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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha respaldado el criterio del juez Santiago Pedraz y ha acordado mantener en prisión al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, por su presunta participación en un fraude en el mercado de los hidrocarburos.
En un auto, la Sección Tercera rechaza el recurso de su defensa contra el auto del magistrado por el que acordó su ingreso en la cárcel sin fianza por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
Los magistrados de la Sala, en concreto, rechazan la nulidad que invocaba la defensa del acusado por haber superado el plazo de detención de 72 horas y apuntan que la gravedad de delito y la pena que se le pudiera imponer justifica la prisión dado que los imputados podrían eludir la acción de la Justicia mediante su fuga.
El tribunal señala que en esta fase de la investigación queda mucho material incautado en los registros que está pendiente de analizar. El mismo, añade, podría dar lugar a nuevas diligencias que podrían verse perjudicadas en el caso de encontrarse Aldama en libertad.
Los magistrados recuerdan que una parte importante de lo defraudado -cerca de 74 millones de euros- se podría haber transferido a cuentas en el extranjero, como apuntó el juez en su resolución. A juicio de la Sala, lo preciso es proceder a su localización y bloqueo, así como la determinación de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas.
Los fondos en el extranjero
Unas medidas que, según los magistrados, "se verían frustradas o, al menos, dificultadas si el investigado se encontrara en libertad". "Ya que hoy día, con los medios telemáticos podría seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros países", añaden.
Por todo ello, la Sala concluye que concurren dos de los fines que la ley contempla para legitimar la prisión provisional acordada por el instructor: riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas.
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Borja Negrete
Cabe destacar que el juez, que cifra el fraude en cerca de 182 millones de euros, señala como responsables de la organización criminal a los codirectores Claudio Rivas y Víctor de Aldama, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.
El magistrado sostiene que se han identificado hasta la fecha transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China.
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