:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F513%2F09a%2Ff3a%2F51309af3addc0d9b233dd120d5817594.jpg)
Alta tensión en el PP. Génova trabaja contrarreloj para intentar revertir o, al menos, enjuagar el fallo que cometió al votar a favor en el Congreso de una reforma legal que permitirá acortar las penas de prisión de 41 etarras. El PP ha retirado del orden del día en el Senado la votación final de la polémica normativa, aunque la Cámara Alta no tiene instrumentos legales para frenar la ley y deberá pronunciarse antes del 14 de octubre. Mientras tanto, la dirección nacional presiona al Gobierno para que retire el proyecto de ley, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha telefoneado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para instarle a que dé marcha atrás.
Mientras se espera una solución, el ruido interno no ha cesado por el "error" que, a juicio de distintos dirigentes populares, "pasará factura" a Feijóo y al partido. La sensación general en la formación es de perplejidad mezclada con abatimiento. La "sorpresa", dicen, es "total". Y el debate aún soterrado por el "shock" inicial es la búsqueda de responsabilidades dentro del Grupo Popular en la Cámara Baja, comandado por Miguel Tellado, y que cuenta con la confianza del líder nacional.
El portavoz parlamentario de los populares descarta, por el momento, "depurar responsabilidades" y eleva el tono contra el Ejecutivo, al que acusa de "estar encañonado por Bildu". Tellado ha justificado este martes en rueda de prensa que a sus portavoces "se les pasó" la controvertida enmienda de Sumar que permite borrar de una tacada 400 años de prisión para más de 40 etarras porque se enfocaron en otra enmienda que presentó Junts al texto "que pretendía beneficios judiciales para Carles Puigdemont". Poco después, durante un acto desde Guadalajara, el propio Feijóo entonaba el mea culpa y hablaba de "error injustificable".
Lo prioritario ahora, inciden tanto en la cúpula nacional como a nivel parlamentario, no es "la búsqueda de culpables", sino de "soluciones". Aunque en el fondo subyace un fuerte malestar por el hecho de que ningún miembro del grupo mayoritario de la Cámara Baja, que cuenta además con mayoría absoluta en el Senado, fuese capaz de percibir el enésimo "engaño" del Ejecutivo. "Nuestros portavoces vieron la ley y su informe fue que era una mera transposición de una directiva europea sobre intercambio de información penal. Pero no era solo eso", admiten fuentes del PP bien posicionadas. "A estas alturas, deberíamos saber hasta dónde es capaz de llegar Sánchez", lamentan otras voces parlamentarias.
La sensación es de "enfado", de "vergüenza" y de "bochorno", como verbalizan distintos diputados y senadores consultados por este medio. Porque en este caso, su equivocación —que también cometió Vox y UPN— ha permitido que pase desapercibida una reforma judicial trascendental que permitirá a Bildu ver cumplida la que ha sido su gran demanda histórica: rebajar las penas de cárcel de una cuarentena de presos de ETA, y que en algunos casos supondrá su liberación inmediata. Por ejemplo, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, verá automáticamente recortada su pena de prisión en seis años, por lo que podría ver la luz en solo unos meses.
El pasado 18 de septiembre, el Congreso aprobó a ciegas y por unanimidad la modificación de la ley orgánica 7/2014 que incluye una transposición europea sobre intercambio de información de antecedentes penales. Ni el PP ni Vox se percataron de los retoques legales que se introdujeron durante su paso por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja que tenían un impacto directo en el cómputo de las penas, y votaron a favor en el Pleno. El texto continuó su trámite parlamentario hasta llegar al Senado. "Lo que ha ocurrido es muy grave", refleja otro dirigente popular, que anima a hacer un análisis interno.
El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, tampoco reparó en esta fase del trámite en las consecuencias que podía tener la modificación legal para los presos de ETA. Ningún partido de la oposición registró enmiendas o propuestas de veto. Y es por ello que Feijóo ya no puede frenar ni obstaculizar la aprobación de la ley. La norma se enfrentaba a su último trámite este martes en el Senado. Pero aunque el PP votase en contra de la norma, ese rechazo no impediría que la reforma sea promulgada por las Cortes Generales.
Génova gana tiempo y estudia ir al TC
Génova maniobró a última hora y decidió hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día el punto relativo a la votación de la controvertida ley. El nerviosismo era palpable. Según pudo confirmar El Confidencial, la dirección nacional del partido pidió formalmente a todos sus senadores acudir "puntuales" al pleno de este martes, que arrancaba a las diez de la mañana, para aprobar el cambio en la agenda.
El margen de maniobra, sin embargo, es muy estrecho. Al tratarse de un procedimiento de urgencia, el PP tiene apenas siete días para encontrar una solución de peso. El plazo para que la Cámara Alta se pronuncie sobre la norma expira el próximo 14 de octubre. Si no lo hace, la norma se enviará directamente al BOE. El objetivo de los populares es retratar en este tiempo la responsabilidad del Gobierno ante la "indecencia" de rebajar condenas a presos etarras. Y en la formación se muestran muy pesimistas sobre las opciones reales de revertir la situación. "No va a servir de nada", sentencian.
Este martes, el PP ha presentado ante la Junta de Portavoces del Senado un escrito para que los grupos retiren las enmiendas de Sumar que beneficiarán a presos de ETA. Recuerdan que, según el artículo 125 del Reglamento, se puede modificar un texto de un proyecto de ley si así lo aceptan la totalidad de los grupos. Pero, como era previsible, ni el PSOE ni sus socios han accedido a modificar el texto del proyecto de ley.
Desde el pasado fin de semana se han producido intensos contactos con las direcciones de los grupos parlamentarios y con los servicios jurídicos del partido y de las Cámaras. Este periódico contactó con la dirección del PP el pasado viernes. En primera instancia, Génova rebajó la gravedad de la situación tras consultarlo con sus responsables jurídicos. Pero el lunes, tras la exclusiva de El Confidencial, la dirección popular entonó el mea culpa y encendió todas las alarmas. "Es un error generalizado en el que ha incurrido todo el Congreso de los Diputados", verbalizó el portavoz nacional del partido, Borja Sémper. Vox siguió el mismo patrón y acabó pidiendo disculpas tras percatarse del error parlamentario.
El propio Feijóo asumió este lunes la responsabilidad de la equivocación en primera persona al disculparse "personalmente" con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce. La AVT, además de censurar la cesión del Gobierno a Bildu, criticó el error de los populares. "¿No hay nadie al volante en este país?", censuraron.
El Senado ya no puede parar la ley que beneficia a Txapote y otros presos de ETA
Itziar Reyero
En la dirección de Génova aseguran no descartar ninguna vía, y estudia acudir a los tribunales —la vía que gana fuerza es la del Tribunal Constitucional— si el Gobierno no recula y retira la norma antes del 14 de octubre. La polémica, no obstante, está servida. Y dirigentes de distintos niveles deslizan que, si de aquí a una semana el partido no consigue enmendar su equivocación, la marejada interna podría ir in crescendo.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}