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A menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos, el Comité Editorial de El Confidencial ha celebrado su cuarto encuentro de este año para analizar la campaña electoral y las consecuencias de la vuelta de Donald Trump al poder o de la victoria de Kamala Harris. Los grandes temas abordados en la carrera hacia el 5N son la economía, las libertades individuales y la inmigración, otros de los fenómenos que fue abordado en este encuentro, centrando la mirada en España. De igual forma, se analizó todo lo que conlleva el pacto entre el PSC y ERC para el cambio de la financiación catalana, así como los primeros pasos del nuevo CGPJ.
Este Comité, presidido por José Antonio Zarzalejos, contó con la asistencia de José Antonio Sánchez, presidente ejecutivo y editor de El Confidencial; Nacho Cardero, director del periódico; los directores adjuntos Carlos Sánchez, Ángel Villarino y Miquel Roig; Beatriz Parera, adjunta al director; Rebeca Fernández, redactora jefa y jefa de Opinión; Joaquín de Fuentes Bardají, socio director del despacho de abogados Escalona & De Fuentes, responsable de su departamento de Derecho Público y abogado del Estado en excedencia; Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Urbaser y expresidente de Indra; Marta García Aller y Ramón González Férriz, periodistas y columnistas del diario; e Ignacio Varela y Pablo Pombo, analistas de El Confidencial y consultores políticos.
La 'financiación singular' de Cataluña
El acuerdo entre el PSC y ERC para una financiación singular para Cataluña es uno de los grandes temas de actualidad no solo por la respuesta del resto de comunidades autónomas, sino también por el rechazo que ha generado entre las propias filas socialistas. Sobre ello, José Antonio Zarzalejos señaló que esta financiación conforma "un concierto económico parecido, aunque no igual", que el vasco o el navarro.
En concreto, con el pacto alcanzado se da la bilateralidad excluyendo a Cataluña de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; se desarrolla una Agencia Tributaria Catalana que sustituye a la Estatal; se prevé la recaudación de todos los impuestos y tributos que se abonan en Cataluña, así como su total gestión; se acuerda que habrá una cantidad que esta comunidad pagará al Estado para sufragar los servicios que preste a o en Cataluña; se aumenta la capacidad normativa fiscal catalana; y se establece que contribuirá a la solidaridad con otras comunidades con el límite de la "ordinalidad" y en función del "esfuerzo fiscal" de la media de todas ellas, un "aspecto declarado inconstitucional en una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006 que establecía esa previsión".
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José Antonio Zarzalejos
A juicio de Zarzalejos, todas estas previsiones "son muy generales y no entran en sus aspectos instrumentales" y, además, "no se dispone de un texto oficial suscrito por las partes negociadoras ni el Gobierno ha facilitado un documento que recoja el pacto". Pero al margen de esto, el mayor obstáculo para su entrada en vigor es "su falta de cobertura constitucional, estatutaria y ordinaria", es decir, su aplicación implicaría un cambio del modelo de financiación, que "alteraría la morfología del Estado y posicionaría a Cataluña en un régimen similar al vasco y navarro".
Cabe recordar que el sistema concertado dispone de una expresa habilitación en la Constitución, en el Estatuto vasco, y en la ley del Concierto de 2002. En el caso navarro, el convenio viene de 1841 y ha sido un régimen de financiación que, desde ese momento, nunca se ha interrumpido y está recogido en la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de 1982. Además, los territorios forales están definidos como tales en la sentencia número 76 del 26 de abril de 1988.
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Carlos Sánchez
Por todo ello, Cataluña "carece de habilitación constitucional para disponer de un sistema paccionado de financiación", precisó Zarzalejos. "Para hacerlo posible sería necesaria una reforma constitucional, la posterior excepción de la vigencia en la comunidad de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la aprobación de ley o leyes ordinarias que regulen el concierto y el cupo, así como la aportación a la solidaridad interterritorial", advirtió.
