'Tito Berni': el inspector que dirigió la investigación denuncia maniobras para proteger al PSOE

Todo empezó "de manera anecdótica", tras la detención de Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como "el mediador". Este empresario canario tenía miedo de entrar en prisión y se ofreció a colaborar con las autoridades. Francisco Moar, jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial en Tenerife, empezó a investigar y a analizar el ingente contenido de sus teléfonos. Después vinieron las detenciones, entre ellas la del diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo ("Tito Berni") y el general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa.

Así nació el 'caso Mediador', que este 14 de febrero ha cumplido dos años acumulando polvo en los cajones del Juzgado de Instrucción 4 de Tenerife y de la Fiscalía Europea. Lo que empezó como una corruptela local de una empresa de quesos fue escalando: mascarillas, sobornos a políticos, prostitutas, cocaína, tráfico de influencias, un general de la Guardia Civil y, por último, al menos cuatro contratos que suman más de dos millones de euros adjudicados por la FIIAPP (Ministerio de Asuntos Exteriores) y pagados con fondos europeos para armar a gobiernos del Sahel en la lucha contra la inmigración irregular y el yihadismo.

Justo en ese momento, cuando el escándalo podía poner en un aprieto al Gobierno de Pedro Sánchez, Moar fue apartado de la investigación y desde entonces parece haber entrado en punto muerto. Tras 44 años de servicio en la Policía, este Inspector Jefe ha decidido romper su silencio. Tras la entrevista, Moar facilita documentos judiciales, emails y fotografías que respaldan sus afirmaciones.

PREGUNTA. Usted destapó el caso y terminó siendo apartado. ¿En qué momento surgieron los problemas?

RESPUESTA. La primera fase de la investigación culminó con éxito. Hubo mucha repercusión porque había una trama y un diputado imputado, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el 'Tito Berni'. Hasta ahí todo fue bien, incluso nos felicitaron. Yo quería seguir con la investigación porque había información sobre más asuntos, como el tema de las mascarillas, que afectaba al Gobierno canario, y en los contratos del Sahel que adjudica la FIIAPP. En ese momento me contactó una investigadora de la Oficina Antifraude europea. Me dijeron 'tenemos movimientos muy sospechosos, transacciones bancarias que afectan a países del Sahel con ciudadanos españoles'. Hay personas que han sido detenidas en esta misma operación que tienen que ver con esos movimientos de dinero. Me pidieron una reunión en marzo de 2023 y la acepté una vez tuve el permiso de la jueza, María Ángeles Lorenzo Cáceres, que había estado de vacaciones. Justo entonces, cuando ya teníamos fecha para encontrarnos, se produjo una reunión entre el comisario de Tenerife y la jueza, y es ahí cuando me expulsan de la investigación, argumentando que la jueza no confiaba en mí. Esto es lo que me dijeron. También insinuaron que yo había filtrado información, algo totalmente falso. Yo llevaba un año investigando sin una sola filtración y justo cuando los medios se hicieron eco del tema, me acusaron a mí.

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Europa Press

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P. Ha mencionado los contratos que adjudicó la FIIAPP para proyectos en el Sahel, ¿por qué la FIIAPP no está imputada?

R. Porque nadie ha tenido la voluntad de empezar a rascar de verdad en los contratos de la FIIAPP. Me refiero a ver quiénes son los contratistas, a quién se le enviaron los pliegos de esos contratos, quién los resolvió, quién entregaba y recibía la mercancía. Había un gran entramado ahí. La FIIAPP es un chiringuito montado para repartir dinero. No tengo ninguna duda. Usan fondos públicos de difícil control, contratan actividades en el extranjero que aparentemente no despiertan el interés de nadie. Mueven muchísimo dinero y nadie lo controla. Puedes comprar 100 vehículos para un país como Mali, con un proyecto fabuloso, pero después llegan 50 y 25 van a parar a una guerrilla. Sin embargo, la FIIAPP factura 100 vehículos.

P. Varios contratos investigados, pagados con fondos europeos, fueron adjudicados por la FIIAPP, que gestiona el proyecto GARSI Sahel. ¿Qué sabe de esto?

R. La actividad de la Guardia Civil en el Sahel se hace a través del Grupo de Acción Rápida, el GAR, que es una unidad de élite. Doy por hecho que hacen bien su trabajo, pero también es cierto que hay mucho dinero en juego y siempre puede aparecer corrupción. Si diseñas el tipo de material que se necesita, haces el pliego de adjudicaciones y luego lo entregas, difícilmente se puede hacer un control exhaustivo y hay una posibilidad altísima de que ese dinero sea malversado. Nadie comprueba si el material está llegando, si llega todo o una parte.

