:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F35d%2F7aa%2F16d%2F35d7aa16d0249a0a42aea8c2aee3b5d1.jpg)
El Ministerio del Interior ha propuesto por segundo año consecutivo una condecoración para la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, quien dimitió de su cargo en marzo de 2023 por un escándalo de corrupción en el que fue imputado su marido y luego resultó exonerado. También es la responsable del cuerpo que firmó el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por no informar a sus superiores políticos de una investigación judicial que afectaba al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta decisión fue después revocada por la Justicia por considerarla “ilegal” y el mando volvió a su puesto.
María Gámez será propuesta para recibir la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la máxima distinción del Instituto Armado. Deberá contar con el visto bueno protocolario de Defensa, según establece la norma que regula estas condecoraciones. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han confirmado a El Confidencial que la medalla para la exdirectora será propuesta para aprobación este martes en el Consejo de Ministros. Se produce poco más de un año después de que el Ministerio del Interior le otorgase ya la medalla al Mérito de la Guardia Civil con el distintivo de plata cuando su marido todavía estaba investigado por corrupción.
Solo unos días después de su dimisión, el Tribunal Supremo determinó que Gámez había incurrido en el cese ilegal de Pérez de los Cobos. Los jueces devolvieron al coronel a su cargo al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. No obstante, tal y como ha establecido el alto tribunal, Interior ha puesto trabas desde entonces a que este coronel ascienda a general de Brigada y pueda continuar su carrera más allá de los 61 años, límite máximo para acceder obligatoriamente a la reserva si no obtiene esa promoción al máximo escalafón. Pérez de los Cobos quiere seguir, pero cumple esa edad en diciembre y es poco probable ya que se le conceda antes el ascenso.
En su despedida, tras conocerse la imputación de su marido, Grande-Marlaska dijo de María Gámez que había sido la mejor responsable del cuerpo en toda su historia y que su marcha era “injusta, pero necesaria”. El pasado mes de junio, un año y tres meses después de la dimisión de María Gámez, el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla excluyó al marido de la exdirectora de la Guardia Civil del caso en el que estaba investigado, una pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
La causa siguió adelante contra el hermano del marido de Gámez por malversación y prevaricación. Se trata del caso Santana y tiene que ver con el desvío de al menos dos millones de euros de ayudas públicas de los que se benefició la familia del marido de Gámez.
Según consta en los informes del caso, compaginaron sus puestos en entidades con acceso a los fondos de la Junta de Andalucía con la creación de una empresa privada a través de la que canalizaron esos fondos a su favor de forma presuntamente fraudulenta. El motivo del sobreseimiento del caso para el marido de Gámez fue una cuestión formal, por el incumplimiento de los plazos procesales de la investigación. Al conocer la noticia, dijo por medio de su abogado que el daño había sido “irreparable”.
El juez investiga al marido de María Gámez por un desvío de 2M en ayudas públicas
Alejandro Requeijo
Gámez forma parte de una lista de 15 nombres a los que el Consejo de Ministros otorgará la Gran Cruz. En él se encuentran otras personas ajenas a la institución, como la primera secretaria de Estado de Seguridad que tuvo el actual ministro, Ana María Botella. Le acompañan los exdirectores de la Guardia Civil Fernando Cardenal (1993-1996) y Santiago López Valdivielso (1996-2004). Este último dirigió la Guardia Civil durante los gobiernos de José María Aznar y recibirá el reconocimiento a título póstumo porque murió en enero de este año.
El resto de condecorados propuestos de la lista a la que ha tenido acceso este periódico son la expresidenta de la Comisión de Interior del Senado, María Jesús Castro Mateos; el almirante del Cuerpo General de la Armada y Director del Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa, Antonino Cordero Aparicio; el teniente general del Cuerpo General del Ejército de Tierra e Inspector General del Ejército de Tierra en la zona de Cataluña, Manuel Busquier Sáez; el arzobispo castrense de España desde enero de 2022, Juan Antonio Aznárez; el comandante general de la Gendarmería Nacional Republicana de Portugal, Rui Alberto Ribeiro; el pintor realista Augusto Ferrer-Dalmau y la deportista paralímpica Teresa Perales.
En cuanto al personal de la Guardia Civil, los condecorados con la Gran Cruz son el jefe de la 3ª Zona de la Guardia Civil de Extremadura, Carlos Sarrión; el jefe de la 15ª Zona de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González; el jefe de la 16ª Zona de la Guardia Civil de Canarias, Juan Hernández Mosquera y el Jefe de la Jefatura de los Servicios de Apoyo, Leonardo Sánchez.
Conflicto en la Policía
Por otro lado, se acerca la fecha de la festividad de la Policía con motivo de los Ángeles Custodios del 2 de octubre y la tradicional concesión de medallas por esta celebración ha causado malestar en el seno del cuerpo. Tiene que ver con el exceso de condecoraciones que acumulan las personas ajenas a la Policía Nacional. Según el listado al que ha tenido acceso El Confidencial, este año el Ministerio del Interior va a aprobar un listado de 640 personas, entre las que se encuentran el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, o el exfutbolista y director del Real Madrid, Emilio Butragueño y otros empresarios.
Este listado ha motivado la protesta de la Confederación Española de la Policía (CEP). Censura que el número de personas ajenas a la corporación a las que se ha otorgado una medalla o cruz al mérito policial desde que en 2018 asumió el ministerio Fernando Grande-Marlaska asciende ya a 5.896. En la última década, la cifra alcanza los 7.463 condecorados. Estas medallas se otorgan en paralelo a las de los funcionarios policiales y tienen por objeto premiar la colaboración de personalidades o instituciones por su colaboración con el Cuerpo.
Tienen un carácter sobre todo simbólico, pero desde el sindicato defienden reducir este tipo de premios y potenciar los reconocimientos a los policías. Los nombres de los condecorados los propone la Policía Nacional, pero es el ministro del Interior el que los oficializa con su firma. “Supone perpetuar una práctica absolutamente ofensiva para los profesionales de la seguridad pública, que hurta a cientos de compañeros la posibilidad de que se reconozcan servicios excepcionales en los que su vida o integridad física ha corrido riesgos”, dice la CEP.
En la lista, además de Álvarez-Pallete y del exfutbolista Butragueño, hay otros empresarios como el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, o el presidente ejecutivo del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda Ruiz de Velasco. También hay miembros de la carrera judicial, un humorista y representantes de instituciones sociales. Los policías sostienen que esto es una inercia que causa malestar en el Cuerpo.
La concesión de estas medallas están reguladas por una ley promulgada en 1964, bajo la dictadura. En ese sentido, recuerdan a Grande-Marlaska que se comprometió en su día a reformar la norma y no lo ha cumplido. “Afirmó en el Congreso de los Diputados el 23 de enero que una de sus prioridades es una nueva ley de condecoraciones para Policía y Guardia Civil (…) porque son leyes preconstitucionales. Ocho meses después de aquel compromiso no se ha iniciado un solo trámite para convertir en realidad ese proyecto normativo”, dicen.
La CEP promueve una reforma integral de la Ley “en vigor desde hace seis décadas y aprobada en plena dictadura”. A su juicio, debería hacerse una normativa más transparente. La actual redacción contempla premiar actos de servicio que supongan un riesgo para la integridad física de los policías, pero también cualquier actuación extraordinaria. Eso deja un amplio margen a la interpretación de los mandos policiales a la hora de proponer una medalla. Algo parecido sucede en la Guardia Civil, que otorga sus condecoraciones con motivo de su patrona, la Virgen del Pilar, cada 12 de octubre.
Desde la CEP también abogan por separar claramente las medallas por mérito policial de los reconocimientos a las personas ajenas al cuerpo: “Que ni una sola que tenga un carácter policial sea hurtada a quienes realmente son los destinatarios prioritarios de esos reconocimientos profesionales”.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}