Para entender cómo se ha desarrollado el modelo de financiación autonómico desde 1993, Carlos Sánchez destacó que la supervivencia financiera de las comunidades autónomas depende de "la voluntad política de cada Gobierno", ya que debe revisar el modelo cada cinco años porque la corresponsabilidad fiscal es insuficiente. No obstante, esto no se ha hecho desde 2014, a pesar de que la población ha crecido en casi tres millones de personas desde 2009. "Multiplicando esos tres millones de nuevos habitantes por los 3.300 euros de financiación por habitante, eso significa que faltan unos 10.000 millones de euros sólo en 2023", detalló.
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Inicialmente, se cedió el 15% de los grandes tributos, posteriormente un 30%, y ahora un 50% (salvo el Impuesto sobre Sociedades). "La ampliación de esos porcentajes se corresponde con las distintas mayorías parlamentarias, el clientelismo federal". En este sentido, Sánchez indicó que el modelo vigente (2009) está trufado de un complejo equilibrio regional que incluye media docena de fondos "pensados para satisfacer las diversas demandas autonómicas". Es "un sistema enormemente complejo, cuyo funcionamiento desconoce la inmensa mayoría de los ciudadanos, y que es lo más parecido a un menú a la carta que, sin embargo, deja sin postre a algunas regiones". Las más desfavorecidas son Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Este "auténtico galimatías" no ha evitado que la financiación por habitante a competencias homogéneas se sitúe en una horquilla que va entre los 3.954 euros de La Rioja y los 3.056 de Murcia, que es la peor financiada. Cataluña se sitúa muy ligeramente por encima del promedio (3.396 euros) y Madrid está en la media (3.364 euros). A esto hay que sumarle las competencias normativas de cada comunidad autónoma, que son "extremadamente prolijas", y son importantes por el dumping fiscal, esto es, el margen de maniobra que tienen las comunidades para bajar impuestos.
El resultado de toda esta arquitectura es una opacidad que provoca de forma recurrente "un gran ruido político", debido, probablemente, a las insuficiencias del Título VIII de la Constitución. "En lugar de cerrar el modelo, incluyendo en la propia Carta Magna el sistema para que no sea subastado cada cierto tiempo, lo ha dejado abierto, favoreciendo el caos", concluyó.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial
Beatriz Parera repasó los primeros pasos del nuevo Consejo General del Poder Judicial, que no han estado exentos de "dificultades". Su primera crisis se debió al nombramiento de su presidenta, Isabel Perelló, que "se mantuvo atascado durante semanas", pero que permitió apreciar un patrón "que es probable que se repita en el futuro".
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La presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló. (EFE/Javier Lizon) El acuerdo se logró después de que el bloque conservador cediera ante la exigencia del opuesto de que la presidencia la ocupara una mujer y renunciara a su candidato ideal, el magistrado Pablo Lucas, ahora presidente en funciones de la Sala de Contencioso. "Progresista e independiente, muy valorado en el Tribunal Supremo y en la carrera en general, fue vetado por Bolaños", relató.
Los 10 conservadores renunciaron a respaldarle tras provocar un cisma en el otro bloque y seducir a los dos vocales de Sumar y, a cambio, se da por hecho el próximo nombramiento de Lucas como presidente de su Sala. En opinión de Parera, la ruptura de la unidad del sector progresista y la escisión de los vocales de Sumar "será de la mayor relevancia en el futuro"
Después de la designación de Perelló, tuvo lugar un reparto equitativo en la composición de las Comisiones. La principal es la Permanente y la de Calificación, y en las dos hay igualdad en lo que respecta a los representantes de los bloques. Además, ya se ha puesto en marcha el mecanismo para que los primeros nombramientos sean los de los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, incluida la Sala Segunda, que en la actualidad ocupa Manuel Marchena, quien el próximo 8 de noviembre concluye su segundo mandato. "De esta forma, comienzan con los nombramientos de mayor relevancia y la decisión que se adopte será fundamental para marcar todas las demás", valoró.
La inmigración en España
España ha pasado de ser emisor a ser receptor neto de inmigración mucho más tarde que la mayoría de los países occidentales, a finales de los años 90. Después, creció a un ritmo vertiginoso y durante algunos años antes de la crisis financiera se convirtió en el país europeo que más inmigrantes per cápita ha recibido desde que hay registros.