"El diputado del PSOE entregó su acta a cambio de no ir a prisión. Esto me lo contaron cuando fuimos a registrar su despacho en el Congreso"

P. ¿Por qué cree que le echaron de la investigación?

R. Insinuaron que yo había filtrado información. Es falso. Sé que no me echaron por eso, sino porque quería incorporar la investigación a la UDEF central [Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal], de Madrid, porque la unidad investigadora de Tenerife carece de los conocimientos necesarios. El comisario general me dijo que haría lo imposible por llevar la investigación a la UDEF. A partir de ahí, la investigación se diluye. Sé que en los teléfonos incautados al general de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa, y al empresario Pepe 'Drones', había mucha información relevante sobre diputados del Congreso. Me cerraron el acceso a cualquier tipo de información y me prohibieron expresamente volver a hablar con la jueza, con la que tenía una relación fluida, y cumplí la orden.

P. Usted señala que sufrió una campaña de desprestigio, ¿en qué consistió?

R. Fue una cortada de cabeza radical. Han sido dos años de acoso laboral. El comisario provincial de Tenerife, Luis Felipe San Martín, intentó cesarme como jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. No lo logró porque Madrid se opuso al cese. Él ahora está suspendido de empleo y sueldo, investigado por presunta violencia de género. Para que yo dejara de tener el control, los componentes del grupo de investigación me denunciaron por acoso laboral, aportando pruebas falsas. Se hizo una investigación y salí totalmente exonerado. No hubo acoso de ningún tipo. Después descubrí que los teléfonos móviles que estaban custodiados en la caja fuerte de mi despacho fueron sustraídos por los integrantes del Grupo de Delitos Tecnológicos, en abril de 2023, los mismos que después me acusaron de acoso laboral. Solo podían acceder a mi despacho cuando estaba yo en horario de trabajo. Forzaron una de las cerraduras de mi despacho.

Caja fuerte del despacho del Inspector Jefe Francisco Moar de la que fueron sustraídos dos teléfonos móviles del 'caso Mediador'. (Cedida)

Marcas en la puerta del despacho del Inspector Jefe Francisco Moar tras el robo de dos teléfonos del 'caso Mediador'. (Cedida)

P. ¿Pero cómo abrieron la otra cerradura y la caja fuerte?

R. El único que tenía las dos llaves de esa puerta era yo. Ellos tenían solo una llave, en poder del jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos, en la que están destinados los policías presuntos autores del robo. El código de esa caja fuerte lo tenía yo y uno del grupo de Delitos Tecnológicos. Se llevaron los teléfonos sin mi conocimiento.

P. Justo en abril de 2023 la Justicia reclamó varios contratos a la FIIAPP y esta alegó que no podía entregarlos porque habría sufrido un hackeo informático.

R. Curiosamente ese ciberataque coincide con el robo de los teléfonos de mi despacho. A mí como investigador me llegó información de que todo esto fue un cortafuegos: vieron venir el peligro y zanjaron el riesgo. El primer objetivo era evitar que yo y la UDEF Central ampliáramos la investigación. El segundo, borrar el rastro de cualquier contrato.

P. Usted estuvo 44 años en la Policía Nacional. ¿Había visto algo así antes?

R. No, jamás. Los jueces no pueden elegir a las unidades investigadoras. Si están en desacuerdo con alguien, tienen que motivarlo en un auto. La investigación estaba en manos de la Policía Nacional. Me quitan y entonces se la dan a la Guardia Civil. Aquí en Tenerife lo único que se ha investigado es el tema de la quesería, que es un caso de corrupción menor. Opino que esto es una investigación fallida. Hubo una maniobra clara para desacreditarme e impedir que siguiera investigando. Lo consiguieron. Somos un cuerpo jerarquizado y yo no puedo investigar sin el visto bueno de mis superiores.

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P. ¿Cree que en este caso hay lawfare?

R. Yo creo que aquí se han hecho mal las cosas. El diputado del PSOE entregó su acta de diputado a cambio de no ingresar en prisión. Esto me lo contaron cuando fuimos a registrar su despacho en el Congreso de los Diputados. Fue un apaño. Así se corta el problema.

P. ¿Qué queda por destapar?

R. Tengo la firme creencia de que había mucha información de los teléfonos que no se ha seguido investigando, sobre todo de los que se incautaron en Madrid a un empresario y al general. Me atrevo a hacer un pronóstico: este es un caso fallido y terminará con penas ridículas.

P. ¿Teme represalias?

R. Las represalias que me podían hacer, ya me las han hecho. Nada más. Yo hice las cosas correctamente, puse todo en conocimiento de la autoridad judicial, he denunciado cuando he tenido que denunciar y he obedecido en todo momento. Sí, admito estar decepcionado y desencantado porque veo que es muy difícil luchar contra la corrupción. Hay muchos intereses en juego en este asunto, gente corrupta enriqueciéndose que no rinde por sus hechos ante la Justicia. Escasean los jueces y los fiscales valientes.

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