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La entrada en prisión de Laura Borràs depende, ahora mismo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la clemencia del Gobierno de Pedro Sánchez. La sentencia del Tribunal Supremo en la que se confirma su pena de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, pone difícil al Ejecutivo la gracia para la expresidenta de Junts al describir, en términos muy duros, las conductas de corrupción por parte de los funcionarios públicos. Se trata —dice el Supremo— de actividades en las que el poder "es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía".
La situación de Borràs, ya endiablada, deja al Ejecutivo con la patata caliente de perdonar actividades consideradas probadas por dos tribunales y dirigidas a favorecer a un amigo personal. El TSJ de Cataluña la condenó en su día, en concreto, a la pena de prisión por el delito de falsedad documental, mientras que la inhabilitación especial se reservó a la prevaricación administrativa. Agregó además una multa de 36.000 euros.
En la parte dispositiva de su sentencia, ahora confirmada, el tribunal catalán incluía la petición de un indulto que se activará previsiblemente ahora que la sentencia es firme. Proponía, en concreto, al Gobierno conceder la gracia solo en lo que afecta a la pena de prisión, de forma que quedara reducida a un máximo de dos años y le evitara la entrada en la cárcel.
Sin embargo, el Supremo se ha ocupado de resaltar la gravedad de los hechos. El ponente, Andrés Martínez Arrieta, actual presidente en funciones de la Sala Penal, destaca que la conducta la situó al margen de la ley que desobedeció y vulneró en beneficio de terceros. "Lo característico de la corrupción no solo es que determinadas personas cometan hechos delictivos patrimoniales, sino que la corrupción surge porque en el actuar delictivo se compromete al Estado y a la administración, porque se realizan en los aledaños, o desde, posiciones de poder", indica.
El Supremo confirma la condena de 4 años y medio de Borrás y la excluye de la amnistía
B. Parera
Arrieta destaca que, en el caso, no es tan relevante el daño patrimonial provocado como las consecuencias del mismo, con efectos perjudiciales en las normas de convivencia y de ordenación social. Las penas previstas en la ley para este tipo de delitos están dirigidas "a reprimir conductas antisociales" y pensadas -agrega la resolución- para impedir que se ponga en cuestión el propio funcionamiento del sistema democrático.
La argumentación del Supremo, que en Junts consideran un simple desahogo sin consecuencias, choca con los motivos que valoró el TSJ para proponer el indulto, centrados, principalmente, en lo limitado del perjuicio que provocó. Según los hechos probados, lo que hizo Borràs fue acordar con su amigo que le otorgaría contratos al margen del concurso público. Confeccionó facturas falsas en las que se simulaban distintas ofertas que, en realidad, eran inexistentes. A pesar de esa falsedad y del dedazo a favor del amigo, los trabajos acabaron desarrollándose y no consta que Borràs tuviera un enriquecimiento directo tras la actuación irregular.
Tramitación del indulto
La petición de indulto del TSJ favorece que la entrada en prisión quede aparcada mientras este se tramita. Una vez la sentencia es firme, comienza la fase de ejecución en la que aquellos que la sentenciaron deciden si la mandan a la cárcel o la mantienen libre durante los meses que tarde en resolverse. En la propia sentencia se dejaba caer que no impulsarían su encarcelamiento en este periodo, pero la decisión final está aún por ver.
Si el tribunal actúa como anticipó, Borràs tendrá ahora por delante unos meses en los que su futuro dependerá estrictamente de la disposición y las ganas que tenga el Gobierno de ayudarla. Si no quiere hacerlo, tiene motivos ya argumentados en la sentencia del Supremo. Por lo que pueda suceder, el líder de Junts ya se ocupó de cargar contra el alto tribunal y acusarle de guiarse por razones políticas.
"La decisión del Tribunal Supremo sobre la presidenta Laura Borràs es un ensañamiento tan bestia e impropio de un órgano judicial independiente que confirma la base política de la condena que siempre hemos denunciado. No hay nadie que con un mínimo sentido de la justicia pueda compartir esta decisión. La toga nostra continúa impasible, desfilando al son de la partitura de la represión ordenada desde la magistratura más alta", dijo en un mensaje de la red social X.
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