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El fantasmagórico Consell de la República se está convirtiendo en un auténtico generador de sorpresas por los intereses ocultos que había en su interior. Creado por Carles Puigdemont en 2017, sirvió para financiar a los dirigentes independentistas fugados en Bélgica, así como para pagar el palacete en el que reside el propio Puigdemont en Waterloo. Su vicepresidente, Toni Comin, mano derecha del expresident, está en el punto de mira tras las acusaciones de determinados sectores sobre su gestión autoritaria, los gastos personales presuntamente injustificados por miles de euros y, finalmente, por el presunto acoso sexual a un exasesor del grupo parlamentario de Junts en el Europarlamento. Lo más sórdido del inframundo de la política está presente en este serial que el independentismo ve con espanto por lo perjudicial que puede resultar para su credibilidad.
El ambiente dentro del Consell es ahora más tenso que nunca y esa situación se produce en un momento crítico: entre el 8 y el 12 de febrero, se elige nuevo presidente, plaza a la que optan cinco candidatos (un sexto que competía se descolgó para dar su apoyo a Comin). Lo malo es que la gestión del Consell está más en entredicho que nunca, hasta el extremo de que muchos sectores críticos temen un pucherazo y afirman que no hay garantías de un proceso limpio y transparente.
Fuentes de sectores críticos denuncian el desbarajuste que hay en el Consell, desde “el censo fake hasta la APP desatendida, las cuentas de correo de consejos y exteriores que desaparecieron por falta de pago y una pila más de irregularidades”. Así lo recoge un foro crítico con la situación, en el que participan activistas que habían sido la punta de lanza de la entidad.
Pero, sobre todo, hay la sospecha de que puede haber pucherazo. Entre otras cosas, porque la situación es tan anómala que se permite votar incluso a los que se han dado de baja, algo inaudito en un proceso limpio. Desde el Consell se han realizado en los últimos días envíos masivos de correos: “Este mensaje es para todos los que tengáis interés en el Consell de la República Catalana. Recordad que los que os habéis dado de baja, aunque no paguéis, podéis votar. Al margen, hay el interés que cada uno tenga en ser informado”. El correo invitaba a una comida en Perpignan con Toni Comin “a todas aquellas personas que quieran ir, compartir conversación y hacer las preguntas que necesiten. Si estáis interesados, decirlo (sic)”.
Fallecidos en el censo
Un veterano activista que rompió el carné tras la crisis de 2023, cuando comenzaron a pedir cuentas a Puigdemont y Comin, señala a El Confidencial que “es inconcebible que desde un organismo te digan que puedes votar pese a que no hayas pagado y… ¡aunque te hayas dado de baja!. Eso huele muy mal”. Algunos activistas, organizados en distintos foros, afirman que “no se nos ha dado de baja a los inscritos que lo pedimos en el registro. El censo está lleno de bajas de todo tipo y en él están incluso los que han fallecido...”.
La campaña electoral ya empezó mal: el Consell de la República organizó un primer debate público entre todos los candidatos en el sur de Francia, sin comunicárselo siquiera a la junta local. Cuando Jordi Domingo, el candidato más fuerte que puede desbancar a Toni Comin recibió el aviso, pidió un cambio de día debido a los compromisos adquiridos con anterioridad, pero desde el Consell de la República, que controla Comin, se le contestó que la fecha ya estaba cerrada y que si no asistía era su problema.
Comin ha sido acusado de autoritario, de gastos suntuosos (desde alquileres de casonas y coches para vacaciones hasta compra de muebles de lujo o comilonas dignas de una bacanal). El rapero Valtònyc, que trabajó como responsable informático de las donaciones en Waterloo varios años, escribió hace pocos días una carta pidiendo a Junts que aleje de cualquier gestión a Comin y abra una investigación sobre sus gastos y su comportamiento.
