La Xunta triplicará el presupuesto destinado a suelo residencial y a la construcción de viviendas.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado dos nuevas medidas para los jóvenes de Galicia: un 'bono emancipación' y la intención de fijar cuotas de reserva de vivienda pública para menores de 36 años. Así lo ha avanzado el mandatario gallego este miércoles, dando continuidad a su compromiso encaminado a convertir las políticas de vivienda en uno de los ejes de acción de su Gobierno en esta legislatura.
El presidente ha avanzado que los 'Orzamentos de 2025' incluirán una "ayuda directa" para favorecer la emancipación juvenil y ayudar a los jóvenes a afrontar los gastos derivados de la misma, al margen de la mensualidad del alquiler o la cuota de la hipoteca que cuentan con otras aportaciones económicas: los avales del 20% para comprar o los bonos de alquiler que benefician a 4.300 gallegos.
"Será una ayuda directa con dinero para que los jóvenes puedan empezar con esos primeros gastos que son tan fundamentales cuando uno empieza a vivir independientemente", ha remarcado. Sin embargo, no ha concretado la cuantía del mismo, a la espera de que se aprueben las cuentas autonómicas la semana próxima.
Reserva de la vivienda pública para los jóvenes
Rueda también ha anunciado que el 25% de las nuevas viviendas públicas que impulse el Ejecutivo autonómico estarán reservadas para la venta a menores de 36 años. Este porcentaje se incrementará hasta el 40% en las promociones destinadas a alquiler. El objetivo para el final de mandato es pasar de un parque público de 4.000 a 8.000 unidades, con 1.400 ya en marcha este año.
En la pasada jornada, el presidente ya había revelado que la Xunta triplicará el presupuesto destinado a suelo residencial y a la construcción de viviendas públicas, hasta llegar a 126 millones. La Xunta también lanzará una serie de medidas legales de choque para incrementar lo más rápido posible la oferta de vivienda y atajar la actual crisis de precios.
Así, el Gobierno gallego prevé reducir a la mitad los plazos de tramitación del nuevo suelo residencial para viviendas protegidas —bajo el amparo de la figura de proyecto de interés autonómico—, se facilitará la conversión de locales comerciales en viviendas sin necesidad de modificar el plan general de ordenación municipal (PGOM) y se otorgará durante un plazo de tres años la cobertura legal para recuperar los edificios inacabados durante la crisis económica.
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