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Ángel Villarino
Ángel Villarino analizó esta evolución y detalló que de los 48.085.361 habitantes censados en enero de 2023, el 18% había nacido en el extranjero y un 12% no tenía nacionalidad española. Es una tasa igual o superior a la de los grandes países receptores como EEUU (14%), Holanda (16%), Francia (12%) o Alemania (18%). Solo los países petroleros de Oriente Medio superan ampliamente esas tasas. Al revés de lo que sucede en otros estados, la mayoría de los inmigrantes que se instalan en España "pasan por alguna fase de clandestinidad", ya que apenas existen cauces legales. Las reunificaciones familiares, el trámite legal más habitual, no pasa de 40.000 al año.
El primer problema que afronta el debate migratorio es la falta de familiaridad con conceptos básicos. Por ejemplo, señaló Villarino, un porcentaje abrumador de los inmigrantes que entran en situación de irregularidad administrativa llegan por avión y proceden de Latinoamérica. Entran de manera legal, pero cometen la irregularidad al quedarse más allá del periodo autorizado. Esto tiene un reflejo evidente en las estadísticas. En la actualidad, el número de ilegales que hay en España está en torno a los 500.000-700.000, según una reciente estimación de Funcas.
En lo que se refiere a su lugar de procedencia, en primer lugar se sitúa Colombia (209.000) y después están Honduras (82.000), Perú (71.000) y Venezuela (51.000). El primer país no hispanohablante de la lista es Marruecos (16.000), seguido de Senegal (6.500). "Esto da una imagen de hasta qué punto la inmigración irregular procedente de África ahora mismo es un fenómeno minoritario sobre el total", explicó. A pesar de ello, "es lo que define el debate público" y cada vez que el CIS detecta una preocupación entre los españoles ante el tema es porque se ha producido un desembarco en las costas o a través de la verja de Melilla y hay una amplia cobertura mediática, así como declaraciones y posicionamientos en el ámbito político.
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Por ello, Villarino consideró que si lo prioritario es frenar la inmigración ilegal "como se repite tanto", lo primero que se debería hacer es aplicar "una medida bastante sencilla y muy efectiva": volver a solicitar visados a quienes proceden de Colombia y Perú, algo que se dejó de hacer hace años, cuando todavía estaba en el gobierno Mariano Rajoy. La medida se podría extender con el resto de nacionalidades latinoamericanas que no necesitan visado, que son la mayoría. La realidad es que el debate se enciende por la llegada de personas nacidas en África que atraviesan la frontera de manera irregular por mar o tierra. "Esto nos lleva a un debate distinto que no tiene que ver demasiado con la irregularidad, sino con el lugar de procedencia, religión o raza, sin entrar a calificar lo que eso significa".
Ante la ausencia de otros métodos, los inmigrantes africanos llegan, en su mayoría, en pateras, cayucos o bien saltando la verja. ¿Y qué método es el único que ha funcionado en los últimos años en todos los países del Mediterráneo para frenarlo? "El único realmente efectivo ha sido pactar con las naciones en la frontera. Eso supone fluctuaciones y cambios en los países de llegada y los flujos porque cada vez que se tapona una ruta, aparece otra, lo que conlleva que el precio que exigen los gobiernos al otro lado del mar sea cada vez más alto", señaló sobre la fórmula que ha aplicado la Unión Europea con Turquía, Túnez, Libia, Argelia y Marruecos.
En opinión de Villarino, el debate migratorio "es ineludible y ya está estallando en España", que se encuentra en una posición privilegiada, dado que la inmigración es "un flujo mestizo de América Latina y apenas hay guetos". No obstante, consideró que, como en el resto de Occidente, vamos a quedar "atrapados entre el enfoque humanitario y el identitario" y será cada vez más difícil abordarlo desde el punto de vista demográfico y económico. Y precisamente sobre este último punto, hay que tener en cuenta que no hay alternativa a la inmigración "si queremos mantener el crecimiento económico", porque ninguna medida de fomento de la natalidad está funcionando, ni siquiera las de Hungría, "que se gasta casi un cinco por ciento de su PIB en intentarlo".