Otras voces se le han unido al rapero. Uno de los testigos de peso que se ha sumado a las críticas deja al descubierto aún más las miserias de lo que se ha dado en llamar épicamente el ‘exilio’ catalán: descarados desvíos de fondos hacia otras cuentas y órdenes para encubrir el flujo monetario por las cuentas. Se trata de Ferran Revilla, que había sido responsable de las herramientas informáticas del Consell.
Choque por el poder
Según Revilla, las tensiones internas en el Consell aumentaron cuando el director ejecutivo, Sergi Miquel, viejo amigo de Puigdemont, detectó las interferencias de Comin. Ambos, dice Revilla en una carta, “estaban enfrentados en una lucha de poder”. En 2023, Miquel acusó a Toni Comin y a su hermana, Betona, de maniobras oscuras y al vicepresidente, también de pagar gastos personales con dinero del Consell, hasta el punto de negarse a abonar determinadas facturas. La tensión acabó con la abrupta salida de Sergi Miquel de sus responsabilidades.
“El vicepresidente reorganizó el Consell priorizando la lealtad personal, creando un equipo de fieles y mostrándose refractario a ser cuestionado. Quien cuestionaba al vicepresidente acababa apartado del Consell. Podría hablar largamente sobre la manipulación que el vicepresidente ejerció sobre el equipo técnico en contra de CatGlogal”, dice Revilla. CatGlobal es la entidad que da cobertura jurídica al Consell de la República en Bélgica y la que recibía el dinero y las donaciones que luego servían para atender a los gastos del chiringuito.
Tras la pelea entre Miquel y Comin, CatGobal retiró al vicepresidente la capacidad de gestionar los fondos económicos del Consell. “Ante esta situación, Comin decidió desviar una parte de las donaciones que recibía el Consell hacia una cuenta de una organización controlada por él. Para hacerlo, necesitaba modificar la tecnología del Consell y, al ver mi reticencia, después de ciertas amenazas, se me dio una instrucción ejecutiva con cuatro puntos: tenía que firmar un nuevo contrato con la organización catalana y dimitir en CatGlobal; tenía que implementar los cambios necesarios para desviar las donaciones; y no podía informar a GatGlobal de nada de esto”.
La asociación hacia la que se iría el dinero, al parecer, era la Associació Cultural República Global (ACRG), que se encarga de dar cobertura jurídica a los consejos locales del Consell de la República, es decir, a los órganos territoriales. Esta organización estaba controlada directamente por Comin y no por CatGlobal, puesto que operaba casi exclusivamente en Cataluña.
“Gritos y chantaje emocional”
Según el responsable informático, desde aquel momento, "el vicepresidente me consideró un enemigo y maniobró para poner al equipo técnico en mi contra”. Como apunte final, explica que “una maniobra similar, ejecutada por el equipo técnico cuando yo ya no estaba, fue permitir al vicepresidente desviar las donaciones destinadas a ayudar a los Mossos d’Esquadra encausados por el dispositivo del president Puigdemont el día de la investidura de Illa. Este dinero se utilizó para pagar una factura antigua -y discutida- a una empresa afín a la familia Comin”.
Los palos y declaraciones de activistas comienzan a proliferar. “En 2000, compartí mis sospechas de corrupción de los hermanos Comin con otros miembros del Consell y de la Asamblea [la ANC]. Más tarde, he ido denunciando unas cuantas veces. Hay mucha gente que sabe de las prácticas de Toni y de Betona. Y todos calladitos”, acusa Júlia Taurinyà, exdelegada del Consell de la República en Perpignan, que dimitió después de que la obligasen a contratar a determinada empresa para organizar actos en su territorio.
Tras las acusaciones del rapero Valtònyc sobre los chantajes a que le sometía Comin cuando estaba fugado como él en Waterloo, Taurinyà aseguró que “entendí la toxicidad del personaje a la tercera conversación. Me habló tan mal por teléfono que colgué. Luego me dejó un mensaje: ‘¡Es la primera vez que alguien me cuelga el teléfono desde que estoy en el exilio! ¿Cómo te atreves?’. Gritos y chantaje emocional. Me fui”.
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