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Problemas de eficiencia y servicios pagados, pero no ejecutados. Son dos de las principales conclusiones que la Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha extraído tras auditar la gestión del servicio de diálisis. La entidad, el organismo encargado de supervisar las cuentas públicas de la Administración regional, evidencia en un informe una serie de deficiencias, que afectan tanto a los pacientes como a las arcas públicas.
El informe presentado se centra en el ejercicio del año 2022, un periodo en el que el sistema extrahospitalario de diálisis catalán dio atención especializada al 45,3% de los pacientes renales. Este servicio se proporcionó a través de 21 centros, gestionados en su mayoría por empresas privadas bajo contratos administrativos con CatSalut, el sistema de salud pública de la Generalitat. El modelo supuso un gasto total de 97,85 millones de euros, con un coste medio anual por paciente de 47.700 euros. En comparación, el coste anual por paciente en los centros públicos, fue de 42.400 euros. El dato pone en cuestión la eficiencia del modelo extrahospitalario, según el organismo auditor.
Además, el documento de la Sindicatura de Cuentas destaca presuntas irregularidades en el ámbito de la facturación, como la detección de servicios cobrados, pero no realizados. Algunos centros podrían haber facturado a la administración por tratamientos que nunca se llegaron a realizar, lo que apunta a una falta de control y supervisión por parte del CatSalut. Aunque la entidad señala que estos casos podrían ser consecuencia de errores administrativos, no cierra la puerta a la posibilidad de que existan prácticas fraudulentas, que afecten tanto a los recursos públicos como a la calidad de los tratamientos que reciben los pacientes.
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El informe pone de relieve otro problema, relacionado en este caso con la capilaridad del servicio. A pesar de que el CatSalut establece que los pacientes deben tener acceso a los centros de tratamiento en un radio de proximidad, alrededor del 10% se ve obligado a recorrer más de 20 kilómetros para recibir su diálisis. El dato, aunque no representa a la mayoría de los pacientes, evidencia en parte una planificación territorial deficiente. La necesidad de recorrer largas distancias no solo incrementa el coste, sino que también puede afectar negativamente a la calidad de vida de las personas que deben recibir el tratamiento, especialmente cuando se trata de un procedimiento tan exigente como la diálisis.
Uno de los problemas más graves identificados por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña es la obsolescencia del plan estratégico para la atención nefrológica. Este programa, que debería guiar la distribución de recursos y la apertura de nuevos centros, no se ha actualizado desde hace años. Es justamente la falta de revisión lo que impide adaptar los servicios a las necesidades actuales. En este sentido, la desactualización del sistema dificulta la planificación de nuevas infraestructuras, como pueden ser los centros de diálisis y unidades de trasplante renal, provocando desajustes en la atención. A consecuencia de esto, la entidad destaca que se produce una distribución inadecuada de los recursos, que puede provocar listas de espera más largas para la diálisis o el trasplante renal. La Sindicatura subraya la urgencia de revisar el plan para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios nefrológicos.
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Además de la obsolescencia del plan estratégico, otra de las cuestiones abordadas por el organismo es la falta de liderazgo por parte del sistema de salud pública catalán, sobre todo en áreas fundamentales para la atención nefrológica. Un ejemplo es la promoción de tratamientos domiciliarios para pacientes con insuficiencia renal. La atención en los domicilios es un aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida de los afectados, al permitirles seguir su tratamiento sin necesidad de desplazarse a un centro médico. Sin embargo, CatSalut no ha impulsado programas que faciliten este tipo de asistencia, lo que limita las opciones para los pacientes y obliga a muchos a someterse a hemodiálisis en centros médicos, lo que genera dependencia de los recursos hospitalarios.
Recomendaciones para un cambio "urgente"
Ante esta situación, el órgano de fiscalización -y autor del informe- ha propuesto una serie de "medidas urgentes" para corregir las deficiencias identificadas en la gestión del servicio de diálisis en Cataluña. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la necesidad de actualizar el plan estratégico, lo que implicaría redefinir los criterios de distribución territorial y adaptar las políticas de atención nefrológica a las necesidades actuales. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de fomentar la diálisis domiciliaria para garantizar que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, tengan acceso a esta modalidad de tratamiento que es menos costosa.
Otro de los aspectos clave es la mejora en el control de la facturación. En esta línea, la Sindicatura sugiere que se implementen sistemas de control más rigurosos para evitar la facturación de servicios no prestados, lo que ayudaría a asegurar una gestión más transparente de los recursos públicos. En lo que se refiere a la participación de los pacientes, la entidad auditora propone la creación de espacios de diálogo entre las asociaciones de usuarios y el CatSalut, que permitan escuchar de primera mano las preocupaciones existentes de aquellos que viven con esta condición, lo que ayudaría a mejorar el servicio.
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Por último, se enfatiza la necesidad de evaluar la calidad de los servicios prestados a través de encuestas de satisfacción para cerciorarse de que todos los centros de diálisis cuenten con servicios complementarios esenciales, como nutrición y apoyo psicológico, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Después de la publicación del documento, han sido diversas las organizaciones que han pedido que estas recomendaciones se sigan al pie de la letra. Entre estas entidades se encuentra el Sindicato de Médicos de Cataluña (MC), desde donde se ha solicitado al CatSalut que se “tomen muy en serio las recomendaciones, y que no se actúe a la defensiva”. Además, la organización médica ha reiterado que la Administración “tiene la obligación de detectar y corregir sus carencias y puntos de mejora”.
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