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Las Cortes Generales se convertirán en las próximas semanas en el escenario central de la guerra política abierta por la responsabilidad en la gestión de la DANA. El demoledor auto de la jueza de Catarroja, que desmonta el relato de la Generalitat, echa gasolina a la batalla nacional. La izquierda acelera su plan de ataque, mientras el PP profundiza en su estrategia de defensa. Por un lado, los aliados del Gobierno usan su mayoría en el Congreso para estrechar el cerco sobre Carlos Mazón. Y, por otro, los populares hacen lo propio en el Senado, donde ya juegan una pieza clave para tratar de aminorar la erosión situando el foco en las competencias del Estado en las inundaciones.
El PP se adelantó con la constitución de una comisión de investigación sobre la DANA en la Cámara Alta, un foro que ya ha echado a andar y que ya tiene agendadas las primeras comparecencias. Fuentes populares inciden en que el fin es ahondar en los sistemas de prevención "para evitar que esa catástrofe vuelva a repetirse" y dejar la "lucha partidista" a un lado. Pero el objetivo pasa también por resaltar la "corresponsabilidad" del Gobierno en la previsión del desastre y en la actuación posterior a la tragedia e incidir en la tesis —ya refutada por la jueza de la DANA— de la insuficiente información de la que disponía la Generalitat de los organismos dependientes del Ejecutivo.
La comisión del Senado es casi la única bombona de oxígeno que le queda al PP para tratar de aplacar el desgaste político derivado de la continuidad de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. A los continuos giros en su relato sobre las horas más críticas del 29 de octubre se suma ahora el temor al avance de la instrucción judicial, que ya cuenta como imputados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; y al exsecretario de Emergencias, Emilio Argüeso. Hay que recordar que el Pleno del Senado podrá acordar dar traslado al Ministerio Fiscal de las conclusiones de su comisión "para el ejercicio de las acciones que sean procedentes".
El clamor interno no cesa en el PP. Son muchos los sectores del partido que exigen a Feijóo acelerar la salida de Mazón. En las filas de los populares existe un recelo creciente a nuevas revelaciones sobre el paradero del presidente valenciano en la tarde del 29 de octubre, y asumen que la presión puede ir a más conforme avance la investigación en los tribunales. Pero el líder del PP no se mueve, y en Génova tratan de mantener las distancias sin retirar públicamente el respaldo al president. Feijóo ha ganado algo de tiempo al sacar de Valencia el congreso del PPE, previsto para finales de abril, a falta del visto bueno de la dirección europea.
La jueza de la DANA imputa a la 'exconsellera' Pradas y ofrece a Mazón declarar como investigado
Víctor Romero. ValenciaSalvo sorpresa, la cúpula nacional no abordará la salida de Mazón en el corto plazo. Y prueba de ello es que el dirigente está citado en la comisión de investigación del Senado, una comparecencia pactada con el president y que éste solicitó a su partido de forma voluntaria. Fuentes parlamentarias consultadas por El Confidencial aseguran que, en principio, la visita de Mazón a la Cámara Alta no se producirá hasta la "fase final" de la citada comisión. El PP quiere pasar de puntillas sobre la gestión en las horas críticas de las riadas, y no ha citado a ningún otro cargo autonómico.
Los que sí están llamados a declarar en el Senado son el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros ministros, como Fernando Grande-Marlaska (Interior); Sara Aagesen (Transición Ecológica) o Ángel Víctor Torres (Política Territorial), además de la exvicepresidenta tercera, Teresa Ribera; la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó; o el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig. Ya hay un primer calendario de comparecencias, que arrancará el próximo 24 de marzo con catedráticos, ingenieros y expertos en obras hidráulicas, con el objetivo de profundizar en las labores que podrían haber evitado los desbordamientos que dejaron más de doscientas víctimas mortales en la Comunidad Valenciana.
Contraataque en el Congreso
La comisión del PP en el Senado se solapará en el tiempo con la investigación que el Congreso también pondrá en marcha, en este caso a petición de Sumar, ERC, Junts y Podemos. El trámite cuenta con el respaldo del PSOE, y casi con toda seguridad verá la luz este jueves en el pleno de la Cámara Baja. La comisión se entiende como una réplica a la que ha puesto en marcha el PP en la Cámara Alta y también a la que se encuentra en desarrollo en las Cortes Valencianas, al entender que ambos foros cuentan con un "sesgo ideológico" que no ayudará a "depurar responsabilidades" políticas en plena judicialización del caso.
La iniciativa, bajo la batuta de Compromís, contará con el voto en contra del PP en el pleno. Aún no se ha configurado la lista de comparecientes, pero la formación valenciana quiere llamar a Carlos Mazón —aunque los presidentes autonómicos no están obligados a comparecer en comisiones de ámbito nacional— a las víctimas y a otros cargos técnicos de la Generalitat que el PP ha excluido de su comisión en el Senado.
Desde el PSOE también dejan caer que uno de los candidatos a desfilar por el foro del Congreso será Alberto Núñez Feijóo, con lo que pretenden extender el desgaste del president al líder nacional por sostenerle en el cargo. La lista definitiva de nombres se pactará en las próximas semanas.
La jueza de Catarroja dinamita el relato político de la Generalitat sobre la gestión de la DANA
Víctor Romero. ValenciaLa iniciativa fue impulsada el pasado mes de noviembre, pero los aliados del Ejecutivo se vieron obligados a reformular el enunciado de la propuesta por las reticencias jurídicas a investigar de forma específica a responsables autonómicos, por el riesgo de invadir competencias que pertenecen a los parlamentos regionales. Los socios eliminaron esa referencia formal en el texto y ampliaron el cometido a dirimir la responsabilidad de "todos los responsables con competencias en la gestión de la DANA". Pero la estrategia de los interrogatorios irá dirigida a estrechar el cerco sobre Mazón y por extensión al resto del PP, al que sitúan como "cómplice" de sus "mentiras".