Acusado de matar a golpes con una barra a su vecino de finca: le piden 11 años de prisión

Podría decirse que fue uno de esos crímenes de antes, pero la realidad es que nunca dejaron de producirse. Cada cierto tiempo surge una noticia que nos rememora a esa España negra de interior, de problemas de lindes y rencillas enquistadas generación tras generación y en la que la sangre acaba regando el terruño. Como ocurrió el 28 de mayo de 2022 en el municipio malagueño de Almáchar, cuando Juan Carlos, a golpes con una barra, acababa con la vida de Joaquín, el propietario de una finca colindante con el que mantenía desavenencias desde hacía tiempo. Es lo que señala la Fiscalía en un escrito de acusación en el que solicita para el primero 11 años de cárcel por un delito de homicidio.

La calificación previa establece el siguiente relato de los hechos. Sobre las 17:00 del citado día, Juan Carlos P.V., de 34 años, y sin antecedentes penales, se encontraba en el carril del paraje Lomas de Cútar cuando coincidió con su vecino Joaquín V.C. Propietario de una finca aledaña, y de 76 años de edad, la relación entre ambos no era buena.

Había tenido con él "anteriores desavenencias", precisa el Ministerio Público, que explica que no sabe por qué esa tarde se inició una nueva discusión que acabaría de forma trágica. "El acusado, tras un forcejeo inicial, y con ánimo de acabar con su vida, le propinó al menos seis golpes en la cabeza y el cuerpo".

La investigación reveló que el presunto criminal utilizó en su ataque "una barra metálica de 59 centímetros de longitud, 2,5 de diámetro y 751 gramos de peso".

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EFE

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Los golpes causaron en Joaquín, además de diversos traumatismos en las extremidades superior e inferior derecha, "una fractura con hundimiento craneal que provocó un daño cerebral severo por hemorragia, focos contusivos y laceración". La muerte de la víctima, casado y padre de cuatro hijos, se produjo "casi de inmediato".

El fiscal del caso considera a Juan Carlos supuesto autor de un delito de homicidio y reclama para él una pena de 11 años de cárcel en un juicio con tribunal del jurado que se celebrará en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Para la vista oral, además del interrogatorio del acusado, se ha solicitado la declaración de los investigadores de la Guardia Civil, así como periciales de los forenses, de los especialistas del Servicio de Criminalística y de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología.

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