Málaga fue pionera, pero cada vez más ciudades lo hacen. Vitoria ha sido la última en instalar cámaras de seguridad en sus taxis, una medida que se propuso hace ya dos años, pero que hasta ahora no ha visto la luz. Cada conductor podrá elegir si quiere o no colocarla, aunque la idea es que la videovigilancia les ofrezca garantías ante posibles robos, agresiones o impagos. La Asociación Alavesa del Taxi había denunciado en distintas ocasiones que la inseguridad entre sus chóferes crecía, especialmente en horario nocturno o los fines de semana.
Sin embargo, una maraña burocrática ralentizó todo el proceso, que quedó congelado durante todo este tiempo. "No teníamos una respuesta clara sobre si podían instalarse o no", señala la presidenta de la organización de taxistas, Ana Herrero. El posible conflicto con las normas de protección de datos ha sido el problema que se encontraron otras comunidades que, antes que Vitoria, ya intentaron instalar las cámaras en estos vehículos. Muchas lo consiguieron, pero otras lo tienen más difícil.
En Barcelona, por ejemplo, fue muy sonada a principios de este año la guerra entre los taxistas y la AMB, encargada de regular y gestionar el transporte público en la ciudad condal y su área metropolitana. Los conductores de la ciudad protestaron contra la entidad por el veto a instalar videovigilancia en sus coches, alegando que otras ciudades ya lo habían implementado.
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Además de la Costa del Sol, donde se inauguraron en 2017, algunos taxis de Madrid o Valencia ya utilizan esta fórmula como medida extra de protección. En Vigo, por ejemplo, el Ayuntamiento también elaboró un informe para permitir instalar cámaras en los taxis de la ciudad; y el de Zaragoza dispone de un trámite en su página web que permite a los interesados solicitar una autorización que, de concederse, les permita instalarlas en el interior de sus vehículos. Por eso en Vitoria o Barcelona sorprendió tanto que el proceso fuera tan lento y contara con algunas trabas.
Especialmente porque la Agencia Española de Protección de Datos ya había dado su visto bueno y regulado su uso. Este organismo estatal, que vela por el cumplimiento de la normativa vigente, no valida directamente la instalación de estos sistemas. Pero sí ofrece información sobre los requisitos que han de cumplirse en materia de vigilancia según la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, que aborda esta cuestión en su artículo 22. Preguntados por esta cuestión, desde la AEPD concretan que la justificación para disponer de estos dispositivos será únicamente el "preservar la seguridad de las personas y bienes", así como de sus instalaciones.
Esto es lo que pedían los taxistas, y que en Vitoria acaba de implementarse. No obstante, puntualizan que podrán captarse únicamente aquellas imágenes que resulten "imprescindibles" para garantizar este fin, aunque este margen puede ampliarse en algunos supuestos, entre ellos para las infraestructuras vinculadas al transporte. Los datos, eso sí, deberán suprimirse como máximo durante un mes desde su obtención, salvo cuando deban ser analizados para acreditar algún delito.
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"Para considerar lícita la instalación de una cámara de seguridad en el taxi también hay que cumplir con una serie de condiciones relativas, en su mayoría, a cumplir con el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, y asegurar que no se vulneran los derechos fundamentales de los interesados, tanto los conductores como los usuarios", precisa Marta Moral, abogada experta en Protección de Datos en el Grupo Atica34, una empresa especializada en este tipo de cuestiones.
Pero, en la práctica, ¿cuáles son los requisitos? Moral detalla que la cámara deberá estar siempre colocada en una zona que "no sea fácilmente accesible para el conductor", en aras de que este "no pueda manipularla". Además, la grabación habría de activarse "solo cuando el conductor pulse un 'botón del pánico", de forma que quedarían recogidos únicamente los momentos en los que hubiera una situación de peligro.
La grabación, por tanto, "no puede ser continuada". Como en cualquier otro establecimiento, los taxistas tendrán que colocar un cartel que avise de que su vehículo es una zona videovigilada, y tendrán que situarlo en el exterior del coche, de forma que sea "totalmente visible para los usuarios". La letrada concluye que, más allá de estas obligaciones, se recomienda que el sistema "esté conectado a una central de alarma supervisada y gestionada por una empresa de seguridad", de forma que las grabaciones no quedarían almacenadas en el taxi ni el conductor tendría acceso directo a ellas.
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