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"Necesitamos un nuevo sistema migratorio que nos permita tomar el control sobre quiénes llegan, cómo y para qué, sin dejar todo el peso en manos de los propios inmigrantes y las ONG, algunas de las cuales acaban creando redes de clientelismo porque ocupan un espacio que no les debería corresponder, y todo ello implica un elevado coste económico", argumentó. De igual forma, resaltó que es "errónea" la idea de que los países occidentales rechazan a los extranjeros masivamente y de que todo el sistema ha fracasado. "En algunos de estos países, más de la mitad de las familias alargadas tienen ya algún miembro que nació en el extranjero".
En esta línea, Marta García Aller recordó que el sociólogo Hein de Haas relata en Los mitos de la inmigración que una de las ideas más extendidas es la de que el fenómeno está desbocado, cuando esa imagen no se corresponde con la realidad. De hecho, un estudio realizado por 18 universidades que mide la inmigración irregular en el mundo concluye que el número de inmigrantes irregulares que vive en los grandes países europeos no ha cambiado sustancialmente en los últimos 15 años. Los investigadores del proyecto MIrreM calculan que de 2016 a 2023 había entre 2,6 y 3,2 millones de inmigrantes irregulares viviendo en 12 países europeos, menos del 1%, y en 2008 la estimación era parecida. "No es la inmigración irregular lo que aumenta, es su uso retórico como chivo expiatorio político, tanto en Europa como en Estados Unidos", afirmó.
"La migración internacional hace un siglo a nivel mundial era aproximadamente el 2,2% del mundo y hoy, la Organización Internacional para las Migraciones estima que es el 3,7%. Es decir, hace un siglo, el 97,8% de la humanidad vivía en el país en el que nació, y en la actualidad es el 96,3%", apuntó García Aller, que destacó que lo sorprendentemente diferente ahora es la composición de la migración. "The Economist cuenta que en los últimos 50 años, la novedad es que los que migramos no somos los europeos. Ahora nosotros los recibimos. En el último medio siglo, con la migración, lo que cambia no son cuántos migran, sino quiénes lo hacen". Sin embargo, el aumento del rechazo a la inmigración no depende de si se ajusta a la realidad, sino de su percepción: "El fenómeno antiinmigrantes está calando al margen de las cifras reales".
'Pausa' | Contamos mal la inmigración
Marta García Aller
García Aller citó a De Haas cuando acusa los políticos de mantener un doble juego, "condenan la inmigración ilegal y las mafias que trafican con ello, pero hacen la vista gorda a las llegadas irregulares porque son indispensables para la economía". En Francia, Emmanuel Macron quiere acelerar las deportaciones, Alemania está poniendo en marcha planes similares y, si Donald Trump llega al poder en EEUU, sus planes implican la expulsión de 11 millones de personas que residen ilegalmente en Estados Unidos, lo que conllevaría "un caos económico".
El futuro de EEUU
El próximo 5 de noviembre, Estados Unidos decidirá si Trump regresa a la Casa Blanca o si Kamala Harris toma el testigo de Joe Biden. Estas elecciones llegan en un momento en el que ha entrado en declive lo que en la última década se ha denominado cultura woke.
Ramón González Férriz recordó que su auge se produjo alrededor de 2014, a raíz del Black Lives Matter y el triunfo de Trump. Era una visión profundamente crítica de la historia de Estados Unidos, según la cual esta era una nación construida íntegramente sobre el racismo, el machismo y el clasismo, "ha sido la fuerza ideológica dominante en el mundo editorial, la prensa de izquierdas y la cultura durante todo este tiempo". Pero su declive era perceptible en la política y, de hecho, muchas de sus ideas le "resultaban antipáticas" a los votantes progresistas, aunque muchos se resignaran a sus estrictas normas identitarias y sus códigos.
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Ramón González Férriz
Ahora, ese declive ha llegado también al mundo cultural. Por ejemplo, un estudio de The Economist señala que cada vez se utilizan menos expresiones propias del movimiento como "privilegio blanco", o que la preocupación racial ha disminuido. "Hoy los estudiantes de izquierdas se manifiestan por Palestina, que es lo que llevan haciendo décadas", relató González Férriz. Este debilitamiento de lo woke tiene un cierto correlato empresarial en la caída de la popularidad que experimentan las ideas corporativas asociadas de ESG (Environmental, Social, Governance) y en los criterios DEI (Diversity, Equity and Inclusion) en las empresas.
Así que ya sea por cuestiones electorales vinculadas a los intereses del partido demócrata, o bien por un simple cambio de ciclo tras una década de excesos identitarios, "la izquierda estadounidense parece estar volviendo a una versión más tradicional de sí misma". En cambio, la derecha se está renovando profundamente y una parte de esa transformación pasa por la adopción de teorías de la conspiración y expresiones de radicalismo.
Durante esta década, el trumpismo ha ido revistiéndose de ideas robustas y tres de ellas circulan con fuerza entre quienes quieren dar profundidad ideológica a líder republicano. La primera la explicó el escritor Christopher Caldwell en su libro The Age of Entitlement, quien considera que los demócratas, con la excusa de los derechos civiles y la ampliación del Estado del bienestar, llevan décadas cambiando la constitución por la puerta de atrás. Muchos, como el candidato a vicepresidente J. D. Vance, lo interpretan como "una llamada a regresar a la constitución original y proteger al ciudadano blanco común, que se ha convertido en una especie de minoría asediada". Para ello, hace falta una democracia más autoritaria que se centre en las libertades primarias y tradicionales.
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Donald Trump y Kamala Harris durante el debate electoral. (EFE/EPA/Demetrius Freeman) La segunda es la sensación de que el liberalismo —en sus dos acepciones: como neoliberalismo o, en inglés, como sinónimo de "progresismo"— ha fracasado. Lo desarrolló el libro Why Liberalism Failed, de Patrick Deneen, que denuncia que la desigualdad económica, el declive cultural o el aumento del Estado se deben a "una cultura demasiado permisiva que ha dejado atrás la religión y la tradición, y es necesario que el estado imponga ambas cosas". Y, por último, una idea económica, pero que trasluce un sistema de valores: el plan de Trump y algunos de sus asesores de ir sustituyendo progresivamente el impuesto sobre la renta por los aranceles, que era el sistema que suponía la mayor parte de ingresos fiscales de Estados Unidos durante el siglo XIX. Aunque probablemente es impracticable, resume algunas ideas centrales de la nueva derecha, según González Férriz: "Más proteccionismo, menos estado y más autonomía individual".
A estas alturas de la campaña, el resultado sigue siendo impredecible y, para Pablo Pombo, "lo será hasta el final". "Harris parece ligeramente favorita, pero Trump está en mejores condiciones que en 2020 a estas alturas" y la carrera se resolverá en siete estados: Carolina del Norte, Arizona, Georgia, Nevada, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde los sondeos reflejan ventajas inferiores al margen de error demoscópico.
Las bases electorales republicanas y demócratas están igualmente movilizadas y los candidatos generan rechazos similares fuera de su espectro, mientras que los independientes se están repartiendo de manera parecida. Además, para Pombo, ninguno de los grandes eventos de los últimos meses ha alterado la campaña electoral: ni el debate, ni los dos intentos de magnicidio han generado "una huella clara y duradera en la competición".
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Pablo Pombo
En lo que sí se diferencian es en los recursos humanos y económicos con los que cuentan los dos candidatos. Harris tiene más, su partido invierte el triple en publicidad aunque, hasta el momento, no le ha servido para abrir una brecha destacable. Por su parte, Trump mantiene su habilidad para difundir el mensaje y condicionar la conversación de forma gratuita. El candidato republicano mantiene la idea del fraude en 2020, no deslegitima lo ocurrido en el Capitolio y parece estar reservando recursos para las impugnaciones electorales. Si su derrota no resulta incontestable y pronta, "podrán darse choques de todo tipo".
Tras estas ponencias, tomaron la palabra José Antonio Sánchez, presidente ejecutivo y editor de El Confidencial, y Nacho Cardero, director del periódico, para destacar el trabajo que desarrolla cada día la redacción de este diario y reivindicar el valor de la independencia y la libertad de prensa.
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