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El Gobierno ha concedido a Bildu la medalla de apadrinar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada ley mordaza, por la que se compromete a eliminar las pelotas de goma como material operativo de los antidisturbios en un calendario progresivo aún sin concretar. Según las modificaciones del texto legal acordadas en las últimas horas entre el PSOE, Sumar y Bildu, se rebajarán también las sanciones por faltas de respeto y desobediencia ante los agentes de autoridad, que pasarán a ser consideradas de graves a leves y deberán ser "objetivables".
El anuncio ha pillado por sorpresa al resto de fuerzas parlamentarias. Fuentes del Ejecutivo confirman el acuerdo aunque aseguran "desconocer el motivo" por el que Bildu lo ha hecho público hoy, lo que ha molestado especialmente al PNV. Este grupo fue el impulsor de la iniciativa original para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana y la pasada legislatura alcanzó un pacto amplio para la reforma de 36 puntos del articulado, que sin embargo encalló por el rechazo de ERC y Bildu por considerarlo "insuficiente". Moncloa no les había informado de los avances con el que es su contrincante político.
Según han explicado los diputados de Bildu en una rueda de prensa en el Congreso Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu, el Gobierno prohibirá el uso de pelotas de goma como material antidisturbios en altercados callejeros, que serán sustituidas de manera progresiva por otros medios "menos lesivos" y que no causen "lesiones irreparables". En Cataluña y en Euskadi, estas han sido reemplazas por pelotas de foam.
Asimismo, los insultos e injurias a los agentes de autoridad serán considerados falta leve y en el caso de que esa persona se retracte, se retirará la sanción. "Se acaba con las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas, se blinda la libertad de expresión y se establece su cancelación en caso de que la persona acusada se retracte", afirma Bildu.
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En cuanto a la desobediencia a la policía, la infracción también pasa de grave a leve y se establece que debe ser "manifiesta, clara y objetivable". "Únicamente se podrá sancionar en caso de resistencia corporal ante una orden de los agentes", ha explicitado el diputado Iñarritu, así como a la "negativa manifiesta y clara a identificarse" a requerimiento de los agentes y dar datos falsos o inexactos.
Iñarritu ha celebrado con especial ahínco el final de las pelotas de goma como material antidisturbios. "Es una excelente noticia anunciar que se va a acabar con esos proyectiles de caucho, un material policial propio del siglo XX, que como todos saben ha producido en el Estado al menos 23 fallecimientos, del mismo modo que cientos de personas han quedado mutilados de ojos u otros órganos de su cuerpo". No han precisado si el material sustitutivo serán los proyectiles de foam, que ya se vienen utilizando en Cataluña y en Euskadi, y que tampoco avalan estos grupos parlamentarios.
Además, el Gobierno se compromete a reformar la ley de extranjería en el plazo de seis meses para poner fin a las devoluciones en caliente de los inmigrantes irregulares, con arreglo a las normas internacionales de protección y asilo. Se instalarán oficinas de asilo en la frontera para estudiar la situación de estas personas antes de dictar orden de expulsión.
En una primera valoración, el PP ha censurado que sea precisamente Bildu el que se encargue de anunciar la derogación de esta norma. "Que la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana la dicte un partido como Bildu, da buen ejemplo del nivel de podredumbre del Gobierno de Sánchez. Hoy el PSOE termina de firmar su acta de defunción como partido constitucionalista", ha denunciado portavoz en el Congreso, Miguel Tellado.
Por contraste, Podemos ya ha expresado su disconformidad al considerar la nueva propuesta "insuficiente". "No se puede hablar de la derogación de la ley Mordaza. Un acuerdo muy del PSOE, mucho titular y poca transformación", ha valorado su portavoz parlamentaria, Ione Belarra, en las redes sociales. La otra incógnita, como siempre, es qué hará Junts. Su portavoz Miriam Nogueras ha defendido la "derogación" de la ley "regresiva", aunque ha avanzado que presentarán también sus enmiendas para una ley catalana.
Que la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana la dicte un partido como Bildu, da buen ejemplo del nivel de podredumbre del Gobierno de Sánchez.Hoy el PSOE termina de firmar su acta de defunción como partido constitucionalista.
— Miguel Tellado (@Mtelladof) October 3, 2024
La revisión de esta norma, aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015, ha sido objeto de debate desde 2017 aunque encalló por la falta de consenso de Bildu y ERC. Ahora es Podemos el que la ve "insuficiente" y el PNV, autor de la iniciativa original, se reserva el derecho a presentar enmiendas al articulado. En concreto, cuestionan que los agentes queden despojados del principio de autoridad, esencial en cualquier Estado. Eso en cuanto al contenido, porque sobre las formas se quejan de que ni el Gobierno les ha avisado ni han tenido tiempo de estudiar los cambios pactados ahora con Bildu. "Un aquí te pillo aquí te mato no puede ser. Necesitamos un tiempo de reflexión y nos reservamos el derecho a presentar enmiendas", ha afirmado su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, desde Bilbao.
Pero ahora el Gobierno ha planteado esta modificación integral de la Ley de Seguridad Ciudadana dentro del Plan de Acción por la Democracia, el famoso plan de regeneración de Sánchez que está centrado, sobre todo, en medidas para regular la transparencia en los medios de comunicación, y que aprobó hace dos semanas el Consejo de Ministros. Y Moncloa ha cedido a las últimas pretensiones de la antigua Batasuna concediéndole el honor de presentar el anuncio de la tramitación de la ley, por encima del PNV, al que ni siquiera el Ejecutivo socialista ha avisado. Fue la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien telefoneó esta mañana a Aitor Esteban para informarle de los cambios aceptados por Moncloa.
Con malestar contenido, Aitor Esteban ha ofrecido una rueda de prensa en Bilbao para hacer una primera valoración del nuevo texto, que ha saludado, si bien ha puesto objeciones a las cuestiones relativas a la desobediencia, resistencia o a la negativa de identificación ante los agentes. "Hay que darle una vuelta. El principio de autoridad debe mantenerse porque es fundamental para el orden público el respeto a las policías, a todas", ha subrayado Esteban, que se ha preferido quitarle hierro a que la Moncloa no haya levantado el teléfono antes.
Si no lo han querido comunicar, que hubiera sido lo mínimo, pues ya está. Estoy acostumbrado", ha declarado Aitor Esteban
“Hoy he hablado, porque yo he llamado, evidentemente. Pero no nos lo han comunicado. Ellos sabrán. El Gobierno sabe que este tema nos preocupaba y ocupaba. Empleamos muchas horas en presentar una proposición de ley. No crean que una proposición de ley completa en el ámbito penal es fácil de preparar para el grupo parlamentario. Si no lo han querido comunicar, que hubiera sido lo mínimo, pues ya está. Estoy acostumbrado. Llevo una legislatura de mucho movimiento y de sorpresas por todas partes”, ha afirmado el portavoz del PNV.
El diputado de Sumar Enrique Santiago ha defendido el avance de derechos que traerá esta reforma de la ley, que pasará a denominarse nueva ley de Protección de Libertades y Seguridad Ciudadana, que será registrada mañana en la Cámara Baja y que según sus planes deberá entrar en vigor antes de que finalice este año.
Santiago ha hecho referencia al derecho de reunión y manifestación o al libre cultivo de marihuana en el domicilio particular. "Parece que está encauzada esta reforma, a continuación viene la reforma del Código Penal en lo que se refiere a las libertades de expresión", ha señalado sobre el deseo de su formación de despenalizar las injurias a la Corona. "Que nadie se lleve a engaño. Esta es una parte del problema, no la totalidad".
Cuestionados por el aliciente que haya podido tener el Gobierno para acceder ahora a los cambios sustanciales de la ley, a las que se opuso el Ministerio del Interior en la pasada legislatura, la diputada de Bildu se ha limitado a señalar el paso del tiempo. "La ley lleva en vigor 10 años. Alguna vez hay que llegar a un acuerdo en este tema". La formación abertzale radical es, precisamente, uno de los socios más estables del Ejecutivo de Sánchez, al que Arnaldo Otegi dejó claro que apoyará para evitar el "avance de la ultraderecha", aunque también para lograr la salida de los presos de ETA. Se da la circunstancia de que la nueva consejera socialista de Justicia del Gobierno vasco acaba de conceder el tercer grado a dos etarras, Iragui Gurruchaga, que asesinó al concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena (2000), al fiscal Luis Portero y al médico militar Antonio Muñoz Cariñanos. "Presupuestos por presos", ha señalado el coordinador de territorial en Génova, Elías Bendodo.
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