Sito Miñanco, el abogado de Puigdemont y cuatro toneladas de cocaína: arranca el juicio de la operación Mito

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, lleva más de cinco años tratando de evitar el juicio que arranca este lunes en la Audiencia Nacional. Curtido en mil batallas como defensor del independentismo, el letrado ha utilizado toda clase de maniobras, desde querellarse contra la magistrada que instruyó el procedimiento hasta cuestionar la competencia del tribunal. Ninguna de estas tretas ha dado resultado y este lunes se sentará en el banquillo de los acusados junto al capo gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. La Fiscalía sostiene que Boye le ayudó a blanquear dinero del narcotráfico y pide nueve años y nueve meses de cárcel para él.

La bautizada como operación Mito comenzó en 2016. Miñanco se encontraba por aquel entonces cumpliendo una condena de 16 años y 10 meses de cárcel por un delito contra la salud pública en Algeciras, pero ya había obtenido el tercer grado y esto le permitía trabajar en un parking de la localidad. La Policía Nacional sospechaba que la nueva vida del capo gallego era una simple tapadera y no tardó en confirmar que seguía en contacto con las principales organizaciones de narcotráfico en Sudamérica. En palabras de la Fiscalía Antidroga, "su única y verdadera actividad profesional continuaba siendo la introducción de sustancia estupefaciente en España".

Los seguimientos a Miñanco, que se enfrenta a 31 años y seis meses de cárcel en este juicio, culminaron en octubre de 2017 con la incautación 3,3 toneladas de cocaína a un buque en alta mar. Apenas un mes después, aprehendieron otros 615 kilos de esta droga en un contenedor intervenido en los Países Bajos. La Policía Nacional detuvo a Miñanco en Algeciras en febrero de 2018, pero en el caso de Boye, aún faltaba más de año y medio para que los agentes se presentaran en la puerta de su despacho con una orden de registro. Para entonces, varias pruebas apuntaban de forma directa al abogado de Puigdemont como principal responsable de una operación de blanqueo.

Los 889.000 euros de Barajas

La investigación contra Boye tiene su origen en lo ocurrido el 6 de febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas, donde incautaron más de 889.000 euros en efectivo a presuntos miembros de la organización criminal. "Fueron detenidos en el aeropuerto Madrid-Barajas en el momento en el que se dirigían al embarque del vuelo AV-47 con destino Bogotá, transportando distintas cantidades ocultas en el doble fondo de su equipaje de mano", explica la Fiscalía Antidroga.

Manuscritos hallados el 5 de febrero de 2018.

Para tratar de recuperar el dinero, el escrito de acusación apunta a que se celebró de inmediato un encuentro al que acudieron Miñanco y el propio Boye, quien por aquel entonces ya estaba ejerciendo como abogado del capo gallego en un procedimiento que se seguía contra él por un delito de blanqueo de capitales ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. "En esta reunión, Boye Tuset y Morán Castro [otro de los acusados] les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en el expediente sancionador que permitirían así justificar el origen legal del dinero intervenido", señala la Fiscalía.

A cambio de estos servicios, los investigadores sostienen que Boye recibió 10.000 euros. Esta acusación se ve reforzada por una serie de manuscritos que fueron hallados el 5 de febrero de 2018, cuando registraron la casa de Luis Enrique García Arango, el lugarteniente de Miñanco. Entre las funciones que su jefe le había encomendado, los informes policiales subrayan que llevaba "la contabilidad de la organización criminal". La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontró un arsenal de anotaciones en su domicilio y dos de ellas apuntaban al pago al abogado de Puigdemont: "Gonzalo 10", podía leerse en una de ellas. "Abogado Gonzalo 10", añadía otra.

"Parece fácil pensar que la anotación 'Abogado Gonzalo' no se refiere a otra persona que al ya mencionado Boye Tuset, que como ya hemos dicho se encarga de la defensa, entre otros, del principal encausado JRPB [Sito Miñanco] y fue el encargado de intentar recuperar ese dinero mediante la confección de unos contratos en los que se fingía la compraventa de unas letras de cambio", advertía ya la UDEF en un informe de noviembre de 2019. Pese a ello, este supuesto intento de recuperar el dinero incautado con unas letras de cambio fracasó, lo que desembocó en la celebración de un nuevo encuentro entre Boye y otros miembros de la presunta organización.

La explicación de la UDEF sobre cómo dieron con la carpeta 'Blanqueo de capitales'.

Esta segunda reunión se celebró en un VIPS de Madrid el 28 de junio de 2017. Acudieron el abogado de Puigdemont, la hija de Miñanco, su lugarteniente García Arango y otros investigados, como muestran las fotografías que encabezan este artículo. La importancia de este encuentro radica en que, dos años después, uno de los asistentes decidió tirar de la manta. Su confesión se produjo el 24 de julio de 2019, tras 17 meses en prisión provisional: "Gonzalo nos dice que tiene la manera de justificar esos pagarés para recuperar el dinero y él se inventa los contratos de los préstamos". En total, una hora y 12 minutos de declaración que cayeron como una losa sobre Boye.

Esta segunda maniobra para recuperar el dinero tampoco surtió efecto, pero la confesión del investigado terminó por dejar a Boye contra las cuerdas: el 21 de octubre de 2019, la jueza ordenó registrar su domicilio y despacho en Madrid, donde hallaron un pendrive de color gris. El abogado guardaba en su interior una carpeta llamada 'Blanqueo de capitales' y, bajo ese nombre, 43 páginas de wasaps con la hija de Miñanco en los que se habla del incidente de Barajas.

"Lawfare a todo trapo", denunció Puigdemont a través de sus redes sociales nada más conocerse la imputación de su abogado. "Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embestir sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Boye le pretenden hacer difícil su trabajo. No se saldrán con la suya". Cinco años después, el término lawfare está más en boga que nunca por la amnistía, pero ni esta ley ni los recursos que Boye ha ido interponiendo han logrado librarle de sentarse en el banquillo por un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial.

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