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El PSOE ha movido ficha y ha pedido al magistrado Santiago Pedraz que ordene el reingreso en prisión de Víctor de Aldama. El pasado noviembre, cuando el empresario declaró de forma voluntaria ante la Audiencia Nacional e implicó a altos cargos del Gobierno en el caso Koldo, su defensa ya avisó de que debía quedar en libertad para "evitar cualquier riesgo de presión" a partir de ese momento, pero los socialistas aseguran que "está poniendo en serio riesgo (...) el éxito de la investigación".
Esta no es la primera vez que el PSOE cuestiona la "sinceridad y honestidad" de Aldama. Hace tan solo dos meses, también pidieron al Tribunal Supremo que les permitiera interponer una querella por injurias y calumnias contra él. El PSOE solicitó esta medida después de que el empresario asegurara que Koldo García le decía "muchas de las veces" que parte del dinero que le entregaba "era para el partido", pero el magistrado rechazó el intento de los socialistas de abrirle una causa paralela.
La petición de que Aldama vuelva a prisión se produce ahora en el bautizado como caso hidrocarburos, que se centra en un presunto fraude que superaría los 182,5 millones de euros. El empresario fue detenido por esta otra causa el pasado octubre y el magistrado Santiago Pedraz acordó su ingreso en prisión provisional. Tras colaborar con los investigadores y confesar su implicación tanto en este procedimiento como en el caso Koldo, logró su puesta en libertad con el visto bueno de la Fiscalía.
Los abogados de Aldama apuntaron para ello a dos motivos distintos en su escrito. "Por un lado, para garantizar el derecho de defensa de Aldama por la complejidad de los hechos investigados y la necesaria comunicación permanente con su representación letrada —a fin de materializar adecuadamente la colaboración anunciada—". "Por otro, para evitar cualquier riesgo de presión derivado de la declaración prestada en el día de hoy".
El PSOE rechaza ambos argumentos. De hecho, dan tanta importancia a su reingreso en prisión que la solicitud llega 20 días después de que hayan presentado en el Congreso una reforma para impedir que los partidos políticos puedan personarse como acusaciones populares. Según afirman, esta nueva ley busca frenar el "acoso derivado de acciones judiciales abusivas", pero eso no les ha impedido aprovechar ahora su estatus de acusación en el caso hidrocarburos para pedir el encarcelamiento de Aldama.
"No solo ha aprovechado su libertad para mantener la necesaria comunicación permanente con su representación letrada, sino también para mantener la comunicación permanente con otros miembros de la trama con vistas a ocultar las fuentes de prueba", aseguran en su escrito. "La Justicia debe ser implacable en el esclarecimiento de los hechos, por supuesto, de la misma forma que debe ser inflexible en quienes construyen, amparan o dan pábulo a documentos falsos, para obtener rédito procesal o político".
El juez cita como imputado al socio de Aldama que guardaba "documentación sensible"
Pablo Gabilondo
Según apuntan fuentes jurídicas, la Fiscalía no ve con buenos ojos esta petición del PSOE y mantiene el criterio que le llevó a apoyar su puesta en libertad: dan credibilidad a sus revelaciones y creen que ha dado muestras de cooperación al declarar sobre hechos que van en su contra, así como sobre otros que aún no se abordaban en la causa.
A esto se suma que el magistrado ya consideró en noviembre que el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas había disminuido, lo que le llevó a imponerle una serie de medidas cautelares que aún se mantienen: comparecencias semanales en el juzgado, prohibición de salir de España sin autorización judicial y fijación de domicilio.
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