:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F0f4%2F73b%2Fd7e%2F0f473bd7e6f7f9d6375579680a6fe92d.jpg)
El Congreso de los Diputados se dispone a retirar la inmunidad parlamentaria del exministro socialista José Luis Ábalos para que sea investigado por presunto tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal de la trama corrupta que cobró comisiones millonarias en la venta de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia en contratos con diversas administraciones públicas. Ábalos, hoy apartado de su grupo, será investigado por el Tribunal Supremo, que aprecia "bastantes" indicios de delitos por parte del exsecretario de Organización del PSOE, después de que todos los grupos parlamentarios hayan acordado aceptar el suplicatorio. La decisión será refrendada muy probablemente en el Pleno del Congreso del próximo miércoles 22.
El presidente de la comisión del Estatuto del Diputado, el popular Manuel Cobo, ha confirmado la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en conceder "la autorización para dirigir el procedimiento penal" contra Ábalos. Según ha explicado, todos han desestimado las alegaciones del exministro de Transportes, quien ayer pidió comparecer ante este órgano parlamentario -cuyos trabajos discurren a puerta cerrada- para denunciar que es víctima de "una cacería política".
El diputado valenciano entregó un informe a los grupos de más de 80 páginas en las que asegura, entre otras cosas, que sus derechos han sido vulnerados por investigaciones de la Guardia Civil no amparadas por el juez. Ábalos defiende su inocencia en el caso Koldo, que recibe el nombre de su exasesor de confianza en el Ministerio y en Ferraz, Koldo García Izagirre.
Las conclusiones de la comisión del Estatuto del Diputado se elevarán ahora al Pleno. Este jueves, la Mesa del Congreso confirmará si este asunto será sometido a votación en el hemiciclo el próximo miércoles, cuando se ha convocado una sesión plenaria para convalidar los decretos del Gobierno sobre pensiones, impuesto a las energéticas y la ampliación de ayudas por los efectos de la guerra.
Ábalos dice ser objeto de una operación para "incriminarle" y pide amparo al Congreso
EFE
Ábalos pasa así a engrosar la lista de los diputados a los que se les ha retirado la inmunidad para ser investigados por la Justicia, un total de 34 parlamentarios. En la última década, según el recuento realizado por la agencia EFE, se han concedido cuatro suplicatorios al Tribunal Supremo y todos ellos acabaron condenados, si bien en el caso del entonces diputado de Podemos Alberto Rodríguez recibió después el amparo del Tribunal Constitucional.
Desde 1979, inicio de la primera legislatura, el Congreso ha tramitado alrededor de una cincuentena de peticiones del Supremo para levantar la inmunidad de diputados y ha accedido en alrededor del 70 % de los casos, aunque desde la década de los noventa no se rechaza ninguna.
Casero, Rodríguez, Borràs y Homs
El último suplicatorio concedido, en 2022, fue el del diputado del PP Alberto Casero, que acabó siendo condenado a un año y nueve meses de prisión y seis de inhabilitación por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Trujillo (Cáceres).
En 2020 se aprobó el suplicatorio para investigar al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, que fue condenado a un mes y quince días de prisión -sustituidos después por una multa- por un delito de atentado a agentes de la autoridad y perdió el escaño, aunque después fue amparado por el Constitucional. El mismo año se aprobó levantar la inmunidad de la entonces líder de Junts, Laura Borràs, que acabó condenada a 4 años y medio de cárcel y 9 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo.
En 2016 se concedió también el suplicatorio para juzgar al exconseller catalán de Presidencia y diputado de PDeCAT Francesc Homs, que fue condenado a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9-N de 2014.
El Supremo pidió también en 2015 el suplicatorio para el diputado José Antonio Viera, que había pasado del grupo socialista al mixto tras ser implicado en el caso de los ERE falsos de Andalucía.
Cuando el Congreso estaba a punto de concederlo, Viera renunció a su acta de diputado y perdió la condición de aforado «para tener una mayor libertad de actuación» en su defensa, alegó. Acabó siendo condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación.
El último suplicatorio concedido por el Senado fue el del senador del PP José Manuel Baltar Blanco, que será juzgado el próximo 13 de enero en el Supremo por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir a 215 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}