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La Fiscalía de la Comunidad de Madrid analiza ya más de 300 contratos menores, sin publicidad ni concurrencia, adjudicados por la Consejería de Educación para la construcción y reforma de centros públicos de Formación Profesional (FP), fundamentalmente durante el anterior Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Más Madrid ha sido el último en poner en conocimiento del Ministerio Público los expedientes bajo sospecha, con facturas supuestamente troceadas para eludir los controles y evitar la convocatoria de concursos, tras el PSOE y la propia consejería.
Las denuncias apuntan a presuntas irregularidades en la concesión de las obras para, al menos, ocho centros. Los escritos presentados por Más Madrid, este martes, y el PSOE, en julio, sostienen que el departamento dirigido entonces por Enrique Ossorio (PP), ahora presidente de la Asamblea de Madrid, adjudicó los trabajos a través de contratos fraccionados por debajo de 40.000 euros para evitar la concurrencia y entregarlos a dedo. La formación liderada por Mónica García advierte de un "empleo abusivo de la figura del contrato menor que podría ser fraudulenta".
Más Madrid contabiliza 342 contratos asignados a once proveedores por un total de 6.187.711,98 euros, que "en algunos casos están relacionados entre sí a través de las personas que ejercen la administración de las mercantiles". El partido, que se apoya en informaciones publicadas por eldiario.es, señala las obras en el complejo educativo Ciudad Escolar, en Madrid capital; la Escuela de Arte de FP de Alcalá de Henares (ubicada en el IES Antonio Machado); el IES Príncipe Felipe de Fuencarral; la Escuela de Idiomas de Leganés; el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur (CTIF) de Leganés; el IES Carlos Bousoño de Majadahonda; el IES Pío Baroja de Madrid y el Centro de FP Ignacio Ellacuría de Alcorcón. "No son casos aislados", declaró la portavoz regional, Manuela Bergerot.
El escrito amplía la acusación del PSOE, ya admitida a trámite, sobre prácticamente los mismos centros. Más Madrid enumera adjudicaciones con el mismo procedimiento a las empresas VIRELEC, DECON 86, DOS MC INSTALACIONES, LICUAS, SERRAZAR, SOINTEC PROYECTOS, PALADIO SOLUCIONES, HERMEX IBÉRICA, LA GESTIÓN BLANCA, ENBOR DIDAKTIKOAK y NITHANEL ÚNICA. Si bien el grueso de los expedientes se enmarcan durante la pasada legislatura, también incluyen la anterior (2019-2021) y la presente, aunque en menor número.
"Por este grupo parlamentario se han auditado contratos desde el año 2020, investigando aquellos cuyo campo de “objeto de contrato” no dejan claro cuáles son los trabajos que se realizan, lo cual es obligatorio, de acuerdo con la LCSP [Ley de Contratos del Sector Público]. Se han auditado contratos menores de las consejerías de las que ha dependido Educación en las tres últimas legislaturas, comprobando sobre qué proveedores se ha centrado más el encargo de los trabajos a realizar y cuáles de ellos tienen contratos donde no se indican qué y dónde se lleva a cabo, y que dadas las circunstancias son susceptibles de ser investigados", expone.
Las denuncias de los dos partidos de izquierdas apuntan a que estas adjudicaciones serían constitutivas de los delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y cohecho. La investigación está abierta, pero la Fiscalía no se ha pronunciado.
Más Madrid y el PSOE denuncian delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y cohecho
El único señalado hasta la fecha es el exsubdirector de Formación Profesional Alfonso Mateos, que fue cesado en marzo tras conocerse el escándalo, aunque el PSOE y Más Madrid apuntan más alto. La oposición reclama explicaciones de Ossorio, como máximo responsable, y de la actual consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, que entonces se desempeñaba como número dos en este departamento.
Investigación de la Fiscalía
El Ministerio Público inició las pesquisas a instancias de la propia Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que detectó presuntas irregularidades durante el periodo de Enrique Ossorio. El departamento, dirigido ahora por Emilio Viciana, solicitó a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigara la contratación de las obras relativas al complejo educativo Ciudad Escolar y a la Escuela de Arte de Alcalá. La consejería, además, pidió a la Intervención General de la Comunidad de Madrid que realizase auditorías internas para determinar si existía algún ilícito en las actuaciones en otros centros. Todavía no hay conclusiones.
Las obras, según la denuncia del PSOE, se adjudicaron a VIRELEC por medio de contratos menores fraccionados, siempre por debajo de 40.000 euros, en 2021 y 2022. Los presupuestos de los proyectos ascendían a 1,2 millones de euros en el caso del centro de Alcalá de Henares y a 2,5 millones de euros en la Ciudad Escolar de la capital.
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