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El caso Ábalos comenzó probablemente a gestarse en 2014, cuando Pedro Sánchez viajó a Pamplona para participar en un acto del PSOE y se fotografió con Koldo García Izaguirre, un antiguo portero de puticlub y vigilante de seguridad condenado por dejar al borde de la muerte a un padre de familia de un pueblo navarro. El escándalo estalló 10 años después.
El pasado 21 de febrero, a las 10.38 horas, El Confidencial adelantó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había detenido a Koldo en la llamada operación Delorme por orden de la Audiencia Nacional. “El asesor de Ábalos, Koldo García, detenido por cobrar comisiones ilegales por la compra de mascarillas”. La mano derecha del exministro de Transportes aparecía en el centro de una trama corrupta que presuntamente amañó decenas de contratos públicos para la compra de material sanitario en los peores momentos de la pandemia y se repartió mordidas millonarias.
El mismo 21 de febrero, a las 17.33 horas, este diario lanzó otra información que, en realidad, manejaba desde hacía meses y provocó las primeras indagaciones. "El asesor de Ábalos compró dos pisos en Benidorm y 15.000 metros cuadrados de suelo en Polop tras la pandemia". Una pista desveló que Koldo y su mujer, Patricia Uriz, habían adquirido dos viviendas en primera línea de playa y tres fincas rústicas después de pagar importes incompatibles con sus ingresos conocidos. Las diligencias de la UCO revelaron luego que el matrimonio también había usado a su hija y un hermano de Koldo, Joseba, para ocultar otras dos propiedades.
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Victor Aldama durante la declaración. (EC) Las primeras informaciones apuntaron a José Luis Ábalos, el único alto cargo del PSOE que apostó por Sánchez en las primarias de 2017. Pero había otros dirigentes del partido en el ecosistema de la trama. Koldo introdujo en las administraciones controladas por el PSOE a un comisionista, Víctor de Aldama, con intereses en los sectores médico, turístico, aeronáutico, petrolero e inmobiliario.
Pronto aparecieron los nombres del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que pagó 5,3 millones de euros a la red para la compra de test PCR, y la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, que facilitó a la organización un contrato de 3,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas defectuosas.
Otra exclusiva de El Confidencial escaló la dimensión del caso. El 29 de febrero, sólo ocho días después de la primera noticia sobre la detención de Koldo, este diario abrió a las 8.00 h con el siguiente titular: “El comisionista del ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Sánchez para presentarle negocios”. La información contó que Aldama se había visto con Begoña Gómez para pedirle ayuda con dos proyectos empresariales. Uno de ellos pretendía recuperar pueblos de la España Vaciada. El segundo se llamaba Telefarmacia y era una aplicación para la venta de medicamentos a domicilio.
El artículo fue el primero de una larga serie de revelaciones sobre las actividades secretas de la mujer del presidente del Gobierno que abarcó los acuerdos de patrocinio del IE Africa Center con una empresa de Globalia, Wakalua; sus reuniones con Javier Hidalgo en plenas negociaciones del grupo turístico con el Ejecutivo de su marido para el rescate de Air Europa; las cartas de recomendación al empresario Carlos Barrabés, colaborador de su Cátedra de la Universidad Complutense, para que se llevara tres contratos del ente público Red.es por importe de 10 millones de euros; y su presunta apropiación de un software de la universidad valorado en 150.000 euros que había conseguido que desarrollaran gratuitamente Indra, Telefónica y Google, entre otros episodios.
Aldama se convirtió en el hilo que conectaba todas las derivadas de un caso que empezaba a apuntar directamente a Moncloa y sus movimientos cobraron mayor relevancia. El 12 de marzo, El Confidencial publicó otra exclusiva: “El comisionista clave en los amaños del Gobierno traslada a su entorno que quiere tirar de la manta”. Aldama había contratado los servicios del abogado José Antonio Choclán, experto en acuerdos con la Fiscalía. Por su papel de nexo entre los políticos y los empresarios, el conseguidor manejaba datos cruciales para el esclarecimiento de los hechos.
El Gobierno y el PSOE trataron de limitar la trama a Ábalos y Koldo. Tras las primeras noticias sobre Begoña Gómez, Moncloa reaccionó pidiendo que no se implicara a familiares en el “rifirrafe político”. “No todo vale”, declaró María Jesús Montero en los pasillos del Congreso. Pero el Ejecutivo cambió de opinión 10 días después, cuando elDiario.es reveló que el novio de Isabel Díaz Ayuso estaba siendo investigado por fraude fiscal en un juzgado de Madrid, y abrazó una virulencia nunca vista en democracia con la imputación de Begoña Gómez y los cinco días de reflexión del presidente.
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Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. (Europa Press/Eduardo Parra) A partir de ese momento, El Confidencial recibió una demanda de la mujer del líder del PSOE; Moncloa salió en bloque a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre sus casos de corrupción; Sánchez usó a la Abogacía del Estado para querellarse por prevaricación contra el juez que investiga a su pareja e Interior colocó al frente de la Guardia Civil a la exedil del PSOE y exdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, para tratar de controlar las pesquisas.
La instrucción del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno; los informes de la UCO con avances del caso; la investigación del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sobre la mujer de Sánchez; y el auto de imputación de Ábalos del Tribunal Supremo han ido encajando las piezas y desmintiendo que la onda sísmica alcance únicamente al exministro de Transportes y su asesor de cabecera, como pretendía el Ejecutivo. De uno de los informes policiales se desprendía, como publicó este diario el 29 de octubre, que “Koldo facilitó a Aldama los móviles personales de Calviño, Maroto y Ribera”.
Aldama empezó a tirar finalmente de la manta este jueves, como adelantó este diario hace 8 meses. En 116 minutos de comparecencia, confirmó que se vio con Begoña Gómez para hablar de la España Vaciada y que se reunió con Nadia Calviño, María Teresa Ribera y Ángel Víctor Torres, entre otros ministros, para ofrecerles negocios y pedirles adjudicaciones públicas. También reconoció que intervino en el rescate de Air Europa con 475 millones de euros de fondos públicos, aprobado en un Consejo de Ministros en el que participó Sánchez, e involucró en el reparto de comisiones al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al jefe de Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno.
El intermediario encendió el ventilador este jueves, pero las aspas seguirán dando vueltas, entre otros motivos, porque el juez Ismael Moreno y el fiscal del caso, Luis Pastor, le confieren máxima credibilidad y se la niegan al Gobierno y el PSOE. El representante del Ministerio Púbico apoyó minutos después de la declaración la libertad provisional de Aldama, aunque con la prohibición de salir de España y comparecer semanalmente. Su testimonio permitirá abrir nuevas líneas de investigación con diferentes protagonistas, aunque todas convergen en una sola cúspide.
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