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Vox prepara una ofensiva en los tribunales contra el Gobierno por la gestión de la DANA. El partido de Santiago Abascal señala al Ejecutivo como el único responsable de la catástrofe y acusa a Pedro Sánchez y varios miembros de su equipo de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. La querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según detallan fuentes del departamento jurídico de la formación, incluye a los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Teresa Ribera por su presunta negligencia, además de la subsecretaría del Ministerio de Interior, Susana Crisóstomo; a la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Rallo, y a su homólogo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues.
La clave de bóveda de la querella es la inacción del Gobierno de Sánchez al no declarar la emergencia de interés nacional. El escrito, anunciado por Abascal este miércoles y presentado horas después, apunta a todos los órganos de la Administración Pública que con su "imprudencia grave" han creado, ya sea por acción u omisión, un riesgo con "resultado de muerte o lesiones", detallan las mismas fuentes, en alusión a los fallecidos ya confirmados y los cientos de afectados por la riada.
Vox considera que la declaración de la emergencia nacional, que no se ha hecho, es una obligación del Gobierno central y en ningún caso puede ser discrecional. "No existe discusión. Se tiene que aplicar cuando concurren determinados supuestos, y en este caso ha sido así", explican en la Vicesecretaría Nacional Jurídica, que dirigen Jorge Buxadé y Marta Castro. La acusación se apoya en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
La norma establece que serán emergencias de interés nacional las que "requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio". Acto seguido señala "aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supra autonómico". Y, en segundo lugar, "las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional". Vox recuerda que la DANA que comenzó el 29 de octubre afectó a Valencia, pero también a Castilla-La Mancha y Andalucía. "La dimensión de la catástrofe es más que evidente", añaden las fuentes consultadas.
Acusación por competencias
La querella defiende que, al no declarar la emergencia, los riesgos descritos aumentaron exponencialmente en las regiones devastadas. La presunta negligencia de cada uno de los acusados se sustenta en las competencias de sus respectivos ministerios y su supuesta inacción. Marlaska porque como titular de Interior es el encargado de activar la declaración de emergencia. Ribera, porque tanto la Aemet como la Confederación Hidrográfica del Júcar dependen de Transición Ecológica, de la misma forma que sus responsables por los fallos en la cadena de alertas, avisos y anticipación. Y Robles por no aplicar la Ley de Defensa Nacional, además de no movilizar al Ejército en las horas más críticas de la catástrofe.
Sánchez es el principal señalado como presidente del Gobierno y como presunto responsable de toda la inacción del Gobierno. Desde el departamento jurídico incluso consideran que la declaración que hizo el pasado sábado es una especie de "reconocimiento de culpa", al instar a la Generalitat valenciana a pedir ayudar sin declarar la emergencia de carácter nacional, aunque estaba facultado para ello. "Si la Generalitat necesita más recursos, que los pida", dijo el jefe del Ejecutivo al presidente autonómico, Carlos Mazón, lo que ha levantado una cascada de críticas y reproches, con más de 200 fallecidos confirmados. Vox, no obstante, descarta acciones contra la Generalitat valenciana en este momento.
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El propio Abascal verbalizó este miércoles, en una declaración grabada y sin preguntas de los medios, la acusación contra Sánchez y su "evasión competencial absolutamente criminal". "Declarar la emergencia nacional no era una opción, era un deber inexcusable e ineludible. Y de manera consciente no lo hicieron. Ahora, deberán pagar por ello", dijo el líder de Vox, que además acusa al Ejecutivo de "chantaje" y "extorsión" por vincular las ayudas económicas a los Presupuestos Generales del Estado. "Todo ha sido un nauseabundo cálculo político para maquillar la mayor tragedia de las últimas décadas y para ocultar la responsabilidad criminal de las administraciones y los políticos", subrayó.
Vox, que recuerda que tampoco se activaron los mecanismos para la intervención de la Unión Europea, repite ahora la estrategia judicial que desplegó durante la pandemia del covid, cuando presentó un elevadísimo número de querellas y recursos contra el Gobierno central y las comunidades autónomas, hasta el punto de conseguir que se declarara inconstitucional el estado de alarma. "Tenemos la obligación de denunciar que el Estado autonómico fallido, presidido por Sánchez y sus organizaciones no gubernamentales subvencionadas, no solo no han ayudado; no solo no han llegado a tiempo, sino que han entorpecido y han criminalizado la ayuda de los voluntarios", concluyó Abascal.
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