del subsidio por nacimiento (1.377); los nuevos acogimientos con discapacidad (282); y la garantía de plazas de Educación Infantil para familias monomarentales (37.928).
El PP denuncia "dos años perdidos"
En el PP, que desde el principio ha mostrado su rechazo a la ley, denuncian los "dos años perdidos" para legislar una mejora de las condiciones de vida de las familias en España. La norma del Gobierno no convence a los de Génova, que consideran que, tal cual está redactada, no respeta las competencias autonómicas ni responde a las necesidades de las familias, y defienden la iniciativa que ellos mismos registraron en octubre de 2024.
"Hay razones de peso que justifican nuestro rechazo y, por lo que parece, el de sus socios de investidura; pues son estos los que semana tras semana solicitan la prórroga en la tramitación de este proyecto de ley que, más que políticas de familia, pretende hacer política con la familia y, sobre todo, no resuelve sus problemas, que son muchos y van en aumento", subraya a este periódico la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del PP, Ana Alós. "Casi un año desde que el Gobierno registró la Ley de Familias, dos años perdidos porque la situación de las familias ha empeorado", añade.
Las ONG piden que se reactive la tramitación
Las entidades de infancia llevan un tiempo reclamando esta ley que, aseguran, contribuirá a reducir la tasa de pobreza infantil, actualmente en el 28,9%,