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El Gobierno ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) velar por el registro de medios de comunicación, cuya creación se prevé en la futura ley de gobernanza democrática y que recogerá información sobre la propiedad de los mismos y la publicidad institucional que reciben.
El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha avanzado esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación.
La nueva norma contempla, entre otras, la modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual para crear un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, que dependerá de la CNMC, en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribir y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional.
El registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona, según han informado fuentes del Gobierno, que han explicado además que se crearán registros autonómicos, que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito autonómico.
Pluralismo mediático
Además, se establecerá un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación, cuando esas operaciones involucren a medios que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente.
Por último, el anteproyecto contempla la modificación de la ley de creación de la CNMC (2013), para cambiar la estructura de este organismo con el fin de adaptarla a las nuevas responsabilidades que se le asigna a la norma.
Este anteproyecto, que adaptará al ordenamiento jurídico español la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación, tiene como objetivo establecer un espacio digital seguro, donde se protejan derechos fundamentales y específicos de los consumidores y usuarios, ha apuntado López.
En virtud de esta futura norma, la CNMC tendrá amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales; mientras que la Agencia Española de Protección de Datos será la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores.
Con esta futura ley, los proveedores de servicios de internet tendrán que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, deberán ser transparentes en los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos 'online', entre otras.
Sanciones desde 30.000 euros
El anteproyecto establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6 % del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.
Se trata de una ley "importante que nos refuerza a todos los ciudadanos en un contexto como el actual donde hemos visto retrocesos en sistemas de verificación, redes sociales y medios de comunicación", ha afirmado López, que ha insistido, al ser preguntado por los periodistas, que lo que ha hecho el Gobierno es cumplir con la normativa europea.
A su juicio los "ciudadanos merecen saber quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe o si se produce una concentración" y, sobre esto último, ha recordado que Europa ya ha dicho que hay que ponerla "límites" para abogar por una pluralidad de medios.
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Carlos Sánchez
Por otro lado, se ha referido al MWC de Barcelona que comienza el lunes y que contemplará una prórroga de beneficios fiscales con los que goza para que se mantenga tres años más en Barcelona